La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles que el Gobierno de Estados Unidos ha expulsado a miles de cubanos sin el debido proceso y "dejando a muchos desamparados, sin acceso a servicios básicos", empleando además a México "como un vertedero de personas a las que no puede deportar a sus países de origen", afirmaciones surgidas a partir de los hallazgos de un extenso informe sobre abusos cometidos contra cubanos durante más de un año.

"'Nos abandonan a nuestra suerte': Cubanos y ciudadanos de otros terceros países deportados de Estados Unidos a México" es el título de un informe de 66 páginas que documenta los abusos del Gobierno estadounidense contra cubanos y ciudadanos de otros terceros países deportados a México entre enero de 2025 y marzo de 2026.

La situación de estas personas es tal que la investigadora en HRW Alcira Silva Hava alegó que "la Administración (del presidente de Estados Unidos Donald) Trump está utilizando a México como un vertedero para personas a las que no puede deportar a sus países de origen, incluyendo a muchos cubanos que han vivido en Estados Unidos durante décadas".

"El Gobierno mexicano no les ofrece ninguna vía para obtener un estatus legal permanente fuera del sistema de asilo, dejando a muchos en una situación de incertidumbre, sin refugio, sin medicamentos y a merced de organizaciones criminales", señaló.

Además, el proceso experimentado por los expulsados también está salpicado de críticas: HRW entrevistó a 53 nacionales de terceros países deportados de Estados Unidos, 41 de ellos cubanos. "La mayoría de estos hombres habían vivido en Estados Unidos, principalmente en Florida, durante años o décadas tras huir de Cuba debido a la represión política o la falta de oportunidades económicas", apuntó la ONG en un comunicado en el que subraya que "muchos habían creado negocios, poseían viviendas y dejaron familiares en Estados Unidos" y que "la mayoría tiene 60 años o más y padece enfermedades crónicas que requieren tratamiento médico continuo".

"Ninguna de las personas entrevistadas tuvo la oportunidad de impugnar su deportación a México, lo que vulneró sus derechos al debido proceso, tanto según la legislación estadounidense como la internacional", denunció Human Rights Watch, que apunta que "las autoridades estadounidenses las deportaron sin documentación, dinero ni pertenencias personales", mientras que las autoridades mexicanas "los dejaron en condiciones precarias, sin acceso a vivienda ni atención médica".

"Sin un camino claro hacia la regularización de su situación, muchos tienen pocas perspectivas de mejorarla. Algunos se han visto obligados a vivir en la calle, incluso en parques o a las afueras de hospitales", ha advertido la ONG, que ha señalado que "el asilo es, en esencia, la única vía legal que tienen los deportados para obtener la residencia permanente en México, pero muchos que han estado fuera de Cuba durante décadas simplemente no tienen, o es poco probable que puedan demostrar, un temor fundado a la persecución en el país".

Además, aun de disponer de argumentos y pruebas, "el proceso es arduo" y "la burocracia de la Agencia Mexicana de Asistencia a los Refugiados, con recursos insuficientes, es lenta y está plagada de trámites que dificultan enormemente el acceso al asilo o a una protección similar", indica HRW.

En concreto, las personas deportadas "fueron enviadas al sur de México, donde ciudades como Tapachula y Villahermosa presentan altos niveles de violencia y una escasa capacidad para brindar protección, vivienda, empleo y acceso a servicios públicos", alertó HRW, atribuyendo a las personas mayores "las consecuencias más graves".

En total, según los datos recogidos por Human Rights Watch, "entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026, las autoridades estadounidenses deportaron a más de 18,000 nacionales de terceros países, de los cuales casi 13,000 --aproximadamente el 70%-- fueron enviados a México. De ellos, "los cubanos constituyeron el grupo más numeroso, con 4,353 deportados a México durante el mismo período".

De todos ellos, "el 55% tenía antecedentes penales en Estados Unidos, el 16% tenía cargos pendientes pero sin condena, y el 26% no tenía antecedentes penales", mientras que "solo el 16% tenía un delito violento o potencialmente violento como condena más grave".

Con todo, la organización ha situado el inicio de los abusos ya en los centros de detención estadounidenses, donde "muchos sufrieron hacinamiento, temperaturas extremas, alimentación insuficiente, acceso deficiente a atención médica y falta de información sobre sus casos, además de violencia física y verbal por parte de los guardias", según recoge el texto.

En este marco, Human Rights Watch ha reclamado que el Gobierno de Trump debe permitir a "cada persona una oportunidad real de impugnar su país de deportación" y debe "considerar la edad, la salud física y mental, la discapacidad y los lazos familiares en Estados Unidos antes de ejecutar órdenes de deportación a terceros países".

A su vez, los países receptores "deben garantizar procedimientos de asilo justos y completos, así como protección duradera para quienes cumplan los requisitos". En concreto, HRW ha reclamado a México que sólo acepte "traslados bajo acuerdos transparentes que garanticen el debido proceso y el Derecho Internacional", así como que asegure "evaluaciones de protección completas y justas, incluyendo el acceso al asilo".