La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre una grave crisis de derechos humanos en torno a la desaparición de personas en México, señalando que muchas de ellas son cometidas por el crimen organizado en complicidad con las autoridades, aunado a que mostró especial preocupación por el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de la delincuencia organizada.

Al publicar su informe “Desaparición de Personas en México”, cuyo objetivo es dar cuenta de los avances y desafíos de las políticas adoptadas por el Estado mexicano para hacer frente a la crisis humanitaria de desaparición de personas en el país desde el 2018, el organismo internacional, reveló que las desapariciones en nuestro país es un fenómeno que afecta a diversos sectores sociales.

Mostrando características particulares que rodean las desapariciones de niñas, niños y adolescentes, por su reclutamiento e involucramiento con el crimen organizado, las de mujeres y personas LGBTIQ+ basadas en su género, y las de personas defensoras y periodistas por las labores que ejercen.

Además de señalar que también impacta con mucho ensañamiento en personas migrantes por las condiciones de inseguridad en sus rutas de tránsito.

Sobre el caso de las desapariciones de menores de edad, el informe indica que de acuerdo con registros oficiales, a agosto de 2025, existen alrededor de 18,000 niños, niñas y adolescentes desaparecidos en México menores de 18 años, por lo que observó retos ante estas desapariciones por la aplicación limitada de protocolos específicos y la falta de un enfoque comunitario e intercultural de la búsqueda.

De igual modo, la Comisión dijo contar con testimonios de colectivos de personas buscadoras en Sonora que manifestaron conocer de situaciones de adolescentes de entre 13 y 14 años que son reclutados por el crimen organizado a cambio de dinero o armas.

“En algunos casos, las víctimas regresarían con vida. En otros casos, los adolescentes se unirían permanentemente a los grupos criminales, o perderían la vida en enfrentamientos armados”, señala el informe.

Indicó este tipo de reclutamiento por parte de la delincuencia organizada se da en Zonas de Alta Incidencia Delictiva en México y sería más proclive en 18 entidades; destacando el estado de México (municipios de Ecatepec 67 de Morelos, Naucalpan de Álvarez, Tlanepantla de Baz, Nezahualcóyotl y Cuatitlánizcalli); Guanajuato (municipios de León, Celaya, Irapuato, Apaseo el Grande, Salamanca y Yuriria); Jalisco (municipios de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zuñiga, Zapopan, Tonalá y Lagos de Moreno); y Sonora (municipios de Cajem, Hermosillo, Guaymas, Nogales, Caborca y San Luis Río Colorado).

Incluso, en audiencia pública, la CIDH fue informada de que niños sobrevivientes del reclutamiento declararon haber sido usados como combatientes, para la preparación de estupefacientes o como mensajeros.

A la vez que llama la atención de que el reclutamiento de hombres para estas labores violentas en específico también es una manifestación de sesgos de género, ya que en algunos casos, el reclutamiento aparenta ser “voluntario” aunque responde a presiones económicas o de seguridad contra el niño, la niña o su familia.

La CIDH también recibió información sobre el reclutamiento de hombres jóvenes por parte de la delincuencia organizada a través de ofertas laborales falsas, fenómeno observado en Nayarit, Jalisco y Zacatecas.

Por otro lado, la Comisión observó que la práctica de desaparición de personas en México genera una grave crisis de derechos humanos, pues al cierre de su informe, a junio de 2025, se contaban más de 128,000 personas desaparecidas y conteos independientes calculaban más de 70,000 cuerpos bajo custodia del Estado no identificados.

En su informe, la CIDH refiere que la autoría de las desapariciones corresponde, en gran medida, al crimen organizado. Sin perjuicio de lo anterior, las desapariciones forzadas, es decir, aquellas cometidas por funcionarios estatales, aún no han sido del todo erradicadas: “se documentan en el informe varios casos en que estas habrían ocurrido en connivencia entre el crimen organizado y autoridades encargadas de tareas de seguridad y de procuración de justicia, así como autoridades políticas”.

A su vez, la Comisión advierte que la impunidad en los casos de desaparición es apremiante y que se evidencia en la casi nula judicialización de casos y la baja emisión de sentencias. A pesar de esfuerzos recientes en el acceso a la justicia, como la judicialización de casi una veintena de casos de desaparición y desaparición forzada en el último año, estos aún son limitados frente a la magnitud del fenómeno.