Nuevo punto crítico en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. En las últimas horas, un alto funcionario del Gobierno estadounidense, citado por la agencia de noticias Reuters, declaró que el exmandatario Raúl Castro fue imputado de cargos criminales, aunque Washington no ha hecho el anuncio oficial.

Previamente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos convocó para este miércoles 20 de mayo una conferencia en la Torre de la Libertad de Miami —símbolo histórico del exilio cubano— encabezada por el fiscal general interino Todd Blanche y el fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones. Aunque la convocatoria no mencionó oficialmente a Castro, medios estadounidenses como ‘CBS News’ y ‘Miami Herald’ aseguran que allí se anunciarán cargos penales relacionados con el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate.

Una fuente entrevistada por la agencia de noticias AP señaló que la posible acusación está relacionada con la presunta participación de Castro en el derribo de dos avionetas operadas por el grupo exiliado Hermanos al Rescate, con sede en Miami. El hecho tuvo lugar en 1996, cuando Castro se desempeñaba como ministro de Defensa.

La investigación se centra en el ataque ocurrido el 24 de febrero de ese año, cuando cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea cubana derribaron las dos aeronaves, causando la muerte de cuatro personas: Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, ciudadanos estadounidenses, además de Pablo Morales, residente legal en Estados Unidos.

Según una investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el derribo ocurrió en aguas internacionales, fuera del espacio aéreo cubano. Las familias de las víctimas sostienen desde hace décadas que Raúl Castro autorizó la operación militar.

La Habana ha defendido históricamente la actuación de sus Fuerzas Armadas alegando que las aeronaves realizaban provocaciones contra la isla y calificando a los integrantes de Hermanos al Rescate como “terroristas”.

Además de la investigación por el caso de 1996, Raúl Castro también fue objeto de pesquisas federales en los años noventa por presuntos vínculos con el narcotráfico, aunque aquellas investigaciones nunca derivaron en una acusación formal debido a dudas sobre la solidez de las pruebas y consideraciones diplomáticas.

La posible acusación formal requerirá todavía la aprobación de un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida, aunque fuentes cercanas al caso afirman que el Departamento de Justicia ya avanzó significativamente en la recopilación de pruebas.

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El derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate marcó un punto de inflexión en las relaciones bilaterales. Tras el incidente, el Congreso estadounidense aprobó la Ley Helms-Burton, que endureció y consolidó el embargo económico impuesto a Cuba desde 1962.

En aquel momento, el entonces presidente Bill Clinton exploraba un acercamiento limitado con La Habana, pero el ataque provocó una fuerte reacción política en Washington y entre la comunidad cubana en el exilio.

Washington ya había procesado anteriormente a personas vinculadas con el caso. Gerardo Hernández, identificado como líder de una red de espionaje cubana en territorio estadounidense, fue condenado por conspiración para cometer asesinato, aunque posteriormente fue liberado durante el acercamiento diplomático impulsado por Obama en 2014.

La posible imputación del exmandatario cubano representa ahora un giro de enorme alcance político y judicial, en un momento en que la Casa Blanca parece decidida a incrementar la presión sobre La Habana y reconfigurar el equilibrio regional tras la caída del gobierno de Maduro en Venezuela.

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En paralelo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció este miércoles una “nueva relación” al pueblo cubano en un mensaje en español difundido con motivo del Día de la Independencia de Cuba, en el que responsabilizó al Gobierno de la isla de la profunda crisis económica y social que atraviesa el país. Se trata de la primera vez que Rubio se dirige directamente a la población cubana desde que asumió el cargo.

En su discurso, Rubio acusó al conglomerado empresarial militar GAESA —fundado por el expresidente Raúl Castro— de controlar la mayor parte de la economía cubana y enriquecerse mientras la población enfrenta apagones, escasez de alimentos y falta de combustible. “La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares”, afirmó. El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo además que “Cuba no está controlada por ninguna revolución”, sino por GAESA, grupo que, según Washington, controla cerca del 70 % de la economía nacional a través de hoteles, bancos, remesas y empresas estatales.

Rubio aseguró que la Casa Blanca propone una relación directa con “el pueblo cubano y no con GAESA” y anunció una oferta de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas que, según explicó, serían distribuidos mediante la iglesia católica y organizaciones benéficas “de confianza” para evitar que terminen en manos del aparato estatal cubano. El secretario de Estado defendió además el derecho de los ciudadanos cubanos a poseer negocios privados y desarrollar empresas independientes, desde medios de comunicación hasta estaciones de servicio. “Una nueva Cuba”, concluyó Rubio en su mensaje.

Por su parte, el Gobierno cubano y medios estatales atribuyen la crisis económica al embargo estadounidense y a las nuevas sanciones impuestas por Washington. La Habana denuncia además que Estados Unidos actúa “como policía del mundo” y viola el derecho internacional al presionar a terceros países para cortar vínculos comerciales con Cuba. Mientras tanto, la situación interna continúa deteriorándose: en varias regiones del país la electricidad apenas funciona durante algunas horas al día y persisten los problemas de abastecimiento, en lo que analistas consideran la peor crisis económica cubana en décadas.

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La imputación prevista amenaza con abrir una nueva fase de confrontación entre ambos países, cuya relación atraviesa uno de sus momentos más tensos desde el restablecimiento diplomático impulsado durante el gobierno de Barack Obama.

El Gobierno cubano no ha reaccionado oficialmente a las versiones sobre la acusación, aunque el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, aseguró recientemente que Cuba seguirá avanzando “con soberanía hacia su desarrollo socialista” pese a las sanciones y amenazas estadounidenses.

Por su parte, el actual presidente cubano Miguel Díaz-Canel advirtió esta semana que cualquier acción militar de Estados Unidos contra la isla provocaría “un baño de sangre” y reiteró que Cuba “no representa una amenaza”.

Aunque Raúl Castro dejó la Presidencia en 2018 y se retiró formalmente de la dirección del Partido Comunista en 2021, sigue siendo considerado una de las figuras más influyentes del poder cubano. A sus 94 años, su eventual procesamiento tendría un enorme impacto simbólico y político en la historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

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Con Reuters, AP y EFE