Duele ver en qué nos estamos convirtiendo. Vivimos atrapados en un péndulo que solo parece oscilar entre el resentimiento y la indiferencia, mientras el tejido social se desgarra un poco más cada día.

Por un lado, nos enfrentamos a un gobierno construido sobre promesas que para muchos se revelaron vacías. Una gestión que, en lugar de sanar heridas, alimenta la confrontación y el odio, ensañándose especialmente contra quienes piensan distinto o se identifican con el kirchnerismo. Mientras esa batalla retórica y cultural se libra en los atriles y las redes sociales, la realidad golpea con crudeza en la calle: gran parte del pueblo enfrenta dificultades cada vez mayores para resolver lo elemental, viendo cómo el esfuerzo diario ya no alcanza ni para llegar a fin de mes.

Pero el dolor no viene de un solo lado. También duele una oposición desgastada, que muchas veces parece más preocupada por las candidaturas internas, los acuerdos de pasillo y el reparto de cargos que por representar el sufrimiento real de la gente. Se percibe una desconexión alarmante; una dirigencia que habla un idioma propio, ajeno a las urgencias de la mesa familiar.

Mientras la política se divide, se disputa espacios de poder y se alimenta de la grieta, hay familias enteras que esperan en silencio. No esperan milagros: esperan respuestas, trabajo genuino, dignidad y un mínimo de certidumbre.

La Argentina necesita con urgencia dirigentes que tengan la grandeza de dejar de lado las mezquindades individuales y partidarias para volver a poner en el centro a las personas. No podemos permitir que la crueldad se normalice ni que la especulación reemplace a la justicia social.

El pueblo no necesita más discursos de odio, ni más revanchismos, ni más promesas de campaña que se disuelven al asumir el poder. Necesita y exige un compromiso real, empatía con el que la pasa mal y, sobre todo, la reconstrucción de un futuro mejor donde la esperanza vuelva a ser una posibilidad y no un lujo.

Con este ejemplar podrá acceder al resumen de los hechos más importante de los últimos días. Noticias del ámbito Judicial, Político, Policial, Cultural, Salud, Deportivo y Educativo. Además, columnas de Opinión, Entrevistas, Páginas Literarias y Curiosidades.

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La Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia continúa fortaleciendo su presencia territorial y ampliando el acceso a los servicios de protección y defensa de los derechos de consumidores en el interior salteño. En ese marco, Luz Herrero asumirá próximamente como responsable de las oficinas de Defensa del Consumidor en las localidades de Gaona y El Quebrachal, en el departamento Anta.

Previo al inicio de sus funciones, la profesional mantuvo una reunión de trabajo con la subsecretaria de Defensa del Consumidor, María Pía Saravia, y la coordinadora de Delegaciones del Interior, Ana Paula Vides Almonacid, quienes le dieron la bienvenida al organismo y delinearon las principales líneas de trabajo que se implementarán en ambas localidades.

Actualmente, Herrero participa de una capacitación integral en la sede central de la Subsecretaría, donde recorre las distintas áreas operativas y administrativas para interiorizarse sobre los procedimientos y herramientas de gestión del organismo. En ese marco, completó la formación en el uso de la Plataforma Digital de Gestión Integral de Denuncias y Trámites, y continúa capacitándose en atención al público, conciliaciones, inspecciones y demás procedimientos vinculados a la protección de los derechos de consumidores.

Una vez finalizada esta etapa de formación, la oficina de Gaona atenderá de lunes a viernes, de 8 a 13, en la Municipalidad, ubicada sobre avenida Güemes, entre pasaje Victorino Fernández y pasaje San Isidro. Por su parte, la oficina de El Quebrachal funcionará los viernes, de 16 a 20, en la Municipalidad local, situada en avenida San Martín esquina Ramón Tornero.

Con la incorporación de estas nuevas oficinas, la Subsecretaría continúa consolidando una política de descentralización y cercanía, acercando sus servicios a más salteños y garantizando una atención accesible, eficiente y de calidad para la protección de los derechos de consumidores en toda la provincia.

Las vacaciones de invierno salteño serán históricas porque el 8 de julio jugarán Boca vs. Atlético Paranaense de Brasil, mientras que el viernes 17 lo harán River vs. Aldosivi de Mar del Plata por los 16 avos de final de la Copa Argentina. Ambos partidos se disputarán en el estadio mundialista Padre Ernesto Martearena. 

Al anunciar que “el fútbol grande vuelve a Salta”, el gobernador Gustavo Sáenz resaltó que el calendario de las presentaciones dinamizará la actividad local en plena temporada invernal, ratificando la capacidad logística y de infraestructura con la que cuenta la provincia para albergar competencias de nivel internacional.

“Salta sigue consolidándose como la capital del turismo deportivo del norte, generando movimiento turístico y crecimiento económico”, indicó Sáenz. Y es que la provincia vuelve a posicionarse como una de las sedes para estos eventos de gran nivel deportivos. 

La llegada de los dos equipos más grandes e importantes de la Argentina genera muchas expectativas en los amantes del deporte popular que coparán el Martearena para acompañar a sus equipos, pero además logrará un impacto económico por los diferentes movimientos en sectores de la economía local en lo que respecta a hotelería, gastronomía, comercios y servicios turísticos entre otros factores principales de la economía provincial durante los días previos y posteriores a los eventos deportivos. 

Estos eventos de jerarquía permitirán la llegada de miles de personas a Salta de diferentes lugares ya sea de forma aérea o vía terrestre, en colectivos o vehículos particulares para disfrutar de los dos partidos y de las bellezas naturales que brinda la provincia.

Siempre se ha dicho que para que el amor perdure en una relación de pareja, es menester regar la "plantita". Es una metáfora simpática, casi idílica, que evoca una rutina ligera y predecible. Sin embargo, con el correr del tiempo y el embate de la realidad, es fácil darse cuenta de que en realidad no basta con el simple acto mecánico de volcar un poco de agua. El amor verdadero no es un elemento decorativo de interiores que sobrevive con cuidados nominales; es un organismo vivo, complejo y expuesto a la intemperie de la existencia. Para que eche raíces profundas, hay que hacer mucho más que eso.

La "plantita" en las uniones personales necesita un cuidado activo, deliberado y, sobre todo, presente. Requiere una atención que no sabe de comodidades ni de horarios convenientes. Exige que en las madrugadas intensamente gélidas de invierno (esas épocas de distancia afectiva, crisis personales o silencios incómodos) salgamos al jardín descalzos para cubrirla con una lona, protegiéndola para que la helada del orgullo o la indiferencia no la queme. De igual manera, es necesario que le regalemos agua abundante y frescura cuando el intenso calor del verano arrecie; es decir, cuando la rutina agobie, el estrés del día a día seque la tierra de la paciencia y los conflictos amenacen con marchitar la complicidad.

Sostener un vínculo no es un acto pasivo de resistencia, sino una artesanía diaria donde se aprende a leer las necesidades del otro y del espacio común, incluso cuando el clima propio es adverso.

Como partes interesadas en prolongar en el tiempo lo mejor de compartir la vida, debemos entender que el amor no se mantiene por inercia. Siendo consecuentes con ese proyecto que elegimos voluntariamente de estar unidos, es indispensable convertirnos en celosos y conscientes vigilantes de su bienestar. Esto no implica una vigilancia controladora sobre el otro, sino una custodia compartida sobre el espacio que habita la relación. Significa aprender a podar a tiempo las malas hierbas del resentimiento y abonar la tierra con validación, escucha auténtica y pequeños contratos renovados.

Cuidaremos esa 'plantita' con la misma entrega, devoción y sagrada paciencia con la que el Principito protegió a su rosa en el pequeño asteroide que compartían. Sabiendo, tal como descubrió el personaje de Saint-Exupéry, que nuestra rosa no es valiosa por ser única en el universo, sino por el tiempo, el desvelo y el alma que le hemos dedicado. Al final del camino, el esplendor de lo cosechado no será el resultado del azar, sino el testimonio silencioso de dos personas que decidieron no rendirse ante las estaciones más duras.

 Fue la reverencia del presente al hombre cuyos ojos vieron, textualmente, todo el fútbol moderno. Un cronista inmaculado que arrancó a transmitir en Suecia 58 —cuando las crónicas se enviaban por telegrama— y que hoy despunta el vicio para DSports en la era del Wi-Fi, la inmediatez y la inteligencia artificial, acumulando el récord absoluto de 18 mundiales consecutivos.

La retina de Macaya es el único puente vivo que une la prehistoria del juego con la actualidad. Sus ojos vieron a un Pelé de 17 años asombrar al planeta y coronarse tres veces; estuvieron ahí cuando Johan Cruyff y la Holanda del 74 revolucionaron el mundo con el "Fútbol Total"; y capturaron el desahogo de Mario Kempes en el 78. Vieron a Diego Maradona tocar el cielo en el 86, llorar en Italia 90 y sufrir el dolor del 94, mientras Gabriel Batistuta rompía redes en tres mundiales distintos. Guardaron el cabezazo de Zidane en el 98, el milagro de Ronaldo en 2002 y, por supuesto, el debut mundialista de un chico rosarino en 2006, al que acompañó en toda su evolución hasta verlo alcanzar la gloria eterna en Qatar 2022 y convertirse en el máximo goleador de los mundiales en este 2026.

Amigo íntimo de Alfredo Di Stéfano y autor de Jugar al fútbol —una biblia indispensable para entender la evolución de los sistemas tácticos—, Macaya estudió el deporte como una ciencia y lo respetó como un arte.

En una profesión que a veces se encandila con el grito y la polémica barata, su carrera es un faro y un ejemplo para todas las generaciones: nunca una opinión de más, jamás una falta de respeto, siempre el análisis riguroso. Los reyes del fútbol pasaron, pero los ojos de Macaya permanecen.

Las tareas son llevadas adelante por personal de Obras y Servicios Públicos, que avanza de manera planificada en la reparación de la calzada, atendiendo los sectores que presentan mayor deterioro.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta la había condenado a 7 años de prisión, por transportar drogas junto a su pareja. El tribunal revisor consideró acreditada su participación en la maniobra y descartó que hubiera existido una vulneración al derecho de defensa o una situación que justificara la aplicación de una perspectiva de género.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) rechazó la impugnación presentada por su defensa y confirmó la condena de la modelo oranense Martina Oliva a 7 años de prisión que en marzo pasado le había impuesto el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta como coautora en una maniobra de transporte de 15 kilos de marihuana.

De este modo, en su resolución del 17 de junio pasado, los camaristas Ángela Ledesma, Daniel Petrone y Javier Carbajo ratificaron la postura del Ministerio Público Fiscal que, en la instancia, estuvo representado por el fiscal general Mario Alberto Villar y el auxiliar fiscal Federico Rodríguez Ovide, de la Fiscalía General N°1 ante la Cámara Federal de Casación Penal. En la resolución, los jueces coincidieron en el análisis negativo de los agravios aludidos por la defensa de Oliva para revocar la calificación penal. Sin embargo, la jueza Ledesma propuso reducir la pena impuesta a 6 años de prisión, pero sus colegas discreparon.
El caso

La investigación fue impulsada en 2024 por el fiscal general con funciones de coordinación en el Distrito Salta, Eduardo Villalba, y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano.

El 5 de febrero de 2025, alrededor de las 7, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que estaba apostado en la ruta nacional N°9, a la altura del expeaje Aunor de la ciudad de Salta, detuvo a Oliva, su pareja Gustavo Joaquín Tolaba y Ángela Cuenca, que circulaban en una camioneta Toyota Hilux que oficiaba de coche puntero. De acuerdo con la acusación sostenida por la Fiscalía —tanto en la etapa de investigación como en el juicio—, la pareja ocupaba un lugar central en la organización encargada del traslado de estupefacientes.

Detrás de la camioneta, circulaba un automóvil Citroën C3 Aircross, que era conducido por Benjamín Delgado en compañía de Juan Romero y Roberto Leitón. En ese vehículo eran transportados 15 kilos de marihuana que habían sido acondicionados la noche anterior en la ciudad de Orán. Al advertir el procedimiento policial sobre la camioneta, Delgado realizó una maniobra evasiva: frenó de repente, giró en U y emprendió la fuga, que se extendió por varios kilómetros hasta una finca ubicada en el límite con la provincia de Jujuy. Durante la persecución, los ocupantes del automóvil arrojaron los paquetes de droga por las ventanillas. Finalmente, los tres fueron detenidos.

De acuerdo con la investigación, el cargamento estaba destinado a José Burgos, un revendedor de la zona norte de la ciudad de Salta que abastecía distintos puntos de comercialización de estupefacientes y que también resultó condenado.

El caso llego a juicio ante el Tribunal Oral Federal N°1, presidido por la jueza María Alejandra Cataldi e integrado por sus colegas Gabriela Elisa Catalano y Marta Liliana Snopek, como vocales. El 12 de marzo pasado, condenaron a Oliva a 7 años de prisión efectiva, mientras que a Tolaba le impusieron una pena unificada de 10 años, como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes. Las otras cinco personas involucradas fueron condenadas a través de acuerdos plenos. En la sentencia, el tribunal tuvo por acreditada la teoría del MPF en cuanto a que Tolaba, quien era comerciante en Orán, y su pareja, exreina de la belleza de esa ciudad, tuvieron un rol superior al del resto de los participantes, con su intervención en la planificación, coordinación y ejecución de la maniobra.

Impugnación

La defensa de la mujer impugnó la decisión del TOF salteño. Propuso como primer motivo de agravio la nulidad del juicio y su sentencia por ausencia de defensa efectiva, en razón de que durante el debate la defensa abonó una teoría exculpatoria, sin presentar la prueba documental que, a su criterio, llevó al tribunal a una decisión errónea y arbitraria. Como segundo motivo, la defensa alegó una violación a la sana crítica racional, en lo que respecta al dolo y la presunción de que su clienta conocía y compartía la actividad ilícita, cuya responsabilidad buscó —en todo momento— cargar sobre su pareja. En ese sentido, cuestionó las pruebas exhibidas por el MPF respecto al rol que tuvo Oliva al enviar y recibir dinero de los otros condenados, en especial de Burgos, quien era el principal comprador de la droga que proveía la banda, que, en su haber, registró 31 viajes de este tipo en un corto período. En tercer lugar, se agravió porque consideró que se omitió juzgar los hechos con perspectiva de género, al descartar de plano el planteo de vulnerabilidad de su asistida.

Ledesma consideró que la prueba producida durante el proceso no solo permitía descartar la hipótesis defensiva sino que brindaba un sólido sustento a la acusación fiscal y que ello “colocó al tribunal en condiciones de afirmar, sin atisbo de duda en un pronunciamiento condenatorio, que la imputada tomó parte de manera voluntaria y consciente en la maniobra de transporte de estupefacientes”.

La defensa tomó distancia de la coautoría y aludió más a un rol secundario de Oliva, para quien pidió una reducción de los años de prisión que fueron impuestos, por entender que el delito no se consumó y, por lo tanto, no hubo una afectación al bien jurídico protegido, en este caso, la salud pública.

La audiencia oral ante Casación

En la audiencia oral de impugnación ante los jueces de Casación, Oliva hizo referencia a las consecuencias personales y familiares derivadas de la exposición pública del caso. Dijo que se sintió discriminada por los medios y que atravesó ataques de pánico y ansiedad.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal solicitó el rechazo de la impugnación por considerar insustancial el planteo de indefensión. Además, expusieron también en torno a la supuesta falta de acreditación del conocimiento de la condenada de la naturaleza del viaje y de las transferencias que realizó y recibió, sumado a los mensajes con su pareja que evidenciaban el conocimiento de la actividad que desarrollaban. La fiscalía también destacó que la sentencia había abordado y descartado fundadamente la existencia de una situación de vulnerabilidad, subordinación o asimetría de poder que justificara el planteo formulado por la defensa desde una perspectiva de género. Finalmente, sobre la mensuración de la pena, alegó que el apartamiento de un año respecto del mínimo previsto no se presenta como un exceso punitivo que amerite la descalificación del juicio de cesura.

La decisión de la Sala I

“Con atención a la forma en que se ha desarrollado el debate, las intervenciones de la defensa de la acusada, sus alegatos y las pruebas ofrecidas, concluyo que no se verifica un supuesto de falta de defensa eficaz como invoca su nueva representación, ni se observa lesión a la garantía prevista en el art. 18 de la Constitución Nacional”, destacó la jueza Angela Ledesma, en su voto, al que adhirieron —en parte— sus colegas.

Ledesma también consideró que la prueba producida durante el proceso no solo permitía descartar la hipótesis defensiva sino que brindaba un sólido sustento a la acusación fiscal y que ello “colocó al tribunal en condiciones de afirmar, sin atisbo de duda en un pronunciamiento condenatorio, que la imputada tomó parte de manera voluntaria y consciente en la maniobra de transporte de estupefacientes”.

Finalmente, la jueza entendió que debía hacerse lugar parcialmente a la impugnación y condenar a Oliva a la pena de 6 años de prisión de ejecución efectiva, multa de 80 unidades fijas, inhabilitación absoluta y las costas del proceso.

Respecto del planteo vinculado con la perspectiva de género, Petrone recordó que el juzgamiento con ese enfoque “no significa fallar a favor de las mujeres […], sino a tutelar que, en el proceso penal, los derechos de las mujeres fueran respetados”. En ese marco, concluyó que la sentencia recurrida había tratado adecuadamente esa cuestión y se ajustaba a la normativa y jurisprudencia aplicables.

Al analizar el caso, el camarista Petrone coincidió en parte con su colega y sostuvo que “los argumentos desarrollados por la defensa en sustento de sus agravios solo evidencian una discrepancia con las conclusiones a las que arribó el a quo, sin lograr probar un supuesto de arbitrariedad en la ponderación de la prueba de cargo”.

Respecto del planteo vinculado con la perspectiva de género, repasó las normas, tratados internacionales y su criterio fijado en función de esa jurisprudencia. Recordó que el juzgamiento con ese enfoque “no significa fallar a favor de las mujeres […], sino a tutelar que, en el proceso penal, los derechos de las mujeres fueran respetados”. En ese marco, concluyó que la sentencia recurrida había tratado adecuadamente esa cuestión y se ajustaba a la normativa y jurisprudencia aplicables.

En relación con la pena, Petrone disintió de la propuesta de su colega Ledesma y entendió que el tribunal oral había efectuado correctamente el juicio de mensuración previsto por los artículos 40 y 41 del Código Penal y que los cuestionamientos formulados por la defensa no demostraban que la sanción impuesta resultara desproporcionada. Además, destacó que Oliva brindó precisiones sobre sus circunstancias personales y las condiciones en las que cumple actualmente la prisión domiciliaria. No obstante, sostuvo que la actividad recursiva desplegada por la defensa “no llega a conmover los fundamentos que llevaron al Tribunal de juicio a determinar para el caso la pena de siete años de prisión”.

Consideró que además de la extensión del daño causado por el hecho, debían valorarse como agravantes las circunstancias personales de Oliva, entre ellas su nivel educativo, estabilidad económica, red de contención, juventud, estado de salud y expectativas de desarrollo personal. En ese sentido, remarcó que no se encontraba acreditada una situación de vulnerabilidad social ni de necesidades básicas insatisfechas que hubiera restringido su capacidad de autodeterminación. No obstante, consideró como atenuantes su condición de madre de dos hijos menores de edad y la buena conducta observada durante el proceso. Con la adhesión del juez Javier Carbajo a esta posición, el Tribunal de revisión rechazó la impugnación y confirmó la condena a 7 años de prisión impuesta a Oliva.

​La empresa salteña Juramento, líder en producción integrada de carne premium, cerró una nueva ronda de obligaciones negociables a dos años y con una tasa del 9% anual.

​Juramento, empresa de la familia Brito, concretó con éxito una colocación de Obligaciones Negociables (ON) por un total de US$ 30 millones, en línea con su estrategia de crecimiento sostenido. La operación, realizada bajo la modalidad hard dollar, se cerró a una tasa del 9% anual y con un vencimiento a dos años, un plazo poco frecuente en el mercado local, lo que despertó fuerte interés de inversores minoristas e institucionales, que presentaron 1185 órdenes de compra.

Obligaciones Negociables de Juramento

Los fondos serán destinados a garantizar liquidez y previsibilidad para financiar el capital de trabajo de la compañía —principalmente hacienda en cría, recría y terminación, además de insumos y alimentación—, así como a la refinanciación de compromisos financieros bajo condiciones más favorables. También funcionarán como respaldo frente a eventuales escenarios de volatilidad climática o de precios.

“Este financiamiento nos permite dar un paso clave en nuestro plan de crecimiento sostenido, con una estructura de largo plazo más eficiente, en un momento donde el foco está en aumentar la producción, las exportaciones y la eficiencia en toda la cadena”, señaló Rafael Aguilar, CEO de Juramento.

La operación se suma a otros movimientos estratégicos de la empresa en 2025, como la compra de un campo de 24.000 hectáreas y 16.000 cabezas de ganado por USD 56 millones, así como la puesta en marcha de un proyecto sustentable que combina producción forestal y ganadera con la plantación de 100 mil algarrobos nativos.

Desde el frente industrial, Juramento avanza con una inversión de USD 15 millones en su planta para potenciar la exportación de carne envasada al vacío bajo sus marcas Cabaña Juramento y Bermejo, con destino a mercados de alto valor agregado como Estados Unidos, Asia e Israel.

Con más de 35 años de trayectoria, 114 mil hectáreas en Salta, un rodeo de 86 mil cabezas y 800 colaboradores, Juramento se posiciona como uno de los principales referentes de la agroindustria argentina, consolidando su liderazgo tanto en el mercado local de carne premium como en los circuitos internacionales.

El Ministerio de Economía y Servicios Públicos, a través de la Secretaría de Modernización, informa que este jueves 25 de junio especialistas de TikTok brindarán una capacitación destinada a emprendedores y representantes de pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de potenciar sus estrategias comerciales mediante el uso de herramientas digitales.

La jornada se desarrollará en el salón del Mercado Artesanal, ubicado en avenida San Martín 2555, y se enmarca en el programa “Emprende en TikTok”, impulsado por la plataforma tecnológica con el propósito de acompañar a los emprendimientos en la incorporación de nuevas herramientas, tendencias digitales y estrategias de marketing de contenidos.

El taller gratuito estará a cargo de la coordinadora nacional de “Emprende en TikTok”, Rocío González. La actividad contará con cupos limitados y las personas interesadas podrán inscribirse a través del formulario disponible enhttp://bit.ly/4vtc7s7

Además, el director de Innovación Digital y desarrollador de tecnologías web de la Secretaría de Modernización, Daniel Isa, brindará una capacitación sobre el uso de la inteligencia artificial aplicada al sector emprendedor, con foco en herramientas prácticas para optimizar procesos y potenciar proyectos.

Articulación público-privada

La iniciativa surge a partir de las reuniones mantenidas en mayo en las oficinas de TikTok Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el secretario de Modernización y Servicios Públicos, Martín Güemes, y el director de Asuntos Públicos para América Latina de TikTok, Edgar Rodríguez. En esos encuentros se acordó impulsar acciones de formación digital en la provincia.

En este marco, también se avanzará en gestiones para desarrollar capacitaciones vinculadas a la prevención del grooming y al uso seguro y responsable de las plataformas digitales, especialmente destinadas a niños, adolescentes y sus familias.

Asimismo, se prevén jornadas de actualización para equipos de comunicación gubernamental, orientadas a incorporar nuevas herramientas, tendencias y estrategias que permitan fortalecer la comunicación digital institucional.

Por la Causa Odebrecht condenaron a 3 años de prisión a De Vido y Cameron. Existieron negociaciones incompatibles al adjudicarle a Odebrecht, obras de ampliación de dos gasoductos. También le impusieron 2 años y 6 meses de prisión condicional al exsubsecretario de Combustibles de la Secretaría de Energía de la Nación Cristián Alberto Folgar. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 4 de septiembre.

El miércoles 24 de junio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 condenó a 3 años de prisión de ejecución condicional al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio De Vido (76) y al exsecretario de Energía de la Nación Daniel Omar Cameron (72) por las negociaciones incompatibles en las que incurrieron para la adjudicación a la firma Constructora Odebrecht S.A. de las obras para la ampliación de los gasoductos de la Transportadora Gas del Norte (TGN) y la Trasportadora Gas del Sur (TGS), entre 2006 y 2008.

Además, los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini les fijaron una inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Por otra parte, le impusieron una pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional al exsubsecretario de Combustibles de la Secretaría de Energía de la Nación, Cristián Alberto Folgar (55), a quien consideraron partícipe necesario de la maniobra.

Finalmente, dispusieron la absolución del exgerente general y vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), Luis Alberto Beuret (80), y del exsubgerente de la firma, Julio Armando Bragulat (79).

En su alegato, el titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Diego Luciani, quien intervino en el debate junto al fiscal coadyuvante José Ipohorski Lenkiewicz y la auxiliar fiscal Mariel Susana Dermardirossian, había requerido condenas de 4 años para De Vido y Cameron, de 3 años y 6 meses para Folgar y Beuret, la absolución de Bragulat y el decomiso de los bienes que sirvieron para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que sean el producto o el provecho del delito. Durante el desarrollo del juicio también colaboraron auxiliares fiscales de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal Sergio Rodríguez.

El caso

En el juicio oral y público, que comenzó el 9 de diciembre de 2025, se analizan los hechos investigados por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°6, entonces a cargo de Federico Delgado, con intervención del juez federal Daniel Rafecas.

La causa se inició luego de que, en el marco de la investigación por el pago de sobornos a funcionarios públicos y sobreprecios por parte de la empresa sueca Skanska para la construcción de gasoductos, desarrollada por la Fiscalía Federal N°4, se advirtieran una serie de maniobras para la adjudicación de las obras de los gasoductos operados por la Transportadora Gas del Norte (TGN) y la Trasportadora Gas del Sur (TGS).

De acuerdo al requerimiento formulado por el fiscal Delgado, De Vido, Cameron, Folgar, Beuret, Bragulat y el exsubsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Bautista Jacinto Marcheschi (86) —que fue apartado del proceso por incapacidad sobreviniente— habrían incurrido en negociaciones incompatibles con la función pública, al mantener reuniones privadas con los representantes de la Constructora Odebrecht S.A., dictar diversas resoluciones y tramitar expedientes administrativos. Ello a fin de beneficiar a la empresa al adjudicarle los contratos de prestación de servicios para la ejecución de las obras de los gasoductos.

En su alegato del 28 y 30 de abril pasado, el fiscal general Luciani destacó que estaban “ante un caso de gran corrupción”, donde los funcionarios implicados “al amparo de una falsa apariencia de licitud de sus conductas, convergieron en un claro objetivo: beneficiar ilegalmente a la firma Odebrecht”.

“Se soslayó así los más básicos principios que deben guiar a toda contratación pública: la eficiencia en la contratación para cumplir el interés público comprometido y llegar a un resultado esperado, la promoción de la concurrencia de interesados, la promoción de la sana competencia entre oferentes, la transparencia en los procedimientos, la publicidad y difusión de las actuaciones, y la igualdad de tratamientos para todos los interesados y los oferentes”, señaló el representante del MPF.

Agregó que esos “principios cardinales que hacen a la sana y transparente gestión, en este caso, quedaron relegados a partir del accionar infiel de los acusados” quienes “privilegiaron intereses ajenos al bien común con miras de obtener un beneficio propio o de un tercero, en el marco de un contrato en el que intervinieron en razón de sus cargos”.

Luciani indicó que se detectó, en el marco de la contratación “un claro e inadmisible direccionamiento hacia la empresa Odebrecht, en una contratación pública de enorme envergadura. Estamos hablando de la ampliación de capacidad de transporte de gas de la República Argentina entre los años 2006 y 2008; estamos hablando de una inversión del Estado argentino que supera los 2.300 millones de dólares”.

En su alegato, los representantes del MPF explicaron “cómo idearon, cómo proyectaron y cómo perpetraron esta maniobra delictiva”. Así, Luciani indicó que “durante el proceso de proyección, aprobación y contratación de la obra pública conocía como ‘Ampliación Gasoductos TGN y TGS obras 2006-2008”, financiado a través del plan denominado “Fideicomiso gas”, creado por el decreto N°180/04 del Poder Ejecutivo Nacional y reglamentado por resolución n°185/04 del Ministerio de Planificación como así también por recursos afectados por resoluciones 950/04 y 1436/06 de la Secretaría de Energía, los acusados Julio De Vido, —exministro de Planificación—, Daniel Cameron —exsecretario de Energía de la Nación—, Cristian Alberto Folgar —exsecretario de Combustibles de la Secretaría de Energía de la Nación—, Luis Beuret —exgerente general y presidente de CAMMESA— propiciaron, de acuerdo a cada rol, un desvío de la voluntad negocial de la Administración Pública, por cuyos intereses deben velar”.

Al solicitar las penas, Luciani había señalado que los imputados “se aprovecharon de sus posiciones estratégicas para darle apariencia de licitud al delito. Diseñaron una verdadera ingeniería burocrática para eludir la Ley de Obras Públicas y así manejar discrecionalmente arbitrariamente cuantiosos recursos públicos. Fingiendo, aún hoy, que se trataba de un negocio entre privados.”

“Articularon una verdadera coreografía administrativa para utilizar a Cammesa como el vehículo puente que conectó a los fondos del Tesoro Nacional con la empresa extranjera beneficiada”, enfatizó.

​El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la organización funcionó durante casi cinco décadas bajo la fachada de una congregación religiosa y que sometió al menos a 25 víctimas a un sistema de explotación basado en el aislamiento, la alienación y el “control absoluto” de sus vidas. También solicitó el decomiso de 48 inmuebles y 16 vehículos.

El fiscal general Alberto Gentili solicitó ayer penas de entre 3 años y 9 meses y hasta 24 años de prisión para 27 personas acusadas de integrar una organización internacional que, bajo la figura de la congregación religiosa denominada “Templo Filadelfia” y durante casi cinco décadas, captó y sometió a personas en situación de vulnerabilidad para explotarlas laboralmente y mantenerlas en condiciones de servidumbre.

Durante su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°2 de San Martín, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el caso reúne manifestaciones de “criminalidad organizada, violencia contra la mujer y formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes”, y remarcó la necesidad de valorar la prueba teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de las víctimas y las asimetrías de poder existentes.

Según la acusación, la estructura funcionó al menos entre 1972 y el 1° de diciembre de 2020, con sede central en la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza, y anexos en distintos puntos del país, además de Paraguay y Brasil, y afectó al menos a 25 víctimas en situación de vulnerabilidad.

Gentili acusó a todos los imputados por asociación ilícita. Asimismo, atribuyó a 25 de ellos los delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada en concurso real, en 18 casos en calidad de coautores, y en siete como partícipes necesarios.

La principal acusada, Eva Petrona Pereyra (82)  —para quien requirió la pena más alta, de 24 años de prisión—, también deberá responder por abusos sexuales contra cuatro víctimas, dos de ellas menores de edad al momento de los hechos.

El fiscal solicitó además el decomiso de 48 inmuebles ubicados en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba y Río Negro, y de 16 vehículos que, según sostuvo, “se usaron para la comisión de los delitos o que son producto” de ellos.

Finalmente, pidió que el monto de la reparación para las víctimas de este caso sea fijado por el TOF, en base al dictamen elaborado por la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Esos organismos de la Procuración General de la Nación colaboraron con la instrucción de la causa, que estuvo a cargo del titular de la Fiscalía Federal N°1 de Morón, Sebastián Basso, y que también contó con la participación de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC).

El juicio comenzó el 23 de octubre de 2024 ante el tribunal integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni y Walter Venditti y la jueza Claudia Morgese. A lo largo de las audiencias declararon más de 200 testigos. El debate se reanudará el próximo lunes con el alegato de una de las defensas.

“Un control absoluto sobre los cuerpos y las mentes”

Al desarrollar los fundamentos de la acusación, Gentili afirmó que las víctimas describieron no hechos aislados sino “un proceso, un encadenamiento de una serie de eventos extendidos a lo largo de varios años y verificados en múltiples locaciones geográficas”.

“Estos procesos han abarcado una porción significativa del total de la vida de las víctimas y este factor le da una particularidad que sale de la media”, aseguró el representante del MPF.

En ese sentido, destacó que los testimonios resultaron “coherentes, cohesionados y consistentes” y permitieron reconstruir mecanismos de “aislamiento, disciplinamiento y alienación”.

“En todos los casos, incluidos los niños, niñas y adolescentes, mujeres y hombres, no voy a poder dejar de mencionar la forma particular y groseramente intensa de control absoluto al que fueron sometidos, no solamente sobre sus cuerpos, sino sobre sus deseos y planes de vida”, sostuvo.

El fiscal señaló que la organización se valía de mecanismos de persuasión, engaño y coerción que se apoyaban en las condiciones de vulnerabilidad de las personas captadas. También describió una estructura fuertemente jerarquizada que ejercía control mediante vigilancia, castigos, humillaciones y traslados compulsivos entre distintas sedes.

“Estos mecanismos de control y coerción de los traslados son una de las múltiples demostraciones de la intensa conciencia de antijuridicidad con que obraba la jerarquía de la organización”, afirmó.

Control de la sexualidad, abusos y matrimonios digitados

Gentili sostuvo que, dentro de ese esquema de alienación, disciplina y sumisión, las víctimas relataron diversas formas de control sobre su sexualidad y sus vínculos afectivos.

Por un lado, el fiscal hizo referencia a los relatos vinculados con agresiones sexuales sufridas por distintas víctimas. En ese sentido, mencionó la existencia de tocamientos, frotamientos y otros avances sobre el cuerpo que, según sostuvo, eran justificados por los integrantes de la organización mediante “supuestos rituales, como las denominadas ‘fiestas del señor’”.

El representante del MPF también se refirió a los matrimonios digitados por parte de los cargos jerárquicos de la organización, los mecanismos de humillación o segregación con los hombres o mujeres que tenían preferencias homosexuales.

“Las víctimas no solo no podían elegir, sino que les era impuesto en modo heterónomo el quién, el cómo y cuándo. Si se apartaban de tal orden, eran castigadas, humilladas y/o segregadas”, explicó al referirse a la conformación de parejas decidida por la líder de la organización.

Explotación laboral

El fiscal remarcó que los testimonios coincidieron en describir condiciones de hacinamiento, escasa alimentación, falta de higiene, ausencia de controles médicos y exclusión del sistema educativo formal.

Según sostuvo, el objetivo final de la organización era la explotación laboral de las víctimas en tres actividades: tareas domésticas, elaboración y venta de productos panificados y trabajos de albañilería y construcción.

“La finalidad última era la explotación laboral, que la estructura jerárquica pudiera aprovechar su fuerza de trabajo sin contraprestación salarial, sin sujeción a ningún régimen de trabajo, sin descanso, sin limitaciones vinculadas a la edad o a la condición física y en circunstancias de absoluta clandestinidad”, afirmó.

“En todos los casos, incluidos los niños, niñas y adolescentes, mujeres y hombres, no voy a poder dejar de mencionar la forma particular y groseramente intensa de control absoluto al que fueron sometidos, no solamente sobre sus cuerpos, sino sobre sus deseos y planes de vida”, sostuvo Gentili en el alegato.

En esa línea, aseveró que el trabajo esclavo generó muchos beneficios. Por un lado, se tradujo en un aprovechamiento de una fuerza de trabajo disponible y, por el otro, en bienes materiales múltiples y de diversa índole.

Agregó que la organización había desarrollado una estructura destinada a garantizar la continuidad de ese sistema mediante una “cuidadosa estrategia ideológica, discursiva y material” para procurar la subsistencia y la perpetuación de este ilícito mediante el aislamiento, alienación, sujeción, control y castigo de las víctimas.

Finalmente, destacó el “carácter multiagencial” de la organización, en función de la prolongada extensión temporal de la actividad y de su despliegue territorial que, según remarcó, “abarcó los cuatro puntos cardinales de nuestro país”.

Los pedidos de pena

El fiscal general Gentili solicitó que la presunta líder de la organización, Eva Petrona Pereyra, sea condenada a 24 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, reducción a la servidumbre, trata de personas con fines de explotación laboral agravada, abuso sexual contra cuatro víctimas —dos de ellas menores de edad al momento de los hechos—, supresión de identidad de un menor, sustracción y retención de un menor y falsedad ideológica de documento público, todos ellos en concurso real.

Para Rigoberto Ismael Mora Bogado requirió una pena de 21 años de prisión por los mismos delitos, con excepción de los abusos sexuales. Asimismo, pidió 18 años de cárcel para Carlos Raúl Barrionuevo, Griselda Lemos, Norma Valdez, Mónica Gutiérrez, Norma Gutiérrez, Guillermo Alza, María Luisa Alza y Martín Cáceres.

Además, solicitó una pena de 15 años de prisión para Ruth Mora Bogado; de 14 años para Katherine Alegre Herrera, Carina Torres, Silvia Torres, Juan Pablo Mora Bogado, Ramón Carranza y Claudio Álvarez; de 10 años y 9 meses para Osvaldo Gutiérrez; de 8 años para Fabio Bernabé Aguirre y Claudio Aguirre; de 6 años y 9 meses para Carlos Matías Barrionuevo; de 5 años y 9 meses para Olga Carranza y Liliana Barrionuevo; y de 5 años para Pablo Carranza y Claudia Acosta.

En los casos de Víctor Ayunta y Damaris Sabich, requirió las penas más bajas: 4 años y 6 meses de prisión para el primero y 3 años y 9 meses para la segunda. Ello obedece a que el fiscal solicitó su absolución respecto de los delitos de trata de personas agravada y reducción a la servidumbre por los que también habían llegado a juicio.

Esa noche la mujer recibió una llamada de su cuñada, que le contaba que su hija de 15 años estaba en su casa llorando. La mamá muy preocupada fue a ver a la niña, que le contó que su tío la había llevado a la chanchería de la familia con la excusa que tenía que buscar algo, pero cuando llegaron la encerró en una piezay abusó de ella. Agregó que eso sucedió varias veces el mismo año y aclaró que no quiso contar nada por miedo de que su tío le hiciera algo peor.

Al momento de radicar la denuncia la mujer describió a su hija como una chica callada, no sale, permanece en su habitación y en la escuela, no se habla con sus compañeros.

En Cámara Gesell la niña ratificó los dichos de su madre y precisó lugar, tiempo y modo en que habrían sucedido los hechos.

Tras la detención del acusado, la jueza de Metán Cecilia Corral Martín encabezó una audiencia flexible y multipropósito durante la cual escuchó los pedidos de las partes y sus fundamentos. Al finalizar ordenó convertir la detención en prisión preventiva para el imputado de 40 años considerando que existen elementos de convicción suficientes para mantenerlo privado de su libertad mientras continúa la investigación por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado reiterado en concurso real con corrupción de menores agravado.

Durante el encuentro, los representantes de la entidad presentaron un proyecto de ley que busca establecer un marco normativo estricto en todo el territorio provincial, con el objetivo de garantizar que la atención primaria de la vista sea ejecutada exclusivamente por profesionales idóneos y prevenir el ejercicio ilegal de la medicina.

​El solo interés económico como motor de las acciones transformará estas campañas disfrazadas de loables en una generación de problemas visuales en la población causando un daño irreversible a la salud de la ciudadanía.

Tenemos conocimiento que en toda la provincia se están desarrollando campañas de atención de salud sin médicos, y se realizan anteojos en laboratorios no habilitados y sin las condiciones mínimas requeridas.

Advertimos a la población, que eviten acudir a este tipo de control NO médico, para no lamentar más tarde, un perjuicio permanente a la salud de sus ojos y su visión, incluida la ceguera.

Sociedad de Oftalmología de Salta Provincia de Salta​

La polémica por la realización de operativos sanitarios informales llegó a la Legislatura provincial. La Sociedad de Oftalmología de Salta presentó una denuncia formal ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para alertar sobre la proliferación de supuestas campañas visuales gratuitas o de bajo costo que se ejecutan en distintas localidades de la provincia sin la debida intervención de médicos especialistas.

La presidenta de la comisión parlamentaria, Laura Cartuccia, confirmó la recepción del reclamo corporativo e institucional, precisando que las irregularidades fueron detectadas tanto en municipios del interior como en barrios de la ciudad de Salta. Las entidades médicas advierten que estas prácticas configuran un riesgo directo para la salud de la población.

Las autoridades legislativas señalaron que esta problemática no es nueva, sino que viene desarrollándose desde hace tiempo a partir de un corrimiento de las funciones profesionales. Según explicaron, son técnicos ópticos quienes asumen la tarea de diagnosticar y confeccionar recetas para anteojos, omitiendo el examen clínico exhaustivo que solo un médico oftalmólogo matriculado está facultado para realizar.

La presentación judicial e institucional cobró una fuerte repercusión interna debido a que la denuncia de los profesionales apunta de manera directa contra las actividades de un miembro de la propia Cámara Baja: el diputado del bloque de La Libertad Avanza por el departamento de Orán, Alejandro Esper, quien paradójicamente forma parte de la Comisión de Salud. Desde los sectores médicos afirman que estos operativos se promocionan bajo el argumento de acercar asistencia médica a sectores vulnerables, pero esconden una finalidad netamente proselitista llevada a cabo por personal no idóneo.

Hacia una regulación por ley de los operativos

La gravedad de la situación motivó el trabajo conjunto entre la Sociedad de Oftalmología y el Colegio Médico de Salta. Ambas instituciones solicitaron formalmente la aplicación de sanciones y mayores controles estatales sobre las organizaciones y fundaciones que coordinan estas actividades, al tiempo que impulsan un proyecto de ley integral en la Legislatura para regular este tipo de prácticas territoriales.

Los miembros de la Comisión de Salud coincidieron en la necesidad de avanzar de manera urgente con el debate de la normativa para establecer requisitos estrictos de habilitación y fiscalización. Los representantes parlamentarios enfatizaron que el acceso a la salud visual debe garantizarse bajo estrictos estándares científicos y de seguridad médica, concluyendo que no se pueden utilizar los recursos sanitarios ni las necesidades de la comunidad como herramientas de campaña política.

Fuente Consultada: Voces Críticas

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra (en representación del Ministerio Público Fiscal), participó de la charla “Lo que escribimos tiene consecuencias”, de la que participaron estudiantes y docente de escuelas secundarias de ese municipio y autoridades municipales.

La propuesta fue generar conciencia e invitarlos a reflexionar sobre la participación de niños, niñas y adolescentes en redes sociales, el impacto del intercambio de mensajes, las publicaciones que realizan en redes sociales y la responsabilidad que implica comunicarse en entornos digitales.

López Ibarra se refirió además a la Ley 27.801, que introduce un nuevo Régimen Penal Juvenil en la Argentina y modifica el marco normativo aplicable a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Entre sus principales cambios, la norma establece que la responsabilidad penal podrá aplicarse a partir de los 14 años de edad, reemplazando el esquema anterior que fijaba el umbral en los 16 años.

La ley, sancionada por el Congreso de la Nación y publicada el 9 de marzo pasado en el Boletín Oficial, procura adecuar el sistema penal juvenil a criterios de responsabilidad progresiva. En ese sentido, el régimen dispone que las respuestas del sistema de justicia deberán priorizar medidas educativas, de acompañamiento y reinserción social por sobre las sanciones privativas de libertad.

El miércoles 17 de junio, el Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó a un gendarme a la pena de 17 años de prisión por el homicidio de un estudiante de turismo de 22 años, ocurrido en febrero de 2025 cuando el joven cruzó la frontera procedente de Bolivia por un paso ilegal. En el caso, intervinieron el fiscal federal Federico Zurueta y la auxiliar fiscal Marina Cura.

El juicio contra Walter Álvarez se había iniciado el pasado 5 de mayo y el 8 de junio pasado, el tribunal integrado por los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y Alejandra Cataldi lo había considerado responsable del delito de homicidio con dolo eventual. Esta semana se llevó adelante la determinación de la pena, donde el MPF requirió 18 años de prisión.

El caso

El 6 de febrero del 2025, Ivo Torres —integrante de la comunidad indígena Juan de Quillaques— manejaba una motocicleta cuando cruzó la frontera en la zona conocida como “ladrillera”, en la ciudad de La Quiaca. En su mochila llevaba 30 kilos de hojas de coca.

Tras ser divisado por una patrulla del Escuadrón 21 de Gendarmería, integrada por el acusado, se inició una persecución que se extendió por poco más de 3 kilómetros y duró aproximadamente 6 minutos. El gendarme hizo tres disparos disuasivos, tras lo cual su superior ordenó no disparar. Sin embargo, Álvarez realizó otros 6 tiros más: uno de ellos ingresó por la espalda de Torres y lo mató.

Cabe indicar que al momento de los alegatos por la responsabilidad penal del acusado, el fiscal Zurueta, a cargo del Área de Casos Complejos, había requerido que Álvarez sea declarado culpable del delito de homicidio agravado por el abuso de sus funciones y el uso de arma de fuego, lo que habría permitido valorar una pena de prisión perpetua.

La querella, por su parte, había pedido que se aplique el agravante de alevosía, mientras que la defensa planteó como calificación penal la de homicidio con exceso en el cumplimiento de su deber, o bien, de índole culposo, cuya escala penal va de 1 a 5 años de prisión.

Ante estas dos posturas, el tribunal, con los votos de Batule y Matteucci, resolvió declarar al acusado penalmente responsable del delito de homicidio simple, mientras que la jueza Cataldi, en minoría, se inclinó por la calificación de homicidio agravado por ser cometido en abuso de sus funciones.

La pena

Durante el juicio de determinación de pena realizado esta semana, el tribunal escuchó a dos testigos de la defensa y al gendarme, que pidió perdón a la familia de la víctima y a la suya, además de expresar el pesar que carga por haber disparado. El fiscal había requerido una pena de 18 años de prisión, mientras que la querella de la familia de Ivo Torres pidió 22 años y la defensa solicitó el mínimo de la escala penal, que son 8 años.

Luego de la deliberación, el tribunal realizó un adelanto de los fundamentos para explicar el monto de la pena que fijó. En ese marco, el juez Batule sostuvo que tuvieron en cuenta todas las circunstancias agravantes y atenuantes para determinar la pena. Remarcó la coincidencia de sus pares en este análisis y mencionó la condición de miembro de una fuerza de seguridad que portaba un arma de fuego que debería usarse en defensa de la vida y no para delinquir como factor agravante.

Mencionó que con su accionar, el gendarme causó un grave daño no sólo a la víctima y su familia, sino también en la sociedad que depositó su confianza en su labor. El tribunal también remarcó el hecho de que el acusado no respeto el protocolo establecido por el Ministerio de Seguridad de la Nación respecto al uso de armas de fuego y tampoco lo hizo tras escuchar la orden de no disparar dada por su superior.

La jueza Cataldi, en tanto, resaltó el quiebre de confianza con la función de seguridad por parte del imputado. Por último, se dirigió a la familia de Torres y reconoció que la muerte de Ivo "dejó un vacío que no lo podrán cubrir", ya que se trata de una ausencia que va a permanecer en el tiempo. “Ustedes serán innominados”, dado que consideró que "no hay palabras para nombrar a los padres y madres que pierden un hijo".

Responsabilidad acreditada

“Estamos en presencia de un homicidio lamentable, pero acreditado en cuanto a cómo ocurrieron los hechos”, afirmó el fiscal en su alegato, tras lo cual puso sobre relieve las numerosas pruebas que —a su criterio— demostraron el accionar doloso del acusado.

Resaltó la coincidencia entre lo declarado por los tres gendarmes que iban en el móvil respecto a que fue el único que sacó el arma reglamentaria e hizo disparos. Destacó también el valor probatorio de las imágenes de las cámaras recolectadas y la inspección ocultar realizada por el tribunal en el lugar del hecho. Dividió el itinerario en dos secuencias claves: por un lado, el momento en que el acusado realizó tres tiros preventivos, tras lo cual el jefe de patrulla ordenó el cese de disparos.

En una segunda parte, el gendarme desobedeció la orden y volvió a disparar en dirección a la moto y a Torres en seis oportunidades, dos de las cuales impactaron en la víctima. Uno de los disparos fue a su tobillo y el otro atravesó la mochila, los paquetes de hojas de coca e ingresó por la espalda, perforó la región pulmonar y salió por el pecho.

Según lo declarado por los peritos, los disparos que dieron en la moto y los dos que impactaron en el cuerpo de la víctima se hicieron a corta distancia. Según el derrotero de la persecución, habría sido cuando el gendarme se bajó de la camioneta para perseguir a Torres, quien bajó al cauce del río.

En su exposición, el representante del MPF remarcó el hecho de que el acusado actuó con dolo eventual, ya que fue advertido de no disparar y desobedeció esa orden. Indicó que sabía cómo disparar, que violó los protocolos de actuación y que era consciente de que podía causar la muerte, lo que no le impidió seguir adelante con sus acciones.

Rechazó que el gendarme haya actuado impulsivamente, ya que “tenía sobrados motivos para repensar su conducta, pero hubo una instancia en seguir”. Refirió la ausencia absoluta de la víctima de causar algún daño a terceros, ya que se trataba de una zona inhóspita. “Ivo solo miraba hacia atrás, no hubo indicio de que estaba armado, solo llevaba hojas de coca, unos chocolates y unos turrones”.

Por último, subrayó la preparación del imputado, que tenía una trayectoria de 18 años en la fuerza, con todos los exámenes cumplidos en materia de uso de armas. “Era un experto en el manejo de armas, no fue un disparo impulsivo ni un error gigante como afirmó”, agregó.

Descripción de los hechos

Ivo Torres tenía 22 años y era integrante de la comunidad Juan de Quillaques de Quillaques,  y estudiante de Turismo. Torres fue fusilado por la espalda por Gendarmería Nacional, que le realizó al menos nueve disparos a corta distancia. La misma fuerza de seguridad está implicada en el crimen de Fernando Gómez, trabajador bagayero de Salta. Los hechos se producen en un contexto de criminalización de los pueblos indígenas por parte del Gobierno.

En ese momento, cuatro gendarmes fueron investigados por el crimen de Ivo Torres, integrante de la comunidad San Juan de Quillaques, de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc (Jujuy). El hecho ocurrió el jueves 6 de febrero en La Quiaca, cuando los efectivos perseguían al joven de 22 años mientras transportaba hojas de coca a su localidad. El abogado de la familia, Carlos Sebastián Espada, confirmó que el viernes 7 de febrero por la noche, la causa pasó del Poder Judicial provincial al fuero federal. La autopsia confirmó que la muerte se produjo por una herida de bala. La jueza federal Carina Inés Gregoraschuk dictó la prisión preventiva de los cuatro gendarmes. La semana siguiente, la defensa de la familia se constituyó como querellante.

El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, a través del fiscal regional Alberto Mendivil, había tomado la causa en las primeras horas de la investigación. Tras el cambio de fuero, la carátula de la misma cambió a “homicidio agravado” sobre los cuatro gendarmes detenidos: el subalférez Alexander Ezequiel Gunther, el sargento primero Walter Daniel Álvarez, el cabo primero Marcos Leonardo Wysniewki y la cabo Juliana Carina Enciso, quienes estuvieron en el móvil durante la persecución y el asesinato de Ivo Torres. La imputación tomó como agravante la función o cargo “cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario".

La autopsia contó con la presencia de la perito de parte Silvia Brizuela, en representación de la familia de Torres. Al finalizar, la necropsia confirmó que el joven recibió dos disparos de bala en su cuerpo y que uno de ellos fue mortal. También que los recibió mientras conducía la moto, de cerca, y que si bien hay que determinar otras pruebas criminalísticas, se trataría de balas de calibre nueve milímetros, del mismo tipo que utiliza la Gendarmería. La moto que conducía el joven tenía siete disparos, según informaron su familia y el abogado.

Rodrigo Ivo Torres residía en Barrancas, en la cuenca de Salinas Grandes, a 174 kilómetros de la capital jujeña. Había nacido en la comunidad de San Juan de Quillaques, parte del mismo territorio. Estudiaba turismo en el Instituto de Educación Intercultural "Carpinta Guazu Gloria Pérez" y trabajaba en la agricultura y el pastoreo del ganado con su familia. También hacía changas y compraba hojas de coca para venderla a sus pares, como salida para ayudar a que sus hermanos terminen los estudios.

Fueron múltiples las expresiones de repudio y de pedido de justicia desde las organizaciones indígenas que integraron en 2023 el Tercer Malón de la Paz. La Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que nuclea a más de 33 comunidades indígenas, de la que Ivo y su familia son parte, expresó: “Este hecho de violencia nos duele y nos indigna. No podemos permitir más atropellos contra nuestros hermanos. Exigimos una investigación transparente y castigo para los responsables”.

Jóvenes de la Cuenca de Salinas Grandes lo recordaron por su solidaridad y por compartir otras salidas ante el avance minero en el territorio y por dedicarse a proyectos de turismo rural y comunitario. También se expresaron la Nación Omawaca, el Parlamento de Naciones, Pueblos y Comunidades Indígenas “Narciso López”, Malón Vive, HIJOS Jujuy y sectores docentes como El Hormiguero.

El gobierno nacional viene reforzando las políticas que sojuzgan a amplios sectores de la población. Y que se expresan con mucha crudeza con acciones constantes de discriminación, racismo y xenofobia en las fronteras, “en nombre de la lucha contra el narcotráfico” contra quienes trabajan para sobrevivir como Ivo o como Fernando Gómez, joven bagayero asesinado en diciembre pasado en Salta y por el que también se investiga a efectivos de Gendarmería.

Poca Información

En el asesinato de Ivo llamó la atención la poca información que circuló respecto a que este asesinato es un crimen de Estado. Mientras el joven era perseguido por los cuatro efectivos de la Gendarmería Nacional pertenecientes al Escuadrón 21, por una zona periférica en la salida de La Quiaca, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, estaba en la ciudad y desarrollaba actos protocolares junto al intendente Dante Velázquez, funcionarios y diputados de la UCR y el PJ.

La única información de ese momento la brindó un medio de comunicación local: La Quiaca al Día. Ahí dieron cuenta de que la causa estaba en manos del Poder Judicial provincial, a través del Ministerio Público de la Acusación, y de que los gendarmes estaban detenidos. Reina Alancay, madre de Ivo y familiares, solamente recibieron llamados desde la Policía de la ciudad de La Quiaca y de la Fiscalía.

Fueron los organismos de derechos humanos, las comunidades y organizaciones indígenas, y la izquierda quienes se hicieron eco de lo transmitido por la referente indígena, Aurora Choque, quien dio a conocer lo que había sucedido con quien era su sobrino. Eso permitió romper el cerco mediático y que se cambien el fuero y la carátula. La Policía, través de un funcionario a cargo, brindó una conferencia de prensa para medios locales, recién dos días después Allí informaron que “tomaron conocimiento de un accidente de tránsito” aproximadamente a las 10.30 horas del jueves y que fueron a constatar el hecho en la zona del barrio Las Praderas, en el acceso sur de La Quiaca.

Sostuvieron que el personal policial se encontró con la presencia de efectivos de Gendarmería y del Sistema de Asistencia Médica de Emergencia, y que procedieron a dar aviso a la Fiscalía, donde se demoró a los cuatro efectivos. Según dichos del funcionario, supuestamente el “personal de Gendarmería había detectado a una persona que circulaba y que aparentemente transportaba hojas de coca”.

El Ministerio de Seguridad, comandado por Bullrich a cargo del accionar de Gendarmería Nacional, no emitió opinión al respecto. La situación es muy grave, ya que Ivo fue perseguido por cuatro oficiales y le dispararon aparentemente a quemarropa con balas de plomo. El joven solo llevaba a su comunidad, hojas de coca que se consumen masivamente en la provincia.

El gobernador Sadir tampoco emitió opinión al respecto, más allá que hubo actuación del Ministerio Público de la Acusación y de policía de la provincia.

Mientras se realizaba la autopsia en la morgue judicial, además de los familiares estuvieron referentes de derechos humanos, como Fabiola Suarez de la Coordinadora contra la represión y la diputada Natalia Morales (PTS-FIT), integrante de la comisión de derechos humanos de la Legislatura de Jujuy, entre otros.

Leonardo Pérez Esquivel e integrantes de la Misión de Defensa de los Derechos Humanos articularon para poner en contacto a la perito de parte con el equipo forense de Buenos Aires, y que se pueda garantizar el protocolo de Minnesota (recomendado por las Naciones Unidas para realizar autopsias en el marco de investigaciones de crímenes de lesa humanidad). Sostuvo que la autopsia tendría que haberse desarrollado en el fuero federal, pero el hecho de que se haya acelerado la misma impidió solicitar el cambio, más aún si en las primeras horas la causa se tramitaba en el Poder Judicial provincial.

En el Congreso Nacional, el bloque del FIT presentó con urgencia la interpelación a la ministra Bullrich por este hecho y por el crimen de Fernando Gómez.

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​​Ella era silenciosa, parecía frágil, pero a la vez sombría y peligrosa. Durante veinte años aprendí a leer cada uno de sus gestos, a anticipar las tormentas detrás de sus ojos, pero nunca logré descifrar el misterio de su péndulo emocional.

Aunque no era bella, en sus momentos alegres se veía radiante e iluminada, con una sonrisa atrapante que le marcaban ‘hoyuelos’ en sus mejillas. Esos eran los días en que el sol entraba de lleno en nuestra casa. Esos hoyuelos eran mi refugio, la prueba de que valía la pena insistir. Lo curioso y triste a la vez es que pasaba rápidamente de ese estado rutilante, a momentos oscuros de visible intolerancia y mal humor. Bastaba una palabra mal puesta, un silencio prolongado o un detonante invisible para que la luz se apagara de golpe.

Por alguna inexplicable razón se transformaba en un ser taciturno. Daba la sensación de espantarse y retroceder a medida que más cercana estaba de la felicidad plena. Como si la alegría le diera vértigo, o como si sintiera que no se la merecía y tuviera que sabotearla antes de que alguien se la quitara. Es como si ese dulce amor que por breves momentos sentía que me daba, se transformaba en hiel amarga y más duradera. Al final, los días de hiel empezaron a ganarle terreno a los días de sol.

Desmoralizado, pensé que ya no me quería lo suficiente como para seguir juntos de la mejor manera. El cansancio se volvió un peso físico en el pecho. Quizás las dos décadas de convivencia, donde existieron muchos desencuentros en todos los sentidos, hoy me está pasando una cuenta demasiado alta que no creo tener ningún modo de pagar.

Mientras ella dormía en la habitación contigua, atrapada en uno de sus habituales días taciturnos, comencé a sentir el peso de esos desencuentros acumulados. Entendí, con una claridad dolorosa pero liberadora, que su vaivén emocional no era mi culpa, ni tampoco un castigo que yo debiera pagar para siempre. Ella me quería desde donde podía, pero su cariño siempre venía acompañado de ese invierno inexplicable.

Me quedé mirándola en el desayuno, oculta tras su taza de té y su muralla de silencio. Ahí estaba otra vez, atrapada en su propio inframundo. Y yo, con las manos vacías y los bolsillos rotos. De tanto intentar comprar su paz, entendí que no se puede salvar a quien ha hecho de su propia sombra su fortaleza

Dejé la taza sobre la mesa. El sonido del choque de la cerámica rompió el mutismo de la cocina, y por primera vez en varios días, ella me miró de verdad. Sus ojos, antes radiantes, volvieron a esa fijeza sombría.

—Ya no puedo pagar esta cuenta —le dije, con una voz que me desconoció a mí mismo por lo tranquila que sonaba.

Ella frunció el ceño, y esos hoyuelos que alguna vez me dieron vida se esfumaron por completo, reemplazados por una mueca dura.

—Siempre hablas así cuando queres culparme de algo —respondió ella, con esa hiel amarga tiñendo sus palabras.

—No te culpo. Me culpo a mí por creer que si ponía suficiente amor, tu balanza dejaría de inclinarse hacia la oscuridad. Últimamente pasamos el tiempo rivalizando, discrepando, y ya no me queda nada que ofrecerte. Ni a vos, ni a este silencio.

Esperaba esa intolerancia fría a la que me había acostumbrado. En cambio, vi un destello de ese ser frágil que se espantaba ante la felicidad. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró de inmediato, retrocediendo una vez más a su inframundo privado. Y en ese último repliegue, supe que la conversación había terminado mucho antes de empezar.

La ceremonia fue presidida por el intendente Juan Domingo Aguirre, acompañado por miembros de su gabinete municipal. También participaron autoridades del Concejo Deliberante, autoridades educativas, invitados especiales, representantes de instituciones y establecimientos educativos de la ciudad y público en general.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional Argentina, realizada por los alumnos de cuarto grado de las distintas instituciones educativas, quienes reafirmaron su compromiso con los valores que representa nuestro símbolo patrio.

La fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, encabeza una investigación por un hecho ocurrido el pasado viernes 12 de junio en la intersección de calles Lavalle y 9 de Julio de la ciudad de Joaquín V. González, donde, en circunstancias que se investigan, se produjo una colisión entre una motocicleta en la que se desplazaban dos menores de edad y una camioneta cuyo conductor abandonó el lugar.

Una adolescente de 14 años resultó gravemente herida y fue derivada en código rojo al hospital San Bernardo, donde permaneció internada hasta este jueves 18, cuando se produjo su deceso.

El otro menor, de 15 años, sufrió una fractura de húmero y múltiples escoriaciones, y permanece estable mientras recibe atención médica.

El conductor de la camioneta, un hombre de 45 años, fue detenido con posterioridad al hecho y se secuestró el vehículo. Fue imputado el pasado martes como autor de los delitos dede lesiones graves y lesiones gravísimas agravadas en siniestro vial agravado por la fuga y en perjuicio de dos menores de edad,en concurso real.

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó que el acusado permanezca detenido, mientras se cumplen numerosas diligencias dispuestas para esclarecer lo sucedido.

La fiscal García Pisacic señaló que al producirse la muerte de la menor víctima, en las próximas horas se concretará la audiencia donde agravará la imputación para el hombre que conducía la camioneta que presuntamente los habría embestido.

La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos llevará adelante una nueva Jornada Integral de Acceso a la Justicia en las localidades de El Quebrachal y Joaquín V. González, destinada a la comunidad en general.

La propuesta se desarrollará el próximo martes 23 de junio con el objetivo de acercar servicios, información y herramientas de promoción de derechos a los vecinos de ambas localidades, fortaleciendo el acceso a la justicia en el territorio.

En El Quebrachal, las actividades tendrán lugar en la Municipalidad, ubicada en avenida San Martín esquina Ramón Tornero. Allí se brindará asesoramiento jurídico gratuito de 9 a 13:30. Además, de 9 a 10:30 se desarrollará el taller “Adecuado Abordaje de Delitos Contra la Integridad Sexual”, orientado a brindar herramientas para la detección, contención y derivación responsable de situaciones vinculadas a este tipo de delitos, promoviendo intervenciones respetuosas de los derechos de las víctimas y evitando la revictimización.

Posteriormente, de 10:30 a 12, se realizará un taller de sensibilización en mediación, destinado a promover herramientas de diálogo, escucha activa y resolución pacífica de conflictos, fortaleciendo la convivencia y el acceso a mecanismos alternativos de resolución de disputas.

Por su parte, en Joaquín V. González, las actividades se desarrollarán en el S.U.M. del CIC del barrio San Antonio, ubicado en avenida Roberto Romero s/n. En este caso, el asesoramiento jurídico gratuito también se brindará de 9 a 13:30. De 9 a 10:30 se llevará a cabo el taller de sensibilización en mediación y, posteriormente, de 10:30 a 12, se dictará el taller “Adecuado Abordaje de Delitos Contra la Integridad Sexual”.

La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos para garantizar el acceso a derechos, acercando servicios de orientación y capacitación a distintos municipios de la provincia mediante espacios de prevención, formación y acompañamiento.

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El jefe de Gabinete, Sergio Camacho, y el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, brindaron a los intendentes un informe actualizado de la situación económica y financiera de la Provincia, oportunidad en la que avanzaron en temas vinculados con la gestión en territorio y repasaron obras en ejecución.

Durante el encuentro realizado en el Foro de Intendentes, las autoridades provinciales ratificaron que Salta registra seis años y cinco meses consecutivos de equilibrio en sus cuentas públicas. En este sentido, señalaron que este orden financiero es el activo más importante de la provincia en el complejo escenario nacional, ya que genera la confianza, certeza y previsibilidad necesarias para sostener las políticas públicas y dar respuesta a las demandas del interior.

Luego de confirmar que la Provincia cumplirá en tiempo y forma con la presentación de la Cuenta General del Ejercicio y de remarcar que restan solo tres cuotas para cancelar el Fondo del Bicentenario, entre otros datos, Camacho ratificó que los intendentes contarán con todas las herramientas de las que dispone el Ejecutivo para hacer frente a las dificultades macroeconómicas y cubrir las demandas en sus municipios con una agenda federal y regional.

Dib Ashur hizo mención a las más de 2.700 obras ejecutadas desde el inicio de la gestión del gobernador Gustavo Sáenz y a las perspectivas para el segundo semestre, asegurando a los intendentes un piso a la coparticipación.

En el encuentro también se hizo un repaso del estado de las obras en ejecución y anunciaron otras nuevas planificadas por regiones, buscando optimizar los recursos disponibles para mantener la inversión en infraestructura y desarrollo comunitario en cada rincón de la provincia. En este sentido, se hizo mención a que este año comenzará la pavimentación de la ruta provincial 33 y que se analiza finalizar la obra que Nación paralizó en la ruta nacional 40 entre Seclantás y Molinos, entre otras.

El policía de 32 años fue declarado responsable de los delitos de abuso sexual simple, abuso sexual con acceso carnal y grooming, todo ello en concurso real. La jueza María Victoria Montoya Quiroga declaró su responsabilidad penal luego de escuchar los alegatos de clausura de las partes. Próximamente, la jueza determinará la pena y la modalidad de cumplimiento en el marco de la audiencia de cesura.

Durante sus alegatos, la Fiscal sostuvo que el acusado aprovechó su condición de policía, la vulnerabilidad de las víctimas y la confianza de sus familias, provocando secuelas que aún hoy afectan sus vidas.

El sujeto fue denunciado por delitos de abuso sexual en contra de la hija de una amiga. La menor (5) relató lo sucedido una tarde, cuando se encontraba con su mamá de visita en casa del acusado. Dijo que mientras los adultos conversaban en un ambiente, ella se encontraba mirando televisión en otra habitación. En CCTV contó –de acuerdo a las posibilidades simbólicas propias de su edad- que en un momento el amigo de su mamá entró al cuarto, se bajó el pantalón y le introdujo su miembro en la boca. También contó que le tocó sus partes íntimas.

Alberto Gabriel Guaymás también llegó a juicio imputado por grooming en perjuicio de una adolescente (12). Según consta en la causa, obtuvo el número de celular de la menor luego de una intervención policial realizada en el marco de un llamado al SE 911 y comenzó a enviarle mensajes de tono personal con la finalidad de ganarse su confianza y lograr un acercamiento de índole sexual.

Tras valorar las pruebas incorporadas al debate, la jueza Victoria Montoya consideró acreditados los hechos atribuidos al acusado, calificados legalmente como abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, previstos en el artículo 119, tercer párrafo, del Código Penal, y grooming, previsto en el artículo 131 del mismo cuerpo legal. 

En sus alegatos de clausura, la fiscal Celina Morales Torino afirmó que el Ministerio Público Fiscal logró demostrar con certeza la materialidad de los hechos y la responsabilidad penal del acusado, derribando el estado de inocencia que lo amparaba al inicio del debate.

La fiscal sostuvo que Guaymás, quien se desempeñaba como personal policial, «aprovechó la asimetría de poder, la vulnerabilidad de las víctimas y, fundamentalmente, la confianza depositada por sus familias», para cometer delitos que afectaron profundamente la infancia y adolescencia de ambas menores.

Destacó que, en el caso de la niña de 5 años, el abuso ocurrió en un ámbito de intimidad, sin testigos directos, una característica frecuente en este tipo de delitos. Sin embargo, señaló que el relato de la víctima se mantuvo persistente a lo largo del tiempo y fue corroborado por testimonios de docentes, profesionales de la salud mental y referentes de una fundación a la que asistía.

La fiscal remarcó además que el daño provocado trasciende el momento de los hechos. Durante el juicio se conoció que la niña presenta dificultades en el aprendizaje, episodios de angustia, temor a permanecer sola y un marcado descenso en su rendimiento escolar. Según las pericias psicológicas incorporadas al debate, las experiencias vividas impactaron en su desarrollo emocional y continúan condicionando distintos aspectos de su vida cotidiana.

Respecto del delito de grooming, Morales Torino sostuvo que el acusado utilizó información obtenida durante una intervención policial vinculada a la búsqueda de una adolescente de 12 años para iniciar conversaciones privadas con ella, formularle preguntas de contenido sexual, solicitarle fotografías e intentar concertar un encuentro.

La madre de la adolescente declaró durante el debate que, tras descubrir esos mensajes, su hija sintió miedo y desconfianza hacia la autoridad policial, mientras que la familia debió modificar hábitos y rutinas por la sensación de inseguridad generada por lo sucedido.

Al solicitar una sentencia condenatoria, Morales Torino sostuvo que el acusado «aprovechó la asimetría de poder, la vulnerabilidad de las víctimas y, fundamentalmente, la confianza depositada por sus familias», y que «lejos de honrar su función, quebrantó el deber de protección que le competía a quien portaba un uniforme para proteger a la sociedad» y remarcó que las pruebas producidas durante el debate permitieron demostrar que ambas víctimas vieron alteradas su infancia y adolescencia como consecuencia de estos hechos.

Cada dos días, una persona se suicida en Salta. El dato surge de un informe elaborado por la agencia de periodismo de datos Ciudadana Comunicación, a partir de registros del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Según el relevamiento, durante 2025 la provincia registró 243 suicidios, alcanzando una tasa de17,4 muertes por cada 100 mil habitantes mayores de cinco años, la tercera más alta de Argentina.

La cifra representa un fuerte incremento respecto de 2024, cuando se habían contabilizado 179 casos. En apenas un año, la cantidad de suicidios aumentó 35,8%, y la tasa provincial pasó de 12,9 a 17,4 por cada 100 mil habitantes. El crecimiento fue considerablemente superior al registrado a nivel nacional y volvió a ubicar a Salta entre las jurisdicciones con los indicadores más preocupantes del país.

El informe muestra además que la problemática no es nueva. Entre 2022 y 2025, la provincia acumuló 815 muertes por suicidio, en un contexto en el que Argentina registró 17.622 casos durante el mismo período.

Un retroceso después de dos años

Los registros muestran que Salta ya había exhibido cifras elevadas en 2022, cuando se contabilizaron 209 suicidios y una tasa de 15,8 por cada 100 mil habitantes, ubicándose entonces también en el tercer lugar nacional.

Posteriormente hubo una reducción durante dos años. En 2023 se registraron 184 suicidios y en 2024 fueron 179. Sin embargo, la tendencia se revirtió de manera abrupta en 2025, cuando los casos volvieron a crecer hasta alcanzar los 243.

Con una tasa de 17,4, Salta quedó solamente por detrás de Entre Ríos, que registró 20,8 suicidios cada 100 mil habitantes, y de San Luis, con 18,9. El indicador provincial se ubicó muy por encima del promedio nacional, que alcanzó los 11,8 casos por cada 100 mil habitantes.

La comparación permite dimensionar el deterioro relativo. Mientras que la tasa argentina pasó de 9,8 a 11,8 entre 2024 y 2025, un incremento de dos puntos, en Salta el aumento fue de 4,5 puntos en un solo año.

Cerrillos tiene la tasa más alta en la provincia

El análisis realizado por Ciudadana Comunicación también incluye un desglose departamental correspondiente a 2024, último año para el cual existen datos territoriales consolidados. Allí aparece Cerrillos como el departamento con la tasa más alta de suicidios de la provincia, superando los 17,5 casos por cada 100 mil habitantes.

Le siguió Anta, ubicado en el rango de entre 13,7 y 17,5 casos por cada 100 mil habitantes. Por su parte, los departamentos Capital, General Güemes, Orán y San Martín quedaron comprendidos en el rango de entre 9,9 y 13,6 casos por cada 100 mil habitantes.

La distribución territorial muestra que la problemática no se concentra exclusivamente en las grandes ciudades, sino que atraviesa distintas regiones de la provincia con características económicas y sociales diversas.

Una tendencia que crece en todo el país

Los datos nacionales reflejan un escenario igualmente preocupante. Argentina registró 3.959 suicidios en 2022, cifra que aumentó a 4.205 en 2023 y a 4.249 en 2024. Durante 2025 el número dio un salto significativo y alcanzó los 5.204 casos, el valor más alto de toda la serie analizada.
Como consecuencia, la tasa nacional llegó a 11,8 suicidios por cada 100 mil habitantes, también el registro más elevado de los últimos años.

El fenómeno adquirió una dimensión aún más visible porque desde 2023 los suicidios se consolidaron como la principal causa de muerte violenta en Argentina, superando tanto a los homicidios dolosos como a las muertes ocasionadas en siniestros viales.

Durante 2024, por ejemplo, la tasa nacional de fallecimientos por hechos de tránsito fue de 7,7 por cada 100 mil habitantes, mientras que la de homicidios dolosos alcanzó 3,6. Ambas quedaron por debajo de la tasa de suicidios.

Los perfiles que se repiten

El informe también identifica patrones que se mantienen constantes a lo largo de los años.

Los domingos y los lunes aparecen como los días con mayor cantidad de suicidios registrados en todo el país, una tendencia que se repite en cada uno de los períodos analizados.

Asimismo, la incidencia continúa siendo marcadamente superior entre los varones. Entre 2017 y 2023, el 79% de las personas que se suicidaron en Argentina fueron hombres, una proporción que se mantuvo relativamente estable a lo largo del tiempo.

Detrás de cada estadística existen historias individuales, familiares y comunitarias atravesadas por situaciones de sufrimiento, aislamiento o falta de acompañamiento. Pero la magnitud de los números vuelve a instalar una discusión que especialistas y organizaciones vienen planteando desde hace años: la necesidad de fortalecer las políticas públicas de salud mental, ampliar los dispositivos de prevención y garantizar el acceso a redes de atención en todo el territorio.

Mientras los registros nacionales alcanzan máximos históricos y Salta vuelve a ubicarse entre las provincias con mayores tasas del país, los datos muestran que el suicidio dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en uno de los principales desafíos de salud pública de la Argentina contemporánea.

​Policías de distintas unidades especiales del Distrito de Prevención 5 llevaron adelante en los últimos días, Operativos de Protección Ciudadana en distintos sectores de Joaquín V. González.

Realizaron controles integrales y patrullajes en zonas estratégicas en las localidades de El Quebrachal, Gaona, 25 de Junio, Talavera, Tolloche, Rosales y San José de Orquera, entre otros puntos.

Se labraron más de 70 infracciones por incumplimientos al Código Contravencional, como desorden y consumo de bebidas alcohólicas. Se demoró a 2 personas por delito. Que fueron puestas a disposición de la justicia.

Los operativos de Protección Ciudadana son planificados por el Centro de Coordinación Operativa y se desarrollan en distintas jurisdicciones de la provincia, con el objetivo de reforzar la presencia policial en la vía pública, fortalecer la seguridad en los barrios y promover el diálogo con la comunidad.

El Ministerio de Salud Pública informó que, hasta la semana epidemiológica (SE) 21, se confirmaron 137 casos de varicela en la provincia.

Se trata de enfermedad eruptiva, sumamente contagiosa, producida por el virus varicela-zóster. Puede contagiarse de varias formas, por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda, lo que libera gotículas que contienen el virus. También, puede propagarse por contacto directo con el líquido vesicular o las secreciones respiratorias.

La varicela se puede prevenir con la aplicación gratuita de vacuna. La estrategia consta de dos dosis en la niñez, una a los 15 meses de vida y, la otra, a los 5 años de edad.

Una persona es contagiosa desde uno o dos días antes de aparecer la erupción hasta que se ha formado costra en todas las vesículas. Esta facilidad de transmisión explica que la varicela pueda propagarse rápidamente en lugares como escuelas y guarderías.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la tasa de transmisión secundaria de la varicela es alta, ya que entre el 61 % y el 100 % de las personas susceptibles a la infección la contraen tras la exposición al virus.

Desde la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, confirmaron un brote de esta enfermedad en una escuela secundaria de Apolinario Saravia, durante la SE 21, con 13 casos reportados, en estudiantes comprendidos entre los 13 y 14 años.

Ante ello, la Subsecretaría de Medicina Social, a través de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y del Programa de Inmunizaciones, emitió una circular normativa con recomendaciones para la actuación frente a brotes de varicela en establecimientos educativos, destinada al personal sanitario y educativo.

El documento establece criterios para la clasificación de estudiantes y del personal docente y no docente, diferenciando entre quienes cuentan con inmunización o antecedentes de la enfermedad y aquellas personas susceptibles, es decir, sin antecedentes ni registro de varicela.

Asimismo, contempla la evaluación del riesgo individual, considerando la presencia de comorbilidades y el contacto con familiares o convivientes que puedan presentar factores de vulnerabilidad.

Entre las medidas generales de control recomendadas se incluyen la higiene frecuente de manos, la ventilación de los ambientes, el mantenimiento de las uñas cortas para prevenir sobreinfecciones y la educación sobre signos de alarma, como fiebre persistente, lesiones sobreinfectadas o dificultades respiratorias, entre otros.

Además, se reforzarán las acciones de vacunación mediante la verificación y actualización del estado de inmunización de la población objetivo, de acuerdo con las normas vigentes.

La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta llevó a cabo, procedimientos en la vía pública y allanamientos por comercialización de drogas en distintos barrios de la provincia.

En ese contexto, se detuvo a personas vinculadas a la comercialización de sustancias prohibidas y se incautaron más de 900 mil dosis de droga entre cocaína y marihuana.

Del total, más de 200 kilos fueron secuestrados en un procedimiento preventivo de seguridad vial que inició en barrio El Rosedal y derivó en allanamientos y detenciones.

Además, se incautaron más de 3.700 dosis de droga en diferentes intervenciones policiales, como controles en la vía pública, denuncias web, reportes al Sistema de Emergencias 911, entre otras.

El trabajo preventivo, investigativo y operativo se concretó en barrios de Capital, Orán, Valle de Siancas, entre otros puntos de la provincia.

En todos los casos intervinieron las fiscalías correspondientes.

​​

En el monumento al general Martín Miguel de Güemes, en las primeras horas del miércoles 17 de junio, el gobernador Gustavo Sáenz acompañado por su esposa Elena Cornejo, encabezó la Guardia bajo las Estrellas en conmemoración a 205 años del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes, que este año convocó a más de tres mil salteños en los tradicionales fogones.

La ceremonia rememora la vigilia de los fieles gauchos, luego de conocida la noticia de que su líder herido de muerte por una emboscada de las tropas realistas, agonizaba en la Quebrada de La Horqueta.​

Los actos comenzaron con la entonación del Himno Nacional Argentino y el Himno a Güemes, interpretado por la banda de música del Regimiento de Caballería General Bonifacio Ruiz de los Llanos. Luego se realizó un toque de silencio, recordando el fallecimiento del General. 

Posteriormente se hizo el cambio de guardia de honor. 

Los actos continuaron en el Panteón de las Glorias del Norte de la Catedral Basílica y luego en el Monumento a Güemes donde se hizo el tradicional desfile.

Asistieron el vicegobernador Antonio Marocco, el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat,  el intendente de la ciudad, de Emiliano Durand, la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, la Presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, Ada Zunino, el Comandante de la V Brigada de Montaña, Hernán Aoki; Presidente de la Agrupación Tradicionalista  Gauchos de Güemes, Sergio Salvador Marinaro; el presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile; los ministros de Gobierno y Justicia Ignacio Jarsún, de Turismo y Depirtes Manuela Arancibia, de Seguridad Gaspar Solá; Secretarios del Poder Ejecutivo, autoridades de Gendarmería Nacional; Policía Federal, Policía de Salta y Servicio Penitenciario;  familiares directos del General Martín de Güemes, agrupaciones gauchas, entre otros.

​Puenzo, dedicado al rubro de los boliches, tenía captura nacional e internacional y alerta roja de Interpol vigente desde 2022, cuando escapó poco antes de que inicie el juicio en su contra por el crimen de la joven trans y la tentativa de homicidio de Diego Ramón Mercado, en un hecho registrado en noviembre de 2020.

El fugitivo figuraba en la lista de los más buscados de la provincia deTucumán, con una recompensa de 30 millones de pesos por información por su paradero. En el allanamiento, los investigadores hallaron documentos con falsas identidades, armas de fuego y plantas de marihuana.

El Ministerio Público tucumano indicó que los detectives que estaban tras sus pasos debieron sortear maniobras de desinformación impulsadas por personas vinculadas a su entorno, que buscaban desviar la búsqueda hacia distintas provincias e incluso hacia otros países.

Puenzo, dedicado al rubro de los boliches, tenía captura nacional e internacional y alerta roja de Interpol vigente desde 2022, cuando escapó poco antes de que inicie el juicio en su contra por el crimen de la joven trans y la tentativa de homicidio de Diego Ramón Mercado, en un hecho registrado en noviembre de 2020.

El fugitivo figuraba en la lista de los más buscados de la provincia de Tucumán, con una recompensa de 30 millones de pesos por información por su paradero. En el allanamiento, los investigadores hallaron documentos con falsas identidades, armas de fuego y plantas de marihuana.

Por otra parte, la Unidad de Inteligencia Criminal “Tucumán”, con la colaboración del Equipo de Investigación Judicial, lograron individualizar un número de teléfono y una cuenta de whatsapp utilizado por el prófugo.

De esta manera, el 12 de junio pasado, a las 5.30 de la madrugada, gendarmes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Campo de Mayo” irrumpieron en la casa donde “Riki” se ocultaba.

Lo encontraron durmiendo y en calzoncillos. El mejor panorama para el procedimiento, ya que al empresario guardaba en el domicilio una pistola Beretta, 105 municiones, un bastón extensible de metal y una manopla de metal. Además, los efectivos incautaron siete celulares, dos notebooks, ocho documentos de identidad (cinco masculinos y tres femeninos) y un pendrive.

En el allanamiento estuvo presente una comisión del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público Fiscal de Tucumán y policías bonaerenses y en el caso interviene María Valeria Mibelli, jueza del Colegio de Jueces y Juezas del Centro Judicial de Capital.

Tras su detención, el empresario quedó alojado en una dependencia de estricta seguridad, bajo permanentes medidas de custodia y control, informaron desde el MPF.

En ese lugar permanecerá, hasta tanto se completen los trámites administrativos y judiciales para su traslado y posterior extradición a Tucumán, jurisdicción que requiere su inmediata comparecencia ante la Justicia por homicidio agravado por odio racial y religioso, un delito tipificado en el Artículo 80, inciso 4, del Código Penal Argentino, que castiga con reclusión o prisión perpetua a quien mate a otra persona guiado por el prejuicio, la discriminación o la intolerancia hacia sus creencias, etnicidad o nacionalidad.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, Benites se encontraba en la vereda junto a Mercado, cuando el acusado se acercó en una moto y mantuvo una charla con la joven trans, pero se desató una discusión. En ese momento, el empresario sacó una pistola calibre 9 milímetros y efectuó múltiples disparos. Seis plomos impactaron en la espalda de Benites y cuatro en Mercado.

El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó a penas de entre 3 y 15 años de prisión a los siete integrantes de una organización narcocriminal conformada por gendarmes en actividad, exonerados o aspirantes a esa fuerza, que fueron juzgados por dos transportes de cocaína que totalizaron 334 kilos y fueron desbaratados en procedimientos realizados en 2024 en la provincia.

La investigación fue impulsada por el fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, con la intervención de la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo y del investigador Facundo Saravia.

Además, el tribunal presidido por la jueza Gabriela Catalano e integrado por los jueces Domingo Batule y Diego Matteucci, dispuso el decomiso de una vivienda ubicada en Orán y de tres camionetas —dos Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux— utilizadas por la organización para desarrollar sus actividades ilícitas.

Las audiencias de debate comenzaron el 19 de diciembre pasado. El 29 de abril de este año el tribunal declaró la responsabilidad penal de los siete acusados y, tras el correspondiente juicio de cesura, el 27 de mayo la fiscalía formuló su alegato, en el que había pedido penas de hasta 16 años de prisión para los principales acusados.

De acuerdo con lo señalado por la fiscalía, por lo montos de las penas y la cantidad de condenados, se trata de una de las sentencias más relevantes dictadas en Salta por el delito de transporte de estupefacientes desde la implementación del sistema acusatorio federal el 10 de junio de 2019.

Las condenas

En la audiencia realizada ayer se dieron a conocer las condenas. Richar Ariel Delgado, gendarme exonerado, y Gabriel Osvaldo Ruiz Apaza, finquero de Orán, recibieron penas de 15 años de prisión como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas, en dos hechos. Por la misma calificación legal, Jonathan Leonel Ostapowicz, comerciante de Posadas, fue condenado a 14 años de prisión. Adrián Emilio Escarlata, también exonerado de la Gendarmería Nacional, recibió una pena de 12 años de prisión por su participación en uno de los transportes investigados.

Por su parte, Diego Hernán Delgado, cabo primero en actividad de Gendarmería Nacional destinado al momento de los hechos en el Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo, y además hermano de Richar Delgado, fue condenado a 9 años de prisión como coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado tanto por la cantidad de intervinientes como por su condición de funcionario público.

En tanto, Federico Rubén Batista, también miembro activo de la fuerza federal, y Francisco Agustín Flores, aspirante a incorporarse a ella, fueron condenados a 3 años de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios.

Los casos

La investigación se inició a partir de un procedimiento de flagrancia, pero avanzó hasta revelar una organización con una compleja estructura logística integrada por gendarmes en actividad, exonerados y colaboradores civiles.

El primero de los dos hechos imputados ocurrió el 19 de mayo de 2024 en la localidad salteña de General Pizarro, donde fue detenido Diego Delgado mientras transportaba 303 kilos de cocaína ocultos en una camioneta Toyota Hilux que conducía desde Orán con destino a Buenos Aires.

La pesquisa estableció que el vehículo había sido aportado por Ostapowicz desde Posadas, Misiones, y que el operativo había sido financiado por Richar Delgado. También se acreditó que Batista fue quien retiró la camioneta y la trasladó hasta Buenos Aires para que posteriormente fuera utilizada en la maniobra.

El segundo episodio fue el 26 de octubre de ese mismo año, en el puesto de control de El Naranjo, en Rosario de la Frontera. Allí fue detenido Escarlata cuando transportaba 31 kilos de cocaína ocultos en la rueda de auxilio de una camioneta Volkswagen Amarok.

Según la acusación probada por la fiscalía durante el juicio, Ruiz Apaza proveyó el estupefaciente y, junto con Flores, realizó tareas de vigilancia y acompañamiento en otro vehículo que funcionó como “coche puntero”.

El grupo de WhatsApp que reveló el funcionamiento de la banda

Uno de los elementos clave de la investigación y exhibidos por la fiscalía durante el debate fueron las comunicaciones extraídas del grupo de WhatsApp denominado “Los Peluches”, creado por integrantes de la organización para coordinar sus actividades.

A través de esa aplicación de mensajería, los acusados intercambiaban información sobre los traslados de droga, organizaban movimientos logísticos y compartían conocimientos vinculados con los controles de las fuerzas de seguridad.

La prueba exhibida durante el juicio permitió acreditar que algunos de los acusados compartían explicaciones sobre distintas modalidades para ocultar cargamentos en vehículos y recomendaciones para eludir los controles ruteros.

Para la fiscalía, esos intercambios resultaron una evidencia clave para reconstruir la dinámica interna de la organización, identificar la distribución de roles y demostrar el aprovechamiento de conocimientos específicos adquiridos por algunos de los acusados durante su paso por la Gendarmería Nacional.

Para completar el perfil de los acusados y el grado de identificación que tenían con la actividad criminal que desarrollaban, el fiscal Toranzos también hizo referencia en su alegato a una caricatura de gran tamaño hallada durante la investigación. En ella, los imputados aparecían representados alrededor de una mesa de juego con dados y una ruleta, mientras que Ruiz Apaza era retratado en el centro de la escena con una cadena de oro con el símbolo “$”. La ilustración incluía además armas cortas y largas, una manopla y figuras emblemáticas del narcotráfico internacional, como Pablo Escobar Gaviria y Joaquín “Chapo” Guzmán.

La gravedad de los hechos

Al fundamentar las penas, la presidenta del tribunal destacó la magnitud de la maniobra investigada, la cantidad de droga secuestrada y el nivel de organización evidenciado durante el debate.

“Si esa droga hubiera llegado a destino podría haber afectado a más de dos millones de personas”, señaló Catalano al referirse a los resultados de los peritajes químicos practicados sobre los estupefacientes secuestrados que establecieron un promedio de producción de más de 2.700.000 dosis, con una pureza del 84%.

“La salud pública es la salud de la sociedad entera; cada dosis afecta no solo al adicto, sino también a su familia y a toda la comunidad”, sostuvo.

La jueza remarcó además que la causa puso de manifiesto una estructura con una importante capacidad logística y financiera, reflejada en la utilización de distintos vehículos, traslados aéreos, alojamientos y recursos destinados a concretar los transportes investigados.

Asimismo, destacó la tarea realizada por la fiscalía y la abundante prueba producida durante el debate, que permitió reconstruir la participación de cada uno de los acusados y el nivel de responsabilidad que les correspondió dentro de la organización.

Al analizar el agravante vinculado con la intervención de tres o más personas, la magistrada sostuvo que la banda evidenció una clara distribución de funciones, una importante planificación previa y una estructura consolidada que operaba desde mucho antes de los hechos juzgados.

“En este caso, tenemos muchas personas que ya venían organizadas de mucho antes. No es espontáneo, que de pronto suben a un vehículo y parten, no. Acá había una clara distribución de roles, de uso de vehículos por un tiempo, para después plotearlos a fin de que la fuerza de seguridad no lo reconozca. Esto demuestra una financiación enorme a los fines del traslado de la droga”, señaló.

También resaltó el aporte especial realizado por los gendarmes involucrados en la organización. En ese sentido, afirmó que aprovecharon conocimientos adquiridos durante su formación y desempeño como gendarmes para facilitar las maniobras criminales.

“Utilizaron conocimientos propios que tienen de la fuerza”, señaló la jueza, tras repasar la participación de Diego Delgado, Richar Delgado, Batista y Escarlata.

“Lo usaron para delinquir mejor”, agregó, al remarcar que se valieron de herramientas y experiencia obtenidas durante su formación como miembros de una fuerza de seguridad encargada de proteger a la sociedad.

Entre otros aspectos, el tribunal también valoró el contenido de las comunicaciones mantenidas en el grupo “Los Peluches”, al considerar que constituían una muestra del grado de organización, planificación y profesionalización alcanzado por la estructura criminal.

Después de más de cuatro años de búsqueda y casi tres años en condición de prófugo, Ricardo Horacio "Ricky" Puenzo fue detenido en la localidad bonaerense de Mar del Tuyú, acusado de ser el autor del transfemicidio de Alejandra Estefanía Benitez y del intento de homicidio de Diego Mercado. La captura puso fin a una extensa investigación de la Justicia tucumana y organizaciones que acompañaron el reclamo de justicia por el caso.

La detención fue concretada por efectivos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), en un operativo realizado en el Partido de La Costa. Según informaron fuentes judiciales, el avance decisivo se produjo gracias a tareas de inteligencia digital que permitieron detectar movimientos del sospechoso en redes sociales y reconstruir su ubicación.

Fuga en octubre 2022

Cuando todo estaba dispuesto para el inicio del nuevo juicio por la muerte de la joven trans, Ricardo Horacio "Ricky" Puenzo (principal acusado por el crimen), estaba fuera del país. La víctima, Alejandra Estefanía Benítez (34 años), fue baleada el 5 de noviembre de 2020 en Ayacucho al 900. Al no presentarse el imputado, la justicia lo considera prófugo. Se trataba del segundo juicio ya que la Corte había anulado la sentencia de 2021.

De acuerdo a la acusación de MPF, el 5 de noviembre de 2020, cerca de las 05.30 horas, en Ayacucho al 900, Alejandra Estefanía Benítez se encontraba compartiendo una bebida junto a Diego Ramón Mercado, cuando se hizo presente Ricardo Horacio "Ricky" Puenzo a bordo de una motocicleta, quien se acercó a la mujer, y mientras mantenía con ella una conversación, a pocos metros de donde se encontraba Mercado, se produjo una discusión entre ambos, por lo que Puenzo sacó un arma de fuego y efectuó múltiples disparos, impactando seis de ellos en Benítez y cuatro en Mercado.

Puenzo venía presentándose a todas las audiencias, sin embargo, días despues comenzaron a circular fotos en su perfil de Facebook en los que se lo podía ver en Cancún. El Dr. Morfil quien estaba a cargo de la defensa, declaró haber perdido contacto con su defendido y renunció. "Me informan que estaba en Cancún. Hemos pedido la captura internacional", aseguró Garmendia y añadió: "una vez que lo encuentren, no se le permitirá estar libre porque ya fue declarado rebelde, deberá esperar hasta la nueva fecha de juicio", dijo.

“Queremos que Ricardo Horacio Puenzo sea buscado, trasladado y juzgado en Tucumán”; expresó Verónica, la hermana de Alejandra Benítez. Además, solicitan que Mercado, sea condenado por falso testimonio. En relación al testigo del caso, Verónica agregó: “En un comienzo Mercado aseguró ver a Puenzo sacar el arma con el que habría matado a mi hermana. Pero en el juicio cambió el testimonio. Hubo plata de por medio. Mercado recibió plata de Puenzo para que cambie su testimonio y tiene que pagar por falso testimonio. Debe ser condenado”; apuntó.

El caso se remonta al 5 de noviembre de 2020, cuando Alejandra Benitez fue asesinada en San Miguel de Tucumán. Durante el mismo ataque resultó gravemente herido Diego Mercado, quien logró sobrevivir. Desde entonces, la investigación apuntó a Puenzo como principal sospechoso.

La causa tuvo un recorrido judicial complejo. En 2021, Puenzo fue absuelto por el beneficio de la duda durante un juicio oral. Sin embargo, posteriormente se dispusieron nuevas medidas investigativas y la situación procesal volvió a complicarse. Cuando debía afrontar nuevas instancias judiciales, el acusado desapareció y sobre él comenzaron a pesar pedidos de captura nacionales e internacionales.

Durante los últimos años, distintas fuerzas de seguridad realizaron operativos para intentar localizarlo sin éxito. Incluso se ofreció una recompensa para quienes aportaran información que permitiera establecer su paradero. La búsqueda cobró nuevo impulso en los últimos meses, cuando los investigadores detectaron indicios de que se encontraba en la Costa Atlántica bonaerense.

Finalmente, los datos recopilados permitieron montar un operativo que culminó con su arresto en Mar del Tuyú.

Tras la captura, el acusado quedó a disposición de la Justicia y se espera que en los próximos días sea trasladado a Tucumán para continuar con el proceso judicial.

La noticia fue recibida con expectativa por familiares, allegados y organizaciones de diversidad sexual que durante años reclamaron avances en la causa.

Ahora la atención está puesta en las próximas decisiones judiciales. Con Puenzo nuevamente bajo custodia, la Justicia tucumana buscará retomar el proceso y determinar su responsabilidad.

Fuente consultada: www.filo.news

Miro alrededor y observo que cada quien elije su exploración para transitar por esa excomunión eterna. Hay quienes periódicamente se inventan personajes, y los van mutando una vez que dejan de cumplir con su efecto recreativo. Yo los llamo Los camaleones, porque son los que se inventan máscaras y héroes, cambiando de piel cuando el aburrimiento los alcanza.

También están aquellos que son arrastrados por ráfagas de desesperación. De ellos se apodera la decisión de combatir de frente al desamparo, pretendiendo inútilmente escapar. Pero, sin excepción alguna, sucumben irremediablemente en el intento. Para mí, estos son Los trágicos. Los que intentan embestir al abandono de frente, y en su desesperanza, terminan siendo aplastados por la realidad.

Otros, se aferran a utopías, luchando por alcanzar un ideal perfecto, una meta extraordinaria o un mundo ideal que sabemos, es imposible de realizar porque es un lugar que no existe. Un sueño imposible de una ilusión hermosa pero inalcanzable. Por lo tanto, yo sabía que eligiendo ese camino, estaría dedicando mi esfuerzo a un sueño inalcanzable.

Dudaba, aunque solo tenía que lograr la certeza para optar urgentemente. Recordé: "La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá”. Estos son Los utópicos. Los que eligen el camino del sueño imposible.

Ahora ya lo entendía completamente. Lo crucial era elegir la utopía, aun sabiendo de antemano que es inalcanzable. Y esto cambia por completo las reglas del juego. Ya no es una ingenuidad ciega, es un acto de voluntad consciente. Sé que el horizonte no se deja atrapar, pero elegí caminar hacia él de todos modos.

Y ahí es donde mi mente, con una precisión quirúrgica, me llevó de vuelta a ese Polideportivo de la UNSL en 1997. Me conectó con Galeano (quien, nobleza obliga a la memoria, solía citar esa bellísima definición de la utopía que originalmente le pertenece a su amigo, el cineasta Fernando Birri).

Que en medio de esa búsqueda de certezas urgentes me haya saltado ese recuerdo de estudiante no es casualidad. Es mi propio inconsciente respondiéndome la pregunta del millón: ¿Para qué sirve la utopía si es inalcanzable? Sirve para eso, carajo. Para caminar.

Elegir la utopía, aun sabiendo que es un lugar que no existe, es quizás la forma más digna de rebelarse contra la condena. No me escondo en un personaje, no me dejo arrastrar por la ráfaga, elijo moverme hacia adelante, sabiendo que el valor no está en llegar, sino en el trayecto.

El fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, solicitó penas de entre 3 y 16 años de prisión para siete integrantes de una organización narcocriminal juzgados por el transporte de 334 kilos de cocaína en dos procedimientos realizados en la provincia de Salta durante 2024. Entre los imputados, hay cinco gendarmes en actividad, exonerados o que estaban a punto de ingresar a la fuerza que, según reveló la investigación, por mensajes de la aplicación WhatsApp, enseñaban cómo acondicionar la droga y vulnerar los controles en las rutas.

El pedido fue formulado el 27 de mayo pasado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Salta, presidido por la jueza Gabriela Catalano e integrado por sus colegas Domingo Batule y Diego Matteucci, luego de que el 29 de abril se declarara la responsabilidad penal de los acusados.

La fiscalía requirió 16 años de prisión para Richar Ariel Delgado (exgendarme exonerado) Gabriel Ruiz Apaza (aspirante a la fuerza) y para Jonathan Leonel Ostapowicz (comerciante), considerados coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en dos hechos.

Para otro exgendarme exonerado, Adrián Emilio Escarlata, declarado responsable del mismo delito en uno de los episodios, pidió una condena de 13 años de prisión.

El fiscal federal Ricardo Toranzos durante su alegato, junto al investigador de la Unidad Fiscal Salta, Facundo Saravia. Foto: S. Rodríguez / MPF

Respecto de Diego Hernán Delgado, cabo primero en actividad de Gendarmería Nacional destinado en el Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo, el representante del Ministerio Público Fiscal cuantificó la pena en 14 años de prisión por transporte de estupefacientes agravado tanto por la cantidad de intervinientes como por su condición de funcionario público. Sin embargo, en virtud del acuerdo de colaboración celebrado con el imputado, solicitó la reducción prevista por la ley y fijó el pedido de condena en 9 años y 6 meses de prisión.

Por otra parte, para Federico Rubén Batista (también integrante de Gendarmería Nacional) y Francisco Agustín Flores (aspirante a la fuerza federal), considerados partícipes secundarios, requirió 3 años de prisión de ejecución condicional.

Además de las penas privativas de libertad, la fiscalía solicitó el decomiso de una vivienda ubicada en el barrio Municipal de la ciudad de Orán, atribuida a Ruiz Apaza y señalada como el centro de operaciones de la organización. También pidió el decomiso de dos camionetas Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux utilizadas para el transporte de la droga y como “coche puntero” en las operaciones de tráfico ejecutadas por la organización.

El fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, solicitó penas de entre 3 y 16 años de prisión para los siete imputados ya declarados responsables por el transporte de 334 kilos de cocaína. Foto: Sebastián Rodríguez / Ministerio Público Fiscal

El tribunal dará a conocer las penas el próximo jueves. El debate se inició el 19 de diciembre del 2025 y es uno de los más complejos de la jurisdicción, tanto en materia de responsabilidad penal como respecto a la determinación de la pena, etapa que ya lleva más de un mes de litigio.

Los hechos investigados

El primero de los dos hechos imputados ocurrió el 19 de mayo de 2024 en la localidad salteña de General Pizarro. En esa oportunidad, el cabo primero Delgado fue detenido cuando transportaba 303 kilos de cocaína en una camioneta Toyota Hilux, procedente de Orán y con destino a Buenos Aires.

Según la acusación, la camioneta había sido aportada por Ostapowicz en Posadas, Misiones, mientras que Richar Delgado financió el operativo. El cabo Batista fue el encargado de buscar el rodado y llevarlo a Buenos Aires, para que Delgado viaje luego a Orán a buscar el estupefaciente.

El segundo episodio ocurrió el 26 de octubre de ese mismo año, en el puesto de control de El Naranjo, en Rosario de la Frontera. Allí fue interceptado el exgendarme Escarlata, quien trasladaba junto a su pareja 31 kilos de cocaína ocultos dentro de la rueda de auxilio de una camioneta Volkswagen Amarok.

La investigación determinó que Ruiz Apaza había provisto el estupefaciente y que, junto con Flores, realizó tareas de acompañamiento y vigilancia durante parte del recorrido en otro vehículo que actuó como “coche puntero”.

Una investigación orientada a los niveles superiores

Durante su alegato, Toranzos destacó que el caso permitió avanzar más allá de los hechos de flagrancia que dieron origen a la pesquisa.

“El caso evidencia un alto nivel de criminalidad organizada”, sostuvo el fiscal, quien señaló que se aplicó un “modelo de investigación inverso”, consistente en partir de los procedimientos de secuestro de droga para reconstruir el funcionamiento de la estructura criminal y avanzar sobre sus niveles de dirección y financiamiento.

En ese sentido, remarcó la importancia de los mensajes extraídos de teléfonos celulares, los análisis de geolocalización, los registros de cámaras de seguridad y la información obtenida a través de acuerdos de colaboración.

También destacó la labor de la auxiliar fiscal Carolina Araóz Vallejo y del investigador Facundo Saravia, así como la colaboración de distintas dependencias de Gendarmería Nacional y de las fiscalías federales de Gualeguaychú, Hurlingham y Posadas. Asimismo, resaltó la participación de la PROCUNAR NOA, la PROCELAC y la DATIP.

Una estructura estable y organizada con un grupo de WhatsApp llamado “Los Peluches”

Al describir el funcionamiento de la organización, la fiscalía sostuvo que existía una estructura estable, con una división clara de funciones y una conducción ejercida por Ruiz Apaza, Richar Delgado y Ostapowicz.

Según explicó, la droga era obtenida en el NOA y trasladada hacia el NEA para su comercialización o para continuar viaje hacia otras jurisdicciones. Los integrantes de la organización coordinaban sus actividades medianteun grupo de WhatsApp denominado “Los Peluches”, donde intercambiaban instrucciones de cómo ocultar la droga en los vehículos, organizaban viajes y distribuían ganancias.

“Desde el NOA se obtenía la droga, la cual luego iba dirigida al NEA, para su comercialización o como paso previo a Buenos Aires”, explicó el fiscal, quien resaltó el valioso aporte logístico contribuido por los gendarmes, quienes establecieron como norma no usar vehículos registrados en el NOA para los transportes para disipar cualquier hilo investigativo que los delate. En razón de ello, es que las camionetas se adquirían en el NEA.

La fiscalía también destacó la participación de integrantes y exintegrantes de fuerzas de seguridad, quienes aportaban conocimientos operativos y logísticos para reducir riesgos durante los traslados.

Entre las pruebas incorporadas al debate se incluyeron mensajes del grupo de WhatsApp, en los que los acusados hacían referencia a la actividad ilícita como una “empresa” y resaltaban la necesidad de cumplir determinados viajes como muestra de compromiso con la organización.

En algunos de los mensajes exhibidos en el juicio por la fiscalía, sus miembros dijeron frases como: “Todo sea por el futuro de la asociación”; “Sí, che, eso va ser para la empresa, así que ahí está encaminado ese tema”; “Mirá cómo invierto en ‘la empresa’ para ustedes estén cómodos”; y “Vamos que la empresa tiene que ir pum para arriba”.

El grupo “Los Peluches” fue implementado por Richar Delgado, quien asignó apodos a cada uno. “Tabla de jugadores a jugar: Pulga; Cocodrilo; Osa; Osito; Pichón y Riki. En ese orden se jugaría… las fechas pueden llegar a cambiar si es que solo hay problemas en la cancha o el equipo contrario no junta sus jugadores”. (“Pulga” era Ostapowicz; “Pinky”, Ruiz Apaza; “Coco”, Escarlata y “Fiero2”, Richar Delgado; mientras que Batista y Flores se hallaban en una escala más baja y no integraban el grupo).

“Al servicio del narcotráfico”

Toranzos sostuvo que una de las circunstancias más graves del caso fue la utilización de conocimientos adquiridos en el ámbito de las fuerzas de seguridad para facilitar las maniobras delictivas.

“Todo lo que el Estado invirtió en ellos, en materia de capacitación, ellos lo pusieron al servicio del narcotráfico”, afirmó.

También recordó un hallazgo realizado en la vivienda de Ruiz Apaza, señalada como el centro de mando de la organización. Allí se secuestró una caricatura enmarcada de gran tamaño en la que los acusados se personifican en una mesa de juego (póker, dados y ruleta), con Ruiz Apaza en el centro, con una cadena de oro con el signo “$”, armas de todo calibre, una manopla y referencias a personajes emblemáticas del narcotráfico como Pablo Escobar Gaviria y Joaquín “Chapo” Guzmán.

La caricatura de los miembros de la organización, junto a referentes del narcotráfico como Pablo Escobar Gaviria y Joaquín "Chapo" Guzmán, secuestrada en la casa de uno de los líderes de la banda. Foto: Unidad Fiscal Salta

El fiscal también destacó el volumen de droga involucrado en los dos procedimientos juzgados y señaló que la cocaína secuestrada tenía capacidad para producir más de dos millones y medio de dosis.

“Se tenía un desprecio por la ley, como así también por la vida, lo que nos hace reflexionar sobre el daño causado y el bien jurídico vulnerado”, concluyó.

El análisis de registros informáticos, movimientos bancarios y comunicaciones telefónicas permitió identificar a dos efectivos policiales presuntamente involucrados en la confección de documentación irregular, y en el cobro de sumas de dinero vinculadas a esos trámites.

Bajo la dirección de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, personal de la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales(CIF)allanó esta mañana dos domicilios en el marco de una investigación por presunta adulteración de certificados de antecedentes penales.

Los procedimientos se realizaron en viviendas pertenecientes a agentes de la Policía de la Provincia, ubicadas en los barrios Juan Manuel de Rosas y San Isidro, donde se secuestró documentación de interés para la causa y teléfonos celulares.

La intervención de UDEC se inició a partir de una denuncia presentada por la jefa del Departamento Judiciales de la Dirección General de Investigaciones (DGI) de la Policía de la Provincia, tras advertir la desaparición de once troqueles de seguridad utilizados para la emisión de certificados de antecedentes penales.

De acuerdo con las actuaciones, la irregularidad fue detectada en la División Antecedentes Personales, donde se constató el faltante de once stickers o troqueles de seguridad numerados correlativamente, elementos indispensables para la validación de los certificados de antecedentes policiales.

A partir de las verificaciones realizadas, se estableció que alrededor de las 6 de la mañana había permanecido en el sector un agente que ese día se encontraba asignado a otra actividad y que presta servicios en la Oficina de Dactiloscopía, área cuyos integrantes no poseen facultades para percibir aranceles ni intervenir en operaciones de cobro vinculadas a trámites administrativos. La revisión de los sistemas informáticos reveló además, que en una carpeta digital asociada a ese efectivo figuraban confeccionados certificados, una tarea ajena a sus funciones habituales y a las competencias de su cargo.

Personal del Departamento de Investigaciones UDEC entrevistó a las personas que figuraban como titulares de los certificados observados, constatando que los certificados de dos docentes contenían troqueles reportados como desaparecidos. Las maestras manifestaron que un hombre vestido de civil les había ofrecido gestionar el trámite y que incluso concurrió a la escuela donde trabajan con el formulario y una almohadilla para la toma de huellas dactilares. Por esa gestión, transfirieron 32 mil pesos a un alias bancario.

Los investigadores identificaron a ese hombre como un agente de la Policía y establecieron que el alias informado correspondía a la cuenta del otro agente, de Dactiloscopía. También se individualizaron diversas líneas telefónicas utilizadas por ambos sospechosos. Se determinó además, que uno de ellos operaba distintas líneas mediante un mismo equipo telefónico.

El entrecruzamiento de la información permitió verificar múltiples comunicaciones entre los investigados en fechas consideradas relevantes para la causa.

Por otra parte, el análisis de movimientos bancarios permitió reconstruir transferencias de fondos que coinciden temporalmente con los hechos denunciados. El 5 de mayo, por ejemplo, uno de los sospechosos recibió transferencias de dos personas por un total de 64 mil pesos, el mismo día en que se habrían confeccionado y entregado los certificados apócrifos. Asimismo, se detectaron operaciones cruzadas entre las cuentas de los investigados, consistentes en transferencias recíprocas realizadas entre febrero y mayo de 2026.

Del análisis informático surgió además, que el agente que prestaba servicios en Dactiloscopía habría ingresado de manera irregular a las oficinas de la dependencia y modificado un archivo digital compartido para incorporar los datos de dos personas en formularios oficiales. Para otorgar apariencia de autenticidad a la documentación, también se habrían utilizado troqueles de seguridad y sellos institucionales que habían sido sustraídos de la dependencia.

En cuanto al segundo agente, habría empleado sus vínculos con una institución educativa para ofrecer la obtención de certificados de antecedentes personales por fuera de los canales oficiales, eludiendo deliberadamente el sistema informático de turnos web y las normativas arancelarias de la institución.

Teniendo en cuenta la información reunida, la fiscal Salinas Odorisio solicitó el allanamiento de las viviendas de los sospechosos y el secuestro de documentación y teléfonos celulares. La medida fue autorizada por el juez Diego Rodríguez Pippino.

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La Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios (UPATecO) celebra su cuarto aniversario consolidando su presencia en toda la provincia y fortaleciendo su propuesta académica orientada a la formación vinculada al mundo del trabajo y al desarrollo regional.

Actualmente, más de 6 mil estudiantes cursan alguna de las 44 tecnicaturas que ofrece la institución, con propuestas académicas relacionadas a administración, tecnología y oficios estratégicos para las distintas regiones de Salta.

En estos cuatro años, la universidad ya alcanzó los 537 egresados, quienes recibieron sus títulos en distintas carreras y formaciones impulsadas por la UPATecO.

La UPATecO cuenta hoy con 10 sedes distribuidas en el interior de la provincia, fortaleciendo el acceso a la educación superior en distintos municipios y promoviendo oportunidades de formación en cada región. En ese marco, las autoridades adelantaron que en los próximos meses se inaugurará una nueva sede en Campamento Vespucio, ampliando así la presencia territorial de la universidad.

El rector de la UPATecO, Carlos Morello, destacó el crecimiento sostenido de la institución y remarcó el objetivo de continuar acercando educación pública y de calidad a toda la provincia.

“Hace cuatro años iniciábamos un proyecto educativo innovador, impulsado por el gobernador Gustavo Sáenz como una verdadera política de Estado orientada a generar oportunidades y responder a las demandas productivas de cada región. Hoy vemos una universidad consolidada, con miles de estudiantes y 537 egresados que culminaron sus trayectos de formación en distintas carreras y tecnicaturas”, expresó.

Asimismo, señaló que “la expansión territorial de la universidad es una política central para garantizar igualdad de oportunidades y arraigo, permitiendo que los jóvenes puedan formarse cerca de sus lugares de origen”.

Finalmente, Morello sostuvo que la UPATecO continuará ampliando su oferta académica y fortaleciendo vínculos con sectores productivos y tecnológicos para acompañar el crecimiento de la provincia.

Para romper con la maldición del refrán, generalmente se necesitan algunas cosas: una identidad muy marcada que enorgullezca a su comunidad, un impacto social directo, o a veces, tener que triunfar afuera primero para que los de adentro finalmente digan: "¿Ves? Ella es de los nuestros".

HOMENAJE EN EL SENADO PROVINCIAL

El 4 de junio en la 13° Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores presidida por el Vicegobernador Antonio Marocco, se realizó un el reconocimiento a la Escritora, Docente e Investigadora, Licenciada Blanca Margarita Omar, oriunda de nuestra ciudad de Joaquín V. González, por su destacada trayectoria, desempeño y contribución en diferentes áreas de la educación. Este homenaje fue solicitado por la Senadora Alejandra Navarro.

Sin lugar a dudas, Blanquy Omarlogró ser profeta en su tierra como aquellos que, sin importar qué tan alto vuelen, nunca pierden el cordón umbilical con sus raíces. La gente lo nota, la valora y la premia con una lealtad indestructible.

SEMBLANZA DE BLANQUY

Nació en Joaquín V. González. Es Profesora y Licenciada en Letras egresada de la Universidad Nacional de Tucumán. Especialista en Lengua (UNY). Se desempeñó en cátedras de literatura en los niveles secundario, superior y universitario. Con posgrados en Literatura, Alfabetización y Didáctica. Dictó seminarios y cursos en áreas de su especialidad, con producción académica y trabajos de investigación.

Expositora y disertante en Congresos, Simposios y Coloquios a nivel provincial, nacional e internacional. Fue Jurado en certámenes literarios a lo largo del país y del exterior. Columnista sobre los “Bicentenarios de la Patria, Paraguay y Argentina”, en Radio de Itacurubí de la Cordillera, Paraguay. Organizó talleres de lectura, escritura y teatro.

Ha recibido, entre otros, los siguientes premios: Premio Homenaje “Alicia Moreau de Justo” (Sec. de Cultura de la Nación), Medalla Distinción por su tarea Literaria y Cultural (Salta), Plaqueta y Diploma de Honor “Fiesta Poesía Latinoamericana”, (Ministerio de Cultura de la Nación) , Faja Nacional de Honor latinoamericana. Faja Nacional de Honor género Poesía (Min. de Ed. y C. de la Nación y Asociación de Escritores Argentinos), Diploma de Honor en Encuentro de Poetas y Narradores (USA), Plaqueta de reconocimiento por su actividad Literaria y Cultural Municipalidad de J. V. González), Medalla y Plaqueta por su contribución Literario-Cultural (Cambridge, Inglaterra).

Entre 1983-2016 participó en las Antologías: Al filo de la imagen (Bs. As); Voces Femeninas en la poesía actual (Bs. As.), A la luz, T. 1 y 4 (California); Encontrando raíces (Bs. As.); Poemas en la Feria (Salta); Caracol marino (México); Punto de Encuentro (Uruguay); Poetas argentinos contemporáneos T. 1 y 3 (Mendoza); Por Amor al Arte (Córdoba), entre otras.

Ha publicado en género poesía y teatro: Poemas con... (1983). Conjeturas (1984). Reencuentro (1995). Alcancías pedregosas (1987). Del crecer y otros dolores (1989). Búsqueda en tres acentos (1994). Teatro: (El sexo, El reverso de los días, Tiempo de Amante y Alfonsina) (1996). En areneros de tiempo (1997). La mujer de piedra (1998). Hablemos de amor que el milenio pasa (1999). Muñeca de trapo (2004). El Censo 2 (2009). El Formulario (2013). La Composición (2014).

Este desajuste entre la necesidad de estar informados y el escaso valor (social y económico) que se le otorga a la profesión se debe a varias razones interconectadas.

En primer lugar, existe una crisis del modelo de negocio y la ‘gratuidad’. La llegada de internet acostumbró al público a consumir noticias sin pagar. Al caer los ingresos por publicidad tradicional o suscripciones, ocurrió un efecto dominó.

Nuestros ingresos bajaron, generando inseguridad y fragilidad laboral debido a que las tareas se multiplicaron. Como ocurre en muchos medios de comunicación, incluso en nuestro ZONA SUR SALTA, un mismo periodista hoy debe escribir, tomar fotos, grabar video y gestionar redes.

Por lo tanto, al haber menos presupuesto dedicamos menos tiempo para investigar, contrastar fuentes y movilizarnos al lugar de los hechos. Esto hace que gran parte de nuestro trabajo pierda calidad

En segundo lugar, para sobrevivir digitalmente, muchos medios dependemos del volumen de visitas, que ha llevado a una alarmante ‘infoxicación’. Se prioriza el escándalo, el chisme o el titular sensacionalista (clickbait, ciberanzuelo o cibercebo), sobre el análisis profundo. Y a esto hay que sumarle la inmediatez. La prontitud por ser el primero en publicar provoca que se cometan errores graves o que se difundan noticias sin verificar. El público percibe esto como falta de rigor.

Politización y pérdida de credibilidad

En un mundo altamente polarizado, la percepción de neutralidad se ha diluido en líneas editoriales extremas. Muchos medios, grandes y chicos, se han alineado de forma evidente con intereses políticos o corporativos específicos para asegurar su financiamiento.

El espejismo de la ‘democratización’ de la información

Con las redes sociales, cualquier persona con un teléfono inteligente puede reportar un evento en tiempo real. Esto ha generado una falsa equivalencia.

El mito: "Si ya me entero de todo por Twitter o TikTok, ¿para qué necesito a un periodista?"

Esto ignora que el verdadero periodismo no es solo contar qué pasó, sino investigar por qué pasó, verificar que sea cierto y darle un contexto. La falta de distinción entre un creador de contenido y un periodista profesional devalúa a este último.

La transversalidad de la  mala labor

Como en cualquier profesión, los errores de unos pocos manchan al colectivo. El periodismo agresivo, los opinólogos que se hacen pasar por periodistas y los difusores de chismes, suelen ser más visibles que el periodista de investigación que pasa tiempo revisando una nota y arriesgando hasta su integridad física al exponerse.

Lamentablemente el periodismo sobrelleva una paradoja porque por un lado es un pilar fundamental para la democracia, pero por otro se le juzga por sus peores ejemplos y se lo asfixia económicamente. Volver a valorar la profesión requiere que el público entienda que la información de calidad tiene un costo, y que los medios recuerden que su mayor activo no es el clic, sino la credibilidad.

Con este ejemplar ustedes podrán acceder al resumen de los hechos más importante de los últimos días. Noticias del ámbito Judicial, Político, Policial, Cultural, Salud, Deportivo y Educativo. Además, columnas de Opinión, Entrevistas, Páginas Literarias y Curiosidades.

El fiscal penal 2 de Anta, César Saravia, a través de la delegación Las Lajitas, imputó de forma provisional a dos hombres de 22 y 29 años como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, previsto y reprimido por el artículo 5°, inciso c), de la Ley 23.737. Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó que los imputados permanezcan detenidos.

Según la investigación, los acusados habrían desarrollado actividades de venta de sustancias prohibidas tanto desde sus domicilios como mediante la modalidad de entrega a terceros en distintos puntos de la localidad.

Las tareas realizadas por personal de la División Investigaciones Narcocriminal Las Lajitas permitieron documentar presuntas maniobras compatibles con la comercialización de estupefacientes, por lo que se solicitó una orden de allanamiento, secuestro y detención para los domicilios de los investigados.

Durante los allanamientos realizados el 29 de mayo pasado, se secuestraron envoltorios con sustancias que, tras las pruebas orientativas de campo, arrojaron resultado positivo para pasta base, cocaína y marihuana. También se incautaron plantas de cannabis, semillas, teléfonos celulares, dinero en efectivo, elementos de corte y fraccionamiento y dos motocicletas presuntamente utilizadas para la actividad investigada.

En este marco el vicegobernador Antonio Marocco afirmó "cuando una provincia abre sus puertas a la ciencia, al conocimiento y a la cooperación internacional, está abriendo también una puerta hacia el futuro". Además, destacó el talento, creatividad y capacidad que tiene América Latina para ser protagonista en esta nueva etapa del conocimiento y sobre nuestra provincia dijo "Salta, desde el norte argentino, quiere aportar a esa construcción con humildad, con trabajo y con visión de futuro".

Por su parte, la titular de la cartera educativa Cristina Fiore Viñuales, dijo sobre la conferencia "Este encuentro reúne a 16 países y busca analizar la aplicación práctica de toda la ciencia del espacio en la sociedad".  Resaltó principalmente la cantidad de actividades destinadas a estudiantes, docentes y público en general con las que cuenta la conferencia y que se llevarán adelante mañana 2 de junio.

El coordinador de Promoción y Desarrollo Tecnológico Livio Gratton dijo: "Buscamos el nivel más alto en las presentaciones, con un contenido muy profundo en lo técnico y lo que se expande al espacio y la sociedad".

Mañana martes 2 de junio se desarrollarán actividades interactivas destinadas a estudiantes, entre ellas charlas sobre inteligencia artificial, robótica educativa y aplicaciones de la energía solar, además de competencias de dibujo, robots de exploración, y talleres de cohetes de papel.

Además, estuvieron presentes el Representante de Relaciones Internacionales, Julio San Millán; el Secretario de Cultura, Diego Ashur Más; el Secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker y el Subsecretario de Planeamiento Educativo y Desarrollo Profesional, Julio Corimayo; y el Subsecretario de Vinculación Tecnológica, Carlos Porcelo.

En este primer día expusieron:

Rainer Sandau, Director de satélites y aplicaciones espaciales de la Academia Internacional de Astronáutica.
Les Johnson, ex Jefe Tecnológico del Centro Espacial Marshall de la NASA
Livio Gratton, Coordinador de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura de Salta
Ilaria Roma, Jefa de la sección ingeniería y misiones futuras de la ESA, Agencia Espacial Europea.

Luego se realiza el Panel de Gerentes de Área Espacial, moderado por Marcelo Colazo, con la participación de Luis Genovese (INVAP), Hugo Nahuys (ARSAT) y Josefina Pérez (CONAE): tres de los exponentes más relevantes de la industria espacial argentina.

Instituciones que participan de la conferencia:
​CONAE
​ NASA
​ Agencia Espacial Europea
​ Agencia Espacial Brasileña
​ Gobierno de la provincia de Salta
​ Ministerio de Educación y Cultura
​ Coordinación de Promoción y Desarrollo Tecnológico
​Representantes de la industria aeroespacial internacional: ARSAT, INVAP, ISISpace (Países Bajos), SSTL (Reino Unido), Satellogic, X-SAM, SENyT. 
​Destacados especialistas del ámbito científico y tecnológico como CNEA; CONICET, ITEDA, UTN (Univ. Tecnológica Nacional), UNLP (Univ. Nac, de la Plata), UNSAM (Unv. Nac. De San Martín), UNC (Córdoba), Centro Interdisciplinario de Estudios Espaciales entre otros.​

Del 1 al 6 de junio, la Usina Cultural será sede de la II Conferencia Latinoamericana de la Academia Internacional de Astronáutica (IAA) sobre el Espacio y la Sociedad, un evento que posiciona a la provincia en el centro de la agenda científica global.

El encuentro contará con presentaciones y conferencias de especialistas de la NASA (Estados Unidos), la Agencia Espacial Europea (ESA), SSTL (Reino Unido) e ISISpace (Países Bajos). En representación del ámbito nacional participarán expertos de CONAE, CNEA, CONICET, INVAP, Satellogic, X-SAM, Minera Positiva y de las universidades nacionales de La Plata (UNLP) y de Buenos Aires (UBA).

El martes 2 de junio se desarrollarán actividades interactivas destinadas a estudiantes, entre ellas charlas sobre inteligencia artificial, robótica educativa y aplicaciones de la energía solar, además de competencias de dibujo y robots de exploración, y talleres de cohetes de papel.

Una de las actividades destacadas será el lanzamiento de un globo estratosférico, que se transmitirá en vivo desde San Antonio de los Cobres y estará a cargo de estudiantes de colegios secundarios de la provincia, quienes fueron instruidos por especialistas nacionales e internacionales.

El encuentro es organizado por la Coordinación de Promoción y Desarrollo Científico y Tecnológico del Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia junto a la Academia Internacional de Astronáutica (IAA).

La conferencia será un espacio de intercambio de conocimientos, generación de nuevas ideas y fortalecimiento de vínculos de cooperación entre instituciones educativas, científicas y tecnológicas, organismos públicos y representantes de la industria. Durante las jornadas también se analizarán planes, proyectos y misiones satelitales en marcha, así como aplicaciones concretas con impacto científico y beneficios directos para la sociedad.

Ciudadanos reportaron haber recibido correos electrónicos cuyo asunto hace referencia a “Notificación Extrajudicial”, “Intimación Digital”, “Aviso de despacho emitido – responda a la brevedad” y a un supuesto “Tribunal Regional del Trabajo”.

El correo remitente en los casos consultados no corresponde a un mail oficial del Poder Judicial de Salta. Se detectó que el correo remitente corresponde a dominios @libero.it.

Se advierte que estos correos falsos tendrían como finalidad algún tipo de estafa virtual, robo de datos o infección de equipos informáticos por lo que se recomienda no tocar o copiar ningún link que pudiera estar dentro del cuerpo del texto para evitar caer en la maniobra fraudulenta.

El subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming y el intendente de General Pizarro, Francisco Pérez, encabezaron la segunda jornada de capacitación y Clínica de Conducción Segura para motociclistas que se llevó adelante sobre la avenida 9 de Julio, de ese municipio.

La capacitación estuvo destinada principalmente a trabajadores, que utilizan frecuentemente la motocicleta como herramienta de trabajo y a quienes la utilizan como medio de transporte. La misma, fue impartida por efectivos de la División Educación Vial de la Policía de la Provincia.

En primera instancia, se remarcó la importancia del mantenimiento preventivo del motovehículo, el uso correcto del casco, la postura y las técnicas de conducción, entre otros temas. Para finalizar los instructores avanzaron en un circuito Slalom, con ejercicios prácticos, maniobras defensivas aceleración, frenado y equilibrio, con obstáculos.

Durante el cierre de las actividades, las autoridades presentes hicieron entrega de un casco homologado por la A.N.S.V a cada uno de los participantes.

Estuvieron presente: el secretario de Servicios de Salud de la Provincia, Martin Monerris, el jefe de programa Observatorio Vial de la Subsecretaría de Seguridad Vial, Antonio Soto, el secretario de Gobierno, Jorge Escobar, el director de Tránsito Municipal, Francisco Bautista, la segunda directora del Distrito de Prevención, Verónica Brito, y la comunidad en general. 

El jefe de Gabinete, Sergio Camacho, dio detalles de la decisión anunciada por el gobernador Gustavo Sáenz de financiar con recursos propios la repavimentación del tramo más crítico de la ruta nacional 9/34, entre Metán y Rosario de la Frontera. El mandatario tomó la determinación de reactivar esa obra ante la demora de los compromisos asumidos por Nación. 

Camacho indicó que las tareas se ejecutarán sobre la actual traza, en poco más de 27 kilómetros, y que la Provincia desembolsará entre $2.800 y $3.000 millones para dar seguridad y fluidez vial a los salteños y a todos los que transitan por ese camino, uno de los principales ingresos viales a la provincia y el norte argentino. Se extenderán, aproximadamente, por cinco meses. 

Esta intervención se sustenta en el ordenamiento financiero y la previsibilidad económica que mantiene la administración provincial, con las cuentas públicas equilibradas, lo que otorga el margen necesario para asumir este costo, aunque el mismo le corresponde a la Nación.

“El Gobernador se interesa por cada uno de sus habitantes. Es la Provincia la que va a garantizar, con posterior devolución de parte de Vialidad Nacional, el pago de los certificados para que esto pueda ejecutarse en un tiempo normal”, indicó el funcionario.

El convenio firmado por el Gobernador con el director de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, no implica alteración del contrato de obra pública a cargo de Nación que continuará rigiéndose por los respectivos pliegos licitatorios del proyecto para la construcción de la autopista.  

“Este no es el primer caso ya que la Provincia también asiste financieramente a Nación en la obra de la construcción del Puente de Vaqueros, la técnica Tesla en General Güemes y en el tramo 2 de la ruta nacional 51”, agregó el jefe de Gabinete. “Por eso, por la urgencia y por el riesgo de vida de tantos salteños es que el Gobernador tomó esta decisión”.

En el marco de esta celebración, salas de contextos urbanos, rurales y de Educación Intercultural Bilingüe desarrollan actividades que fortalecen los vínculos entre la escuela, las familias y la comunidad educativa, reafirmando el valor fundamental de la educación en los primeros años de vida.

Las propuestas incluyen experiencias recreativas, muestras institucionales, representaciones culturales, jornadas de lectura, circuitos lúdicos y espacios de intercambio pedagógico entre docentes de distintas regiones, promoviendo entornos de aprendizaje donde el juego, la creatividad y la participación son protagonistas.

Asimismo, en el marco del Primer Encuentro Regional de Maestras Jardineras, se desarrollaron espacios de reflexión e intercambio sobre prácticas pedagógicas y marcos teóricos vinculados a la Didáctica del Nivel Inicial, promoviendo el fortalecimiento de las trayectorias educativas desde una mirada inclusiva, participativa y situada en cada territorio.

En este contexto, también se destaca el trabajo que la provincia viene desarrollando en materia de alfabetización temprana, inicial y familiar con enfoque intercultural y bilingüe, especialmente en ámbitos rurales e indígenas. Desde el año 2022, distintas acciones pedagógicas impulsan propuestas que reconocen la riqueza lingüística y cultural de las comunidades, acompañando procesos de enseñanza y aprendizaje más inclusivos desde los primeros años.

Estas iniciativas permiten fortalecer prácticas educativas contextualizadas, respetando las identidades, las lenguas originarias y las formas de aprendizaje de cada comunidad, con el objetivo de garantizar mayores oportunidades educativas para niñas y niños de toda la provincia.

De manera articulada, UNICEF acompaña procesos de formación destinados a equipos directivos, docentes y maestros bilingües de nivel inicial y primario en escuelas rurales, contribuyendo al fortalecimiento de estrategias pedagógicas vinculadas a la alfabetización y a la diversidad cultural y lingüística.

La Semana de los Jardines de Infantes vuelve a poner en el centro a quienes todos los días llenan de sentido las salas: las niñas y los niños, protagonistas de aprendizajes, descubrimientos y sueños; y las maestras jardineras, que con compromiso, sensibilidad y vocación construyen los primeros pasos de la educación, sembrando huellas que perduran para toda la vida.

El Gobierno de la Provincia informó el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de mayo de 2026 para los trabajadores de la Administración Pública Provincial.

De acuerdo a lo establecido, el sábado 30 de mayo se depositarán los salarios para los agentes de los sectores de salud, seguridad, educación, administración centralizada, descentralizada y resto de la administración pública provincial.

Asimismo, en la misma fecha se efectuará el depósito de la Compensación Transitoria Docente.

Por otra parte, se informó que el martes 16 de junio se realizará el depósito del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al primer semestre del año.

Con la presencia de autoridades legislativas provinciales y locales, fuerzas de seguridad, instituciones educativas, invitados especiales y público en general, la Municipalidad de Joaquín V. González, junto con la Escuela Técnica N° 3114, llevó adelante el Acto Central por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo.