Cano fue imputado por estar presuntamente vinculado a un negociado con pedido de coimas que dos funcionarios tucumanos del PAMI y un empresario iniciaron con compañías surcoreanas. Según la denuncia, esas tres personas firmaron en nombre del Estado argentino convenios de compra de productos para la obra social de jubilados y pensionados por alrededor de 300 millones de dólares, destinados al Plan Belgrano.
El funcionario negó su participación en el hecho y aseguró desconocer a los involucrados. La medida contra el funcionario, al que el presidente Mauricio Macri le confió el manejo del plan de desarrollo del norte argentino, fue dispuesta por la fiscal federal Alejandra Mángano, quien investiga si Alberto Darnay, quien es en el PAMI el coordinador de Enlace con el Plan Belgrano Osvaldo Barreñada, dirigente del radicalismo tucumano y el empresario Octavio Accardi firmaron convenios en Corea del Sur a nombre del Estado argentino.
Según la denuncia, la compra estipulaba un plus del 10 por ciento que sería destinado en concepto de coima a Cano. Al ser consultado sobre su imputación, Cano aseguró que no tiene “nada que ver” con esos hechos. “Que la Justicia investigue y finalmente se pondrá blanco sobre negro", afirmó durante una entrevista con radio La Red.
La investigación había sido iniciada por el fiscal Guillermo Marijuán, quien presentó una denuncia por los presuntos delitos de defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública. Por entonces, al frente del PAMI se encontraba Carlos Regazzoni y su administración inició un sumario interno contra Darnay para investigar los hechos.
Luego de ser presentada la denuncia, el caso fue sorteado y recayó en el juez federal Sergio Torres, quien puso la investigación en las manos de Mángano.
