En un reciente informe, la Unidad de Información Financiera (UIF)reveló una serie de maniobras financieras irregulares en municipios deTucumán, Salta y Catamarca, que podrían constituir un desfalco de aproximadamente $45.000 millones en los últimos tres años.
Estas operaciones, caracterizadas por retiros de “cheques por ventanilla” sin justificación adecuada, han encendido las alarmas sobre un posible financiamiento ilegal de campañas electorales.
Uno de los casos más destacados es el de La Banda del Río Salí, en Tucumán. Con una población que supera los 70.000 habitantes, este municipio registró extracciones superiores a $17.000 millones entre enero de 2023 y junio de 2024.
Estas transacciones, dadas a conocer por Federico González del Solar en La Nación, y realizadas a través del Banco Macro, carecían de documentación respaldatoria convincente, lo que llevó a la entidad bancaria a reportar la situación a la UIF en cumplimiento de la normativa antilavado.
La UIF, tras recibir múltiples reportes de operaciones sospechosas (ROS) de diversas entidades financieras, identificó un patrón recurrente en los retiros efectuados por empleados municipales y funcionarios autorizados. El análisis detallado de estas operaciones sugiere la posible participación de funcionarios públicos en maniobras de corrupción, desviando fondos municipales para fines personales o políticos.
Un aspecto particularmente llamativo es el incremento significativo de estos retiros en los meses previos a las elecciones presidenciales de 2023. Esta coincidencia temporal ha llevado a los investigadores a considerar la hipótesis de que los fondos desviados podrían haber sido utilizados para financiar campañas políticas de manera ilícita. Tras consolidar la información, la UIF remitió el caso a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que presentó una denuncia formal ante la Cámara Nacional Electoral el 30 de diciembre de 2024. Actualmente, la investigación se ha descentralizado y se está llevando a cabo en las distintas jurisdicciones afectadas.
El intendente de La Banda del Río Salí, Gonzalo Monteros, hijo del ministro del Interior provincial Darío Monteros y aliado político del gobernador Osvaldo Jaldo, ha evitado pronunciarse sobre las acusaciones. Consultado por este medio, su equipo de prensa indicó que se encuentran ocupados en los preparativos del “Carnaval para la tercera edad”, un evento municipal reciente, y que abordarán el tema en una fecha posterior.
Además de las extracciones directas de las cuentas municipales, la UIF detectó otra modalidad sospechosa: la transferencia de grandes sumas de dinero a cuentas personales de empleados públicos, quienes posteriormente adquirían dólares mediante operaciones de dólar MEP. Estas transacciones no se correspondían con el perfil financiero de los empleados, lo que refuerza las sospechas de actividades ilícitas.
Este caso pone de manifiesto la eficacia de la Ley 25.246, que obliga a las entidades financieras a reportar operaciones sospechosas a la UIF. El incumplimiento de esta obligación puede implicar responsabilidades legales por encubrimiento de delitos financieros. La colaboración entre las instituciones bancarias y los organismos de control es esencial para prevenir y detectar actividades de lavado de dinero y corrupción en el ámbito público.
