Los anuncios hechos por el presidente electo de ultraderecha de Colombia, Abelardo de la Espriella, apuntan a que podría haber un cambio de rumbo en los mecanismos de justicia transicional en el proceso de paz, tras el conflicto armado interno más largo de la historia de América Latina.
De la Espriella propuso eliminar "con un plumazo" la corte de transición Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga, juzga y sanciona los crímenes cometidos durante el conflicto por guerrilleros, actores paramilitares y agentes del Estado, ofreciendo beneficios jurídicos a quienes reconozcan su responsabilidad por violaciones de los derechos humanos, como reclutamientos y desplazamientos forzados, desapariciones de personas y ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos.
En 2016, el Gobierno de Juan Manuel Santos firmó un Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC-EP, gracias al cual, la JEP entró en funciones. Este tribunal especial siempre tuvo detractores y ha sido controvertido en Colombia desde sus inicios. De la Espriella, que sucede al Gobierno de Gustavo Petro, plantea que la JEP representa un modelo de "impunidad". Incluso ha dicho que va a desmantelar, a partir de su toma de posesión el 7 de agosto, los pilares de la estrategia de la Paz Total de Petro revocando los beneficios otorgados a los grupos armados y reactivando órdenes de captura vigentes.
Su discurso de "mano dura" contra la inseguridad toma como ejemplo la política del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, refiriéndose a la construcción de megacárceles. Su acercamiento al Gobierno de Donald Trump, en Estados Unidos, también genera incertidumbre, tanto entre los actores armados como en las víctimas que reclaman justicia y reparación, debido a que Trump llevó a cabo importantes recortes en la ayuda al desarrollo para Colombia.
"Lo primero que hay que resaltar es que, en este momento, se trata de un anuncio, pero que no deja de preocupar", dice a DW Stefan Peters, director del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ). "Esto tiene antecedentes: Iván Duque hizo campaña diciendo que iba a hacer trizas el Acuerdo de Paz, y la JEP fue una de las instituciones en tela de juicio", hace notar.
"Hoy en día, la JEP, una institución clave en el proceso de paz, que tuvo un gran apoyo de la sociedad civil y la comunidad internacional, está en plenas funciones, y en la fase final de su tarea, pero estamos frente a un gobierno electo que tiene un discurso mucho más radical, unos planteamientos claramente antiliberales y antiinstitucionales, y que parece necesitar tomar decisiones tan contundentes como disruptivas", advierte Peters.
Las cifras de la Comisión de la Verdad, la JEP y el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos en su informe final reflejan la magnitud de la violencia que asoló a la sociedad colombiana, y de sus huellas, que aún perduran.
Abelardo de la Espriella jugó un papel importante en el Acuerdo de Paz como abogado defensor de varios jefes de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), así como de políticos vinculados al paramilitarismo, lo que es aún objeto de polémica.
"De la Espriella no desconoce la política de paz en Colombia. Ha sido parte del proceso de desmovilización de los paramilitares, y se ha quejado siempre del crecimiento de los grupos ilegales, en especial durante la estrategia de la Paz Total del Gobierno del presidente Gustavo Petro", dice a DW Angelika Rettberg, investigadora asociada del Instituto GIGA de Hamburgo. Petro intentó abrir las negociaciones a todos los posibles grupos involucrados para lograr un acuerdo, "pero eso fracasó y generó una multiplicación de la violencia en algunas partes de Colombia", aclara la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes.
Rettberg también es escéptica respecto de la concreción de esos anuncios de Abelardo de la Espriella. "Limitar la JEP, o acabarla, requeriría un proceso de reforma constitucional muy grande y profundo, para el cual probablemente el presidente no tenga las mayorías en el Congreso", explica la politóloga. "En Colombia la separación de poderes funciona, el Congreso tiene un peso real. De la Espriella no tiene una bancada importante en el Congreso todavía, y probablemente tendrá bancadas volátiles".
"A eso se suma un asunto ético: ¿qué se les diría a las miles de víctimas registradas ante la JEP, que esperan una respuesta a sus demandas históricas? También se vería afectada la seguridad jurídica de los exguerrilleros de las FARC y de los militares que confesaron haber participado en las estrategias de falsos positivos, es decir, se afectaría jurídicamente a los acuerdos", evalúa la experta. "Y por último, hay una promesa grande que la JEP ha cumplido y es que, gracias a ella, Colombia tiene más verdad y más memoria que nunca".
Stefan Peters subraya, por su parte que, a pesar de que la JEP, una institución clave en el proceso de paz, tiene sus dificultades, y en el contexto colombiano ha provocado controversia, a nivel internacional es vista como uno de los avances más importantes e innovadores en justicia transicional.
Sin embargo, "uno de los aspectos que más preocupa es su desfinanciación", destaca Peters. "Para llevar a cabo los TOAR [Trabajos, Obras o Actividades con contenido Restaurador-Reparador] la JEP necesita recursos del Estado. En un momento en el que la comunidad internacional está más debilitada por numerosas crisis, y cuando Estados Unidos también se ha alejado del proceso de paz quitando recursos a la cooperación, es fundamental el apoyo de países como Alemania, que sí creen en el orden internacional basado en normas, y por supuesto, de la sociedad civil", afirma.
"Alemania tiene un rol especial en el grupo de cooperantes porque ha hecho una apuesta muy a fondo por la paz. A pesar de los retrocesos y la reconducción de la financiación, sigue apoyando la construcción de paz en Colombia", sostiene Angelika Rettberg. "Los eventuales diálogos bilaterales que puedan surgir entre los Gobiernos de Alemania y Colombia, la protección de los acuerdos logrados hace diez años y la promoción de estrategias de construcción de paz van a seguir siendo una parte muy importante de esa relación", pronostica.
"No olvidemos que Abelardo de la Espriella ganó por un escaso margen, y la oposición y el ámbito académico en Colombia apoyan a la JEP, que es clave para que no exista impunidad. Estamos debatiendo qué se podría hacer para que continúe el proceso de diálogo con este modelo de justicia restaurativa y mantener la seguridad jurídica para las personas que se sometieron a la JEP. Un desfinanciamiento significaría una gran decepción para las víctimas. Sería importante que desde Alemania se señalizara que hay preocupación a través de ciertos canales", dice Stefan Peters, director de CAPAZ.
(ms)
