"No vean TV Azteca", dijo la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en una conferencia de prensa, el 25 de mayo de 2026. La mandataria reaccionó así a la campaña del colectivo Mexicanos al Grito de Paz, que acusa a su Gobierno de tener vínculos con el crimen organizado. Según Sheinbaum, la difusión de esta campaña estaría ligada a perfiles cercanos a Ricardo Salinas Pliego, dueño del conglomerado de medios de comunicación TV Azteca.

La televisora condenó las palabras de la presidenta y habló de "un intento evidente de censura y una agresión directa a la libertad de expresión y de prensa".

A lo que Sheinbaum respondió que no estaba "ejerciendo el poder del Estado para censurar a una televisora", sino que solo emitió su opinión.

"TV Azteca, la segunda televisora más grande del país, reproduce estereotipos de género, no es respetuosa con los derechos humanos de las mujeres y se ha conducido bajo una cultura de entretenimiento misógino. Esa es una realidad", observa Cirenia Celestino Ortega, directora de la organización Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC).

"Puede no gustarnos el estilo, el enfoque de las noticias, la línea editorial. Sin embargo, más allá de TV Azteca, el señalamiento de la presidenta Sheinbaum reduce el debate, la posibilidad de disponer de informaciones, que constituye el derecho a la información, pero también a la libertad de expresión", prosigue la experta en periodismo feminista.

"Como jefa de Estado, Claudia Sheinbaum debe abstenerse de emitir ese tipo de declaraciones que puedan resultar estigmatizantes de los medios de comunicación y que violenten el deber de garantizar la pluralidad de medios", dice a DW Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19.

A su juicio, el comentario de la mandataria se enmarca en "una estrategia más amplia de comunicación política que se instaló en México desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, con una disputa muy frontal en contra de medios críticos con las respectivas administraciones".

Así, por ejemplo, el director regional de Artículo 19 critica la introducción de El Detector de Mentiras, una sección semanal de su conferencia de prensa matutina, con la que "el Estado pretende erigirse como fact checker [o verificador de datos]".

Maldonado recuerda que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente americano.

"La situación de la libertad de expresión sigue siendo muy preocupante", sostiene. Y agrega que se han incrementado "las presiones a los medios de comunicación, el linchamiento público y digital", así como los casos de "acoso judicial".

En 2025, Artículo 19 documentó 69 casos de acciones legales entabladas contra periodistas y medios de comunicación. "Es el año que más casos de este tipo hemos registrado", asegura.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), destaca que la impunidad en la investigación de casos de agresiones físicas contra comunicadores sigue siendo superior al 95 por ciento. "Atacar a un periodista tiene mínimas o ninguna consecuencia" en México, apunta.

Además, la SIP ha registrado iniciativas legales, tanto a nivel federal como estatal, que considera "amenazantes a la libertad de prensa".

En entrevista con DW, Ramos menciona como ejemplo una reciente iniciativa en el estado de San Luis Potosí, que permite a las autoridades decidir qué contenidos considera "manipulados o no con inteligencia artificial". El uso arbitrario de esta norma permitiría a las autoridades "encontrar motivos, detener y encarcelar a responsables, en su mayoría periodistas", explica la experta de la SIP.

En efecto, la semana pasada, fueron detenidas tres personas en San Luis Potosí, bajo el argumento de la supuesta manipulación de imágenes y videos con inteligencia artificial. Además, hay ocho órdenes de captura pendientes, según alerta Artículo 19.

En opinión de Celia del Palacio Montiel, coordinadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, "la libertad de expresión y el derecho a la información en México se han visto muy afectados a raíz de los ataques directos de los gobernantes, que esperan sumisión a cambio de recursos, repartidos de manera opaca y discrecional".

Los periodistas también "se ven amenazados por actores criminales en colusión con agentes del Estado", afirma Del Palacio, en declaraciones a DW.

Todo ello, señala, "ha resultado en autocensura y un estado de violencia estructural contra los medios".

De ahí que Cirenia Celestino Ortega, directora de CIMAC, insista en la necesidad de "construir narrativas de reconocimiento de la labor periodística como una herramienta clave para la construcción de la vida democrática". Reconocer esta labor, puntualiza, "es un primer paso para la prevención de la violencia contra las y los periodistas".

(rml)