En el marco de la transición venezolana tutelada por Estados Unidos, el postmadurismo, encabezado por Delcy Rodríguez, ha movido en pocas semanas piezas clave del tablero judicial.

El 9 de abril de 2026, la Asamblea Nacional, bajo su control, designó a Larry Devoe como fiscal general; el 21 de abril activó el proceso para renovar a más de la mitad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Dos días después, Rodríguez designó una comisión para la consulta sobre la reforma de la justicia penal y, en paralelo, anunció el fin de la Ley de Amnistía, vigente desde el 20 de febrero.

El relato oficial presenta estas medidas como parte de un proceso orientado a la reconciliación nacional, la convivencia democrática y la modernización del sistema de justicia. Según esta narrativa, se trataría de medidas necesarias, legales, transparentes y participativas para avanzar hacia una justicia más eficiente, imparcial y accesible.

Sin embargo, este discurso contrasta con los hechos documentados por actores dentro y fuera del país. Familiares de presos políticos; organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición democrática han señalado que las medidas adoptadas se han caracterizado por la opacidad y la discrecionalidad en su diseño y aplicación, así como por su carácter limitado y excluyente. Más recientemente, el Parlamento Europeo ha respaldado estas críticas, subrayando el hecho de que no hayan proporcionado ninguna base para la reconciliación política del país.

La seriedad de estos cuestionamientos obliga a plantearse a qué obedecen esas deficiencias y, en consecuencia, a preguntarse si Venezuela transita realmente hacia la democracia o si se encuentra ante una puesta en escena de la transición.

La Ley de Amnistía no vació las cárceles venezolanas. A más de dos meses de su promulgación, al menos 674 personas continúan presas por razones políticas, según los registros de la organización no gubernamental Justicia Encuentro y Perdón (JEP), dirigida por la abogada Martha Tineo.

Este dato no solo desmiente el discurso oficial. También confirma las advertencias formuladas durante la discusión en la Asamblea Nacional por juristas y organizaciones de derechos humanos sobre el carácter excluyente y limitado del proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo.

Para Tineo, ese carácter restrictivo de la ley no fue producto de una mala técnica legislativa, sino de una decisión política deliberada. Aunque el texto anunciaba un marco temporal amplio de 27 años, a efectos prácticos quedó reducido a apenas 13 eventos concretos.

"Los primeros siete ya no tenían personas detenidas; en los restantes, muy pocas", explica la abogada. A ello se sumó la exclusión de un periodo clave: 2018-2023, donde se concentran la mayoría de las causas por supuestas conspiraciones militares. "Eso no fue casual, fue por diseño", subraya.

Lo grave no se limitó a esa exclusión inicial. La ley incorporó también la discrecionalidad como norma operativa. Sin criterios automáticos de aplicación, sin plazos vinculantes y sin mecanismos de control independiente, la arbitrariedad no fue una anomalía sino una consecuencia directa del diseño de la norma. "La ley no operó como un derecho exigible, sino como un filtro político", resalta Martha Tineo.

Esta discrecionalidad se amplificó cuando, en la práctica, la ejecución de la amnistía quedó en manos de los mismos fiscales y jueces que habían construido los casos sin fundamento. "En un mismo caso, a unos se les notificó la libertad y a otros se les negó. El único patrón verificable es la pura discrecionalidad. Literalmente el funcionario decide a quién sí y a quién no", resume la coordinadora de JEP al describir lo que ocurre en los tribunales.

El carácter excluyente de la amnistía se consolidó con la decisión de Delcy Rodríguez de dar por finalizada la vigencia de la medida. Esta orden ejecutiva, advierte Tineo, vulnera un principio elemental del Estado de derecho: solo una ley deroga otra ley. La arbitraria decisión del Ejecutivo Nacional deja en situación de indefensión a un número significativo de perseguidos políticos –en particular a quienes permanecen en el exterior– que aún tramitaban el beneficio de la ley.

El patrón de simulación de la ley de Amnistía también aparece en la designación de los nuevos integrantes del Poder Ciudadano, cargos que exigen independencia frente al poder político. "Aquí se están generando pantallas de televisión", señala Martha Tineo al referirse a estos nombramientos: "Se publican convocatorias, se generan expectativas, pero al final, a puerta cerrada, deciden lo que todo el mundo sabía que iban a decidir: nombres distintos, pero los mismos de siempre".

La oenegé Acceso a la Justicia señala al respecto que estos nombramientos se realizaron a través de un proceso con "escasa transparencia y amplio margen de discrecionalidad". Bajo este esquema, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, designó a Larry Devoe como el nuevo fiscal general. Devoe, figura muy cercana a Delcy Rodríguez, ocupó múltiples cargos de confianza en el gobierno de Nicolás Maduro, y Canadá lo incluyó en 2019 en su lista de funcionarios sancionados.

Los graves señalamientos formulados desde la sociedad civil venezolana a las medidas del postmadurismo han recibido un respaldo internacional explícito. En su resolución del 30 de abril de 2026, luego de evaluar la Ley de Amnistía, el Parlamento Europeo le reiteró al Consejo que no debían levantarse las sanciones impuestas a los violadores de derechos humanos mientras en Venezuela no se adopten "medidas significativas" hacia una transición a la democracia, acompañadas de "una hoja de ruta creíble para unas elecciones libres y justas".

El Parlamento fue contundente al señalar "las carencias y deficiencias" de la Ley de Amnistía: su alcance limitado, excluyente, discriminatorio; la ausencia de una liberación incondicional de todos los presos políticos; la falta de una aplicación automática; y la obligación de los perseguidos de acudir ante un poder judicial controlado por el propio régimen e incluso de admitir acusaciones falsas. El texto añade que la amnistía no restituyó de forma plena los derechos civiles y políticos de los perseguidos; y que fue finalizada de forma inconstitucional.

Lo que dejan al descubierto estas críticas es un dato político de crucial importancia: las medidas de apertura impulsadas por el postmadurismo bajo la presión del tutelaje externo –amnistías, excarcelaciones, gestos de reconciliación, renovaciones institucionales y comisiones de reforma– no cumplen realmente con el objetivo de impulsar "de manera significativa al país hacia una transición pacífica a la democracia", tal como señala expresamente el Parlamento Europeo en su resolución.

En la práctica, se trata de medidas opacas, excluyentes e insuficientes: no restituyen plenamente los derechos políticos y civiles, mantienen mecanismos de coerción sobre los disidentes y no desmantelan el aparato de represión y persecución política, cuyos responsables cambian de nombre, pero siguen siendo incondicionales al régimen.

Estas deficiencias no parecen ser el producto de la improvisación, de las limitaciones políticas coyunturales ni de la torpeza institucional. Todo apunta a un patrón deliberado de actuación que puede definirse como "vaciamiento transicional": un proceso mediante el cual los instrumentos formales de la democratización se activan, pero vaciados de contenido real, y son utilizados para simular el tránsito hacia la democracia mientras se preservan los resortes fundamentales del poder, y se neutralizan –o se impide que surjan– actores capaces de hacer irreversible el proceso de transición.

En cierto sentido, el postmadurismo de Delcy Rodríguez recurre al mismo subterfugio que utilizaron Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro para instaurar una autocracia en Venezuela: desmontar la democracia desde dentro. Solo que, esta vez, lo que se vacía de contenido no es la democracia, sino la transición hacia ella, con el objetivo de preservar la dictadura bajo nuevas formas.

En aquella oportunidad, la simulación institucional funcionó y la sociedad venezolana no reaccionó con suficiente anticipación para impedir la autocratización del país. ¿Volverá la puesta en escena a funcionar, esta vez para bloquear la transición?

(cp)