Tras las numerosas quejas pidiendo justicia, a partir de la denuncia sobre la supuesta venta de plasma del Centro privado HemoSalta SRL, el Ministerio Público informó que inició actuaciones penales en busca de establecer si esta maniobra se ejecutó.

Al respecto, y como ya es una práctica habitual dentro de la Procuración, el caso fue abierto por pedido del Jefe de los fiscales, Abel Cornejo, lo que deja mal parado a sus subalternos, quienes, al parecer y a diferencia de la anterior gestión, esperan el llamado para avanzar con los casos de notoriedad pública.

En este caso, fue designada la fiscal penal 2, Mónica Poma, para llevar adelante las actuaciones, por ahora, enmarcada como una investigación preliminar destinada a determinar si existió comisión de delito en la decisión y comunicación de una empresa, de facturar por las transfusiones de plasma a pacientes afectados por la COVID-19.

Por ello, las actuaciones serán remitidas a la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, para continuar la tramitación en atención a la temática.

Todo se inició “por instrucción” del procurador general, quien ordenó las distintas medidas tendientes a esclarecer la posible comisión de delito en una práctica sanitaria, que de acuerdo a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), está prohibida.

En tanto, se informó que ANMAT tiene dicho que “frente al contexto de pandemia y la campaña nacional para la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19, es importante aclarar que, por tratarse el plasma de una fracción de la sangre, está enmarcado en la Ley Nacional de Sangre Nº 22.990”.

La aclaración del organismo regulador, fue hecha a través del documento titulado “Uso de plasma de convalecientes en pacientes con COVID-19”. Asimismo, y entre otros puntos, dicho documento destaca que el Art. 4, de la Ley Nacional de Sangre Nº 22990, establece la prohibición “de la intermediación comercial y el lucro en la obtención, clasificación, preparación, fraccionamiento, producción, almacenamiento, conservación, distribución, suministro, transporte, actos transfusionales, importación y exportación y toda forma de aprovechamiento de la sangre humana, sus componentes y derivados, con las excepciones que se contemplan en la presente ley.