“Gerardo Orellana, es médico y político. Nosotros le imputamos que con su firma avalo trámites a personas que no cumplían con los requisitos desde 2007 hasta 2011 aproximadamente. Sellaba trámites a personas que siguen cobrando por discapacidad.
Además, este señor en época de elecciones (conforme los testimonios que tenemos y las investigaciones que hicimos), ofrecía pensiones a familias en intercambio de votos. Tenemos el testimonio que este señor se presentaba en parajes y ofrecía a las personas certificados de discapacidad a cambio de votos, y aseguraba a la gente muy vulnerable, que no les pasaría nada y ahí digitaba a donde tenía que ir la gente, que era una clínica de un señor Brizuela denominada clínica Itatí.
Lo relevante es que ellos tenían una organización que a sabiendas otorgaba certificados médicos truchos a personas que no estaban enfermas para que defrauden al estado.
Tengo en la investigación cuadernos y anotaciones donde hay nombres, por ejemplo, ‘Juan Pérez pagó, Fulano pagó, Carlos pagó’ y esas personas están en los padrones de cobro de pensión, quiere decir que algo pagaron.
Yo me enteré de que es diputado porque alguien de acá de mi oficina me lo dijo, y después saltó en el informe final de la investigación”, concluyó el fiscal.
