La cuestión de la seguridad se impone ante los 14 candidatos que disputarán la Presidencia de Colombia-aunque tres con posibilidades reales de llegar al Ejecutivo, según las encuestas–, cuya primera vuelta está prevista para el 31 de mayo.

Y es que Colombia atraviesa la peor ola de violencia de la última década. Un aspirante a la presidencia, Miguel Uribe, fue asesinado durante el verano de 2025, y una serie de atentados con bombas sacudió el sur del país.

El pasado martes 19 de mayo, el senador Alexander López afirmó que su caravana había sido atacada en el Cauca, bastión de los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “Abrieron fuego, mi vehículo fue blanco de disparos”, relató al canal ‘Caracol’.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó al Estado Mayor Central (EMC), la principal facción disidente de las FARC, de ser responsable del ataque. “El vehículo blindado del senador Alexander López fue acribillado a balazos por el grupo de narcotraficantes liderado por Iván Mordisco y Marlon”, escribió en la plataforma X el jefe de Estado colombiano, denunciando al enemigo público n.º 1 del país y a uno de sus secuaces más temibles.

Unas horas antes, seis personas murieron en el ataque contra una caravana oficial en la región del Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela.

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Este recrudecimiento de la violencia recuerda los años oscuros de las décadas de 1980 y 1990, cuando los narcotraficantes y los grupos armados ensangrentaban la vida política colombiana. Ante este resurgimiento de la violencia, los candidatos discrepan sobre cómo responder a ella.

El favorito en las encuestas, el candidato del oficialismo y de izquierda, Iván Cepeda, apuesta por continuar la estrategia de diálogo con los grupos armados iniciada por el actual mandatario Gustavo Petro, quien dejará la Presidencia a finales de agosto.

En segundo lugar en las encuestas de opinión, el abogado y candidato de derecha, Abelardo de la Espriella, propone librar una guerra frontal contra las organizaciones criminales.

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Diez años después del histórico Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las FARC, los excombatientes que decidieron deponer las armas se encuentran hoy entre los objetivos de los nuevos guerrilleros y los narcotraficantes.

En 2016, 13. 000 miembros de las FARC se adhirieron a un pacto de paz histórico con el Estado, pensando que traería la calma a las zonas del país donde habían combatido.

Pero actualmente, muchos sectores se enfrentan a grupos armados, ya sean disidentes de las extintas FARC, antiguos paramilitares o carteles de narcotráfico. Todos ellos están involucrados en mayor o menor medida en el tráfico de cocaína, de la que Colombia es el principal productor mundial.

En el departamento del Huila, en el suroeste del país, los habitantes de Algeciras viven bajo la amenaza permanente de varias facciones disidentes de las FARC que rechazaron el acuerdo de 2016. Los defensores de los derechos humanos y los excombatientes son constantemente acosados, o incluso sufren un destino peor.

Desde la firma del acuerdo, 492 excombatientes que optaron por la paz han sido asesinados, según indica el jefe de la misión de verificación de la ONU, Miroslav Jenca.

Los grupos criminales tienen en la mira a los firmantes del Acuerdo de Paz debido a que los consideran traidores u obstáculos, presionándolos para que se unan a los movimientos delictivos o, de lo contrario, enfrentan amenazas de asesinato.

“Dicen que sé manejar los números (...) y que necesitan trabajar conmigo”, cuenta un exmiembro de las FARC que se encargaba de la logística en la guerrilla. Pide permanecer en el anonimato debido a las amenazas que ha recibido por negarse a volver a tomar las armas.

En el pueblo donde vive, nadie conoce su pasado. “Dediqué mis mejores años a la guerrilla y no quiero volver a ponerme esas botas nunca más”, remarca.

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Este artículo fue adaptado de su versión original en francés

Con AFP