Tras la muerte de José Antonio “Nity” Cuellar, el Comité inspeccionó la comisaría donde se encontraba detenido. Detectó un calabozo sin condiciones mínimas y reclamó una investigación que no se base solo en la versión policial y que se realice con perspectiva de derechos humanos. En lo que va de 2026 ya se registraron tres muertes bajo custodia del Estado

El Comité Provincial de Prevención de la Tortura (CPT)realizó el 4 de febrero una inspección de monitoreo en la Comisaría N°1 de Joaquín V. González, en el departamento Anta, tras la muerte de José Antonio “Nity” Cuellar, de 52 años, el 28 de enero mientras se encontraba privado de su libertad bajo custodia policial.

La visita fue encabezada por la comisionada Cristina Cobos y el comisionado Andrés Giordamachi, junto a Fernando Pequeño Ragone, integrante de la Asociación Miguel Ragone y de la Mesa de Derechos Humanos de Salta. Según informó el Comité, el relevamiento incluyó una inspección general del edificio, registro fotográfico, recopilación de datos y entrevistas personales con las personas detenidas.

El Comité advirtió que el espacio destinado al alojamiento de personas privadas de libertad presenta condiciones estructurales incompatibles con cualquier estándar mínimo. “El lugar destinado para el alojamiento de las personas detenidas es sumamente precario, no cuenta con los requisitos mínimos e indispensables para el alojamiento temporal o permanente de alguna persona privada de libertad, es insalubre, no tiene iluminación suficiente, ni ventilación, ni espacio”, detalló Giordamachi a Salta/12.

Al momento de la inspección había alrededor de 20 personas detenidas en el calabozo, mientras que el día de la muerte de Cuellar el número superaba las 30. El Comité señaló que, si bien la cantidad de personas alojadas en comisarías suele variar de manera constante, las condiciones observadas hacen que el lugar no sea apto para alojar personas en ningún caso.

El monitoreo también se inscribe en la investigación de muertes bajo custodia estatal.

Una investigación sin prejuicios

En relación con la causa judicial por la muerte de Cuellar, el Comité enfatizó en la necesidad de que el proceso avance sin sesgos. “A nosotros lo que más nos interesa es que se lleve adelante una investigación, que es lo que está sucediendo”, sostuvo Giordamachi, y subrayó que el organismo solicitó que la investigación “sea imparcial, objetiva, completa, con una perspectiva de derechos humanos y que no se nutra solamente de un discurso policial”.

Cuellar murió el 28 de enero. Había sido detenido el 27, sospechado de abuso sexual en perjuicio de una niña. Antes de la detención ya había sido agredido por familiares de la nena pero también fue golpeado durante la detención y después.

La fiscalía apunta a otros detenidos por la muerte Cuellar. El sábado último los fiscales de Anta María Celeste García Pisacic y César Saravia imputaron a siete internos por el delito de homicidio doblemente agravado. Los imputados ya no se encuentran alojados en la Comisaría N°1. Fueron trasladados a otras dependencias policiales el mismo día del hecho, pero de acuerdo a lo informado a este diario por familiares, cinco acusados fueron trasladados a la Alcaidía General de la ciudad de Salta, mientras que los dos restantes fueron derivados a la ciudad de Metán. El expediente continúa bajo investigación judicial.

“Lo que creemos nosotros es que el caso o la situación, el hecho en sí, se pudo haber evitado. Eso es lo que más lamentamos, porque son casos que se pueden prever y que el desenlace fue un conjunto de malas decisiones”, expresó Giordamachi, quien añadió que la fiscalía deberá analizar si hay responsabilidades que excedan a las de los imputados.

El CPT volvió a insistir en que las comisarías no son lugares adecuados para el alojamiento de personas privadas de libertad. “Nosotros seguimos insistiendo en todo el ámbito de la provincia que no puede haber presos en comisaría, fue objeto del hábeas corpus colectivo que hemos presentado hace ya dos años y vamos a seguir insistiendo con esa consigna”, afirmó el comisionado. En ese sentido, enfatizó que estos espacios no están preparados para alojamientos prolongados y que la custodia debe estar a cargo del Servicio Penitenciario.

También hizo referencia a la responsabilidad estatal. “Evidentemente, la Policía tiene una responsabilidad objetiva sobre la integridad física, la salud y la vida de las personas que tiene bajo su guarda”, señaló Giordamachi, al indicar que deberá investigarse si un control efectivo hubiera permitido evitar la muerte de Cuellar.

El organismo expresó además su preocupación por el aumento de muertes bajo custodia en la provincia. En lo que va de 2026 ya se registraron tres casos, una cifra que, según advirtió el Comité, supera los registros habituales para esta etapa del año y exige decisiones políticas urgentes para frenar esta tendencia.

El reclamo de la familia

La familia de José Antonio Cuellar se expresó este miércoles a través de la red digital Facebook y denunció públicamente graves irregularidades en el accionar policial y en el tratamiento posterior al hecho. Reclamó el esclarecimiento de la muerte y cuestionó a las autoridades.

“En menos de 24 horas, lo culparon, los condenaron y lo mataron”, señaló la familia. El texto publicado habría sido escrito por sobrinos y sobrinas de Cuellar, quienes lo recordaron por su sacrificio diario como vendedor ambulante, Nity era conocido por la venta de condimentos en la zona. “Un hombre (para el) que desde que tenemos uso de razón a pesar de que no le sobraba nada (...) el día del niño no pasaba desapercibido, sus sobrinos no podían quedarse sin su chocolatada”, señalaron.

Nity Cuellar(Redes sociales)Entre los principales cuestionamientos, indicaron que no se les informó con claridad dónde falleció Cuellar, que permanecieron horas sin respuestas y que se les mintió sobre el lugar del deceso. “Nos dijeron que todo pasó en la comisaría de Piquete, pero no era cierto”, escribieron. También denunciaron que no se habría garantizado su alimentación ni su integridad física: “No le habían entregado nada, no le habían dado de comer”.

La familia responsabilizó a la fuerza de seguridad: “La Policía, que debió protegerlo, se creyó con el poder para entregarlo, porque es lo que hicieron y son tan culpables como aquel que ejecutó el primer golpe”. En el mismo sentido, cuestión a “un jefe de policía ausente que no tuvo piedad con una familia”.

También criticó el rol de la fiscalía y la falta de investigación sobre la acusación de abuso sexual a una niña que se le hizo a Cuellar el 27 de enero. “Queremos saber qué pasó esa noche. ¿Cómo es posible que no se sepa nada de la niña, que no le hicieron estudios, que no declaró, que no pasó por una cámara Gesell?”, sostuvo.

La causa por la presunta agresión sexual fue caratulada como abuso sexual simple, pero hasta el momento no está claro si Cuellar llegó a ser formalmente imputado. Le quitaron la vida mientras las pericias apenas empezaban a hacerse y la falta de información oficial generó muchos cuestionamientos.

“Hoy lo único que cambió es la vida del tío Nity, porque la policía sigue igual, un jefe de policía inepto sigue sentado en su silla, una fiscalía en silencio, y una familia con el corazón roto y llena de bronca”, manifestaron los familiares.

Por último, convocaron a la comunidad a involucrarse: “Hoy le tocó a José, pero mañana puede ser cualquier otro. ¿Esto queremos para González?”, increparon.

Los familiares llamaron a una marcha pacífica para reclamar justicia y mantener visible el caso. La movilización está prevista para hoy viernes, desde las 9, con punto de encuentro frente a la Fiscalía de Joaquín V. González, bajo la consigna “Todos somos Nity”.

Fuente Consultada: /www.pagina12.com.ar