Denuncian a prestamista que cobraba intereses del 400 %

La maniobra detectada por la Justicia

Todo comenzó cuando la jueza civil y comercial de Tartagal, María Eugenia Hernández Berni, recibió en su despacho una inusual cantidad de demandas presentadas por un mismo particular. El sujeto solicitaba el embargo de sueldos, viviendas y vehículos de unas 40 personas, alegando el incumplimiento de préstamos en efectivo otorgados bajo condiciones abusivas.

Según los documentos, el prestamista ofrecía dinero "en el acto" y "a sola firma" mediante publicidad en medios digitales, pero imponía tasas de interés anuales del 310%, lo que obligaba a los damnificados a devolver hasta un 400% más de lo recibido. Un caso testigo, mencionado en la causa, detalla que una residente de Villa Saavedra solicitó un millón de pesos y se le exigió la devolución de cuatro millones.

Intervención de la Justicia y falta de avances

Ante la magnitud de la situación, la magistrada dio aviso al Procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, quien derivó el caso al fiscal Rafael Medina, del distrito Norte Tartagal. La jueza solicitó formalmente que se investigue la posible comisión de delitos tipificados en el Código Penal, como la usura y la intermediación financiera no autorizada.

Sin embargo, ante la aparente inacción de la fiscalía, la jueza Hernández Berni volvió a insistir en septiembre, reclamando informes sobre medidas concretas como allanamientos, secuestro de convenios y declaraciones de los afectados. La magistrada enfatizó que, aunque su fuero no es penal, su deber fue alertar sobre este accionar que pone en riesgo el patrimonio de familias que recurrieron a estos préstamos para cubrir necesidades básicas como alimentos y servicios.

Antecedentes de irregularidades

No es la primera vez que el nombre de este prestamista aparece vinculado a denuncias. Meses atrás, un grupo de cooperativistas locales señaló al mismo sujeto por realizar descuentos usurarios sobre cheques provenientes de fondos provinciales, quedándose con casi la mitad del valor nominal de los documentos. Pese a que estos hechos fueron expuestos anteriormente, hasta el momento no se registraron actuaciones judiciales efectivas.

La jueza Hernández Berni reafirmó su postura al señalar que espera las medidas que adopte el fiscal designado, subrayando la gravedad de que se utilicen los tribunales para ejecutar embargos derivados de una actividad que, a todas luces, presenta características delictivas.