El fiscal federal de Chaco, Carlos Amad, está a cargo de dos causas que involucran la emisión irregular de certificados de discapacidad y pensiones por invalidez laboral. En una de estas causas, se han identificado unos 800 beneficiarios irregulares, lo que representa el 10% de la población de Taco Pozo.
Nueve personas fueron imputadas, entre ellas el intendente de esa localidad, Carlos Antonio Ibáñez, varios médicos, directores del Hospital Rural Santa Rosa de Lima, y gestores vinculados a la organización.
La investigación está orientada a demostrar que esas personas cobraban hasta $30.000 por emitir certificados falsos que luego eran aprobados por la ANDIS.
En este contexto, se identificó a un médico salteño, Rafael Lenin Azañero Anaya, especialista en Traumatología y conocido en el departamento de Anta, particularmente en la localidad de Joaquín V. González.
Según publicó el medio Infobae, Azañero Anaya habría participado en la emisión de estos certificados falsos.
La investigación liderada por el fiscal Amad sugiere que Azañero Anaya formaba parte de una «gran asociación ilícita» que requería la colaboración de personas en posiciones clave tanto dentro como fuera de la administración pública, incluyendo médicos, bioquímicos, reclutadores, empleados municipales y administrativos, así como funcionarios públicos.
Las autoridades continúan investigando el alcance de esta red de corrupción y los posibles implicados adicionales.
Según indicó el fiscal, el perjuicio al erario público estaba valuado en un promedio de700-800 millones de pesos al año.
PROCESAMIENTO DE AZAÑERO POR UN HECHO OCURRIDO EN 2012
El Juzgado de Instrucción Formal 2da. Nominación, dictó el auto de procesamiento en contra de Rafael Azañero Anaya por considerarlo presunto autor responsable del delito de lesiones gravísimas en perjuicio del joven Nelson Orellana.
El hecho está previsto y reprimido por el artículo 91 del Código Penal a título de Dolo Eventual.
También, la Justicia determinó que Rafael Lenin Azañero Anaya continúa con libertad provisoria, y que se le trabé embargo a sus bienes para cubrir los gastos del juicio.
Datos del proceso
En su informe, la Dra. María Saravia Toledo del Servicio Médico del Ministerio Público expresó que el 23 de abril de 2012 el joven Nelson Orellana ingresó al hospital Dr. Oscar H. Costas de la ciudad de Joaquín V. González, con fractura a nivel de la articulación de la rodilla izquierda. Allí se le realizó reducción de fractura con inmovilización con yeso (bota larga). Dos días después se le dio el alta pero reingreso al mismo hospitala los cuatro días siguientes, con signos de complicación vascular e infecciosa, siendo asistido siempre por el mismo médico traumatólogo Dr. Rafael Azañero Anaya.
Según informes de enfermería se retiro yeso, se dejo férula y se instaura tratamiento parenteral con corticoide y antiinflamatorio, tratamiento que se continua igual hasta el día 3 de mayo de 2012 en que Nelsonfue intervenido quirúrgicamente por Azañero desde las 0.30 hasta las 2.30 horas, diagnosticándosele Síndrome Compartimental.
El chico fue derivado de urgencia al hospital San Bernardo. En dicho acto quirúrgico se realizó Fasciectomía de pierna izquierda. Según lo expuesto por la Dra. Saravia, no existe en la historia clínica, informe de radiografía previa a dicho procedimiento. Tampoco se previeron diversos aspectos técnicos, entre ellos, el Edema Inflamatorio producto de la misma lesión, ni el Aplastamiento Vascular principalmente de la Arteria Poplítea, lo cual probablemente origino la complicación.
Ante esta eventualidad el control de la lesión debía haberse realizado día por día, y ante menor signo de insuficiencia vascular, proceder a la descompresión de la zona. No se observa indicación ninguna de administración de antibióticos ni extracción de material para los cultivos correspondientes.
EMBARGAN LOS HABERES DEL TRAUMATÓLOGO PROCESADO POR MALA PRAXIS
El 24 de noviembre de 2015, el juez Mario Dilascio solicitó al Ministerio de Salud Pública de la provincia de Salta que proceda a retener de los haberes que percibe como empleado del mencionado Ministerio, el demandado Rafael Azañero Anaya.
Esta retención se hará en proporción de ley y hasta cubrir la suma de 100.000 pesos (cien mil pesos). Así mismo, líbrese oficio al Banco Macro sucursal Metán a fin de solicitar la apertura de una Cuenta Judicial como perteneciente a estos autos. La Cuenta Judiciales a los fines de depositar las retenciones de haberes del imputado Rafael Lenin Azañero Anayaque a título de embargo realizará el ministerio de salud de la provincia.
Además, el juez Dilascio citó al señor Rafael Lenin Azañero Anaya para el día lunes 30 de noviembre a las 10 de la mañana, y sea bajo apercibimiento de ordenar su comparendo por la fuerza pública en caso de incomparecencia injustificada.
