El Ministerio confirmó que avanzan los sumarios y no descartan cesantías. La Fiscalía reveló que pagaban entre 95 y 360 mil pesos por tener más puntaje.
El escándalo por la presentación de postítulos apócrifos en el sistema educativo de Salta ya tiene 53 docentes imputados por la Justicia y el Ministerio de Educación avanza en paralelo con sumarios administrativos que podrían derivar en sanciones severas, incluida la cesantía.
En el mes de febrero, diario El Tribuno publicó detalles sobre la manera en que se realizaba el delito.
Cómo funcionaba el mecanismo
De acuerdo a la pesquisa, los docentes eran captados a través de redes sociales, principalmente Facebook, mediante perfiles como “Cursos Educar” o el alias “Ana Guzmán”.
Allí se ofrecían diplomaturas con puntaje docente supuestamente avaladas por instituciones reales. Tras pagos que iban desde los $95.000 hasta los $360.000, los interesados recibían certificados digitales con firmas y sellos escaneados.
El análisis de la Dirección de Control y Acreditación de Títulos confirmó que muchos de los registros eran inexistentes, estaban duplicados o no figuraban en bases oficiales.
A partir de pericias sobre mensajes, correos electrónicos y movimientos bancarios, se logró identificar una estructura organizada con distintos roles: captación de docentes, atención de consultas y administración de los pagos.
Desde la Unidad de Delitos Económicos Complejos indicaron que la investigación continúa y no se descarta que surjan nuevos implicados.
El caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los controles y revisar los procesos dentro del sistema educativo, en un contexto donde la transparencia y la idoneidad docente resultan claves para garantizar la calidad de la enseñanza.
Una causa que expone una maniobra masiva
En paralelo a estas definiciones, la investigación judicial avanzó con la imputación de 53 docentes que habrían presentado certificados apócrifos para incrementar su puntaje en concursos y procesos de designación de cargos en el Ministerio de Educación de Salta.
La causa es llevada adelante por la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, quien además imputó a dos mujeres por falsificación de instrumento privado, fraude a la administración pública y asociación ilícita.
El caso se originó el 17 de diciembre de 2025, a partir de una denuncia del propio Ministerio, luego de que una auditoría interna detectara irregularidades en los procesos de valoración docente.
Los datos revelan la magnitud de la maniobra: sobre 292 unidades educativas auditadas, se detectaron 291 inscripciones con documentación irregular, 286 registros adulterados y al menos 237 docentes involucrados.
Además, la investigación determinó que 53 docentes lograron mejorar su orden de mérito y que al menos 9 accedieron a horas cátedra mediante documentación falsa.
Allí se ofrecían diplomaturas con puntaje docente supuestamente avaladas por instituciones reales. Tras pagos que iban desde los $95.000 hasta los $360.000, los interesados recibían certificados digitales con firmas y sellos escaneados.
El análisis de la Dirección de Control y Acreditación de Títulos confirmó que muchos de los registros eran inexistentes, estaban duplicados o no figuraban en bases oficiales.
