Desde hace cinco semanas, masivas protestas sociales mantienen en jaque al Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz. Los manifestantes, que al principio pedían medidas para enfrentar la crisis económica, ahora exigen la renuncia del mandatario.

Además, los bloqueos de carreteras han provocado desabastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal en varias regiones del país.

En medio de estas protestas, el 26 de mayo de 2026 el Congreso boliviano eliminó una norma que limitaba la capacidad del presidente de aplicar estados de excepción.

¿Cuál será la próxima jugada de Rodrigo Paz? ¿Sacará a los militares a las calles para disolver las manifestaciones?

Para entender el alcance de la derogación de la Ley 1341 sobre estados de excepción, DW analiza la historia del Ejército boliviano y su papel en el ámbito político.

El Ejército de Bolivia es tan antiguo como el país mismo desde su independencia del Reino de España y nacimiento como República. Fue creado oficialmente en 1826 por el mariscal Antonio José de Sucre.

Pero existieron "movimientos emancipatorios previos", destaca el abogado y defensor de derechos humanos Ramiro Orias Arredondo. Eran grupos alzados que, desde 1810, "se fueron organizando bajo una estructura militar armada, y eran las fuerzas que buscaban la independencia".

El desarrollo histórico del Ejército boliviano estuvo marcado por las guerras fundacionales del siglo XIX, principalmente la Guerra del Pacífico (1879-1884).La derrota frente a Chile y pérdida del litoral "dejaron una profunda huella en la identidad estratégica del país", observa Gabriela Reyes Rodas, consultora internacional y experta en seguridad.

Asimismo, prosigue, la Guerra del Chaco (1932-1935) contra Paraguay habría expuesto "ciertas debilidades del Estado y de la institución militar", generando "profundas reformas doctrinales, organizacionales y políticas, que influyeron en la evolución posterior de las Fuerzas Armadas".

En el siglo XX, el Ejército tuvo una participación decisiva en la Revolución boliviana de 1952. Más tarde, entre 1964 y 1982, el país vivió casi dos décadas de gobiernos militares, antes de su transición a la democracia.

"Bolivia tiene una historia singular por la participación de las Fuerzas Armadas en el poder", observa Orias Arredondo, director de Programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés).

En su opinión, la problemática va más allá de una "desviación autoritaria" por parte de caudillos hambrientos de poder en las Fuerzas Armadas. "La debilidad institucional ha hecho que la élite política utilice las Fuerzas Armadas en la solución de conflictos políticos", explica Orias a DW.

"Más que tener solo un ejército profesional, Bolivia también necesita un sistema institucional más fuerte y un sistema judicial con capacidad de resolver los problemas para que no sean canalizados por estas vías de fuerza", agrega el abogado boliviano.

En Bolivia, el capitán general de las Fuerzas Armadas es el presidente del Estado. Por lo tanto, hay un mecanismo de subordinación del poder militar a uno civil.

Son coordinadas operativamente por el Ministerio de Defensa y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, por un civil y un militar.

Además del Ejército y la Fuerza Aérea, tiene una Armada que se encarga de la soberanía fluvial y lacustre, por ejemplo, en el lago Titicaca y los grandes ríos de la Amazonia boliviana.

Las Fuerzas Armadas no solo cumplen funciones de defensa externa, sino también de apoyo al desarrollo y en casos de desastres naturales. Según la experta en seguridad Reyes, desde 2014 también participan en la lucha contra el narcotráfico, principalmente desde el espacio aéreo y a través de controles fronterizos.

Independientemente de la derogación de la Ley 1341, ya existen otras normas que autorizan la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de defensa del Gobierno, preservación del orden público o de la seguridad interna, cuando la Policía es insuficiente para cumplir con este rol, señala el director de Programa de la Fundación para el Debido Proceso.

"La experiencia boliviana muestra que el uso de las Fuerzas Armadas en conflictos internos ha sido sensible y, jurídicamente, bastante controvertido", afirma, por su parte, Reyes Rodas, exdirectora Ejecutiva General del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas.

Y aclara que "la participación militar en tareas del orden público suele incrementar los riesgos del uso excesivo de la fuerza, cuestionamientos sobre los derechos humanos y posteriores procesos judiciales".

La Guerra del Gas, de 2003, y las masacres de Senkata y Sacaba, de 2019, son dos ejemplos más recientes, donde el uso de las Fuerzas Armadas durante crisis políticas y sociales se tradujo en víctimas fatales.

Si bien la abrogación de la Ley 1341 elimina varios mecanismos específicos que regulaban el apoyo militar a la Policía, "esto no significa que las Fuerzas Armadas queden exentas de responsabilidad jurídica, porque cualquier actuación sigue sometida a la Constitución, al Código Penal Boliviano, a tratados internacionales, principalmente de derechos humanos, y a la jurisprudencia interamericana, que también establecen obligaciones y responsabilidades individuales frente a eventuales excesos", detalla Reyes.

Después de más de un mes de bloqueos, el abogado Orias observa que "la Policía aparentemente ya no está en condiciones de asegurar el libre tránsito y los derechos de las demás personas". Con ello, aumenta la probabilidad de que el Ejército participe en el desbloqueo de las calles y la represión de las marchas.

(ms)