El diputado provincial por el departamento Anta, Gerardo Orellana,rompió el silencio tras su imputación y negó las acusaciones por supuestas pensiones irregulares. Remarcó sus 34 años de trayectoria médica sin antecedentes y afirmó estar a disposición de la Justicia quien lo investiga en una causa por supuesta asociación ilícita y pensiones truchas en la región. Orellana se presentó a la audiencia y aseguró que afrontará el proceso con la tranquilidad de no tener nada que ocultar.
Orellana enfatizó que su equipo legal revisa el expediente para conocer las acusaciones en su contra. En ese marco, destacó su intachable conducta profesional durante más de 34 años como médico y recordó su paso por la función pública como intendente en dos períodos. Finalmente, señaló que la denuncia podría responder a un trasfondo político.
Avances y detalles en la causa de las pensiones irregulares en Anta
La causa judicial en Anta involucra a exgerentes hospitalarios, médicos y funcionarios municipales. El fiscal general Carlos Amad imputó a quince personas por diversos delitos. Entre las acusaciones figuran asociación ilícita, estafa al Estado, falsedad documental e incumplimiento de deberes. La Fiscalía sostiene que falsificaban certificados e historias clínicas para tramitar pensiones no contributivas a personas sanas.
El entramado operaba mediante una estructura muy bien coordinada. Reclutaban beneficiarios y alteraban estudios para simular patologías graves como Chagas o diabetes. Por estos trámites cobraban sumas que iban desde $20.000 hasta $1.000.000 por expediente. Incluso usaban claves informáticas oficiales para validar las solicitudes sin los controles debidos. Esta maniobra generó un perjuicio estimado en $3.280 millones mensuales al Estado.
Entre los imputados figura el exgerente hospitalario Oscar Ricardo Luna. También se investiga a los profesionales médicos Roberto Morales y César Ramiro Blanco por emitir diagnósticos apócrifos. La lista incluye al extitular de ANSES, Edmundo Dante Salazar, junto a personal administrativo y gestores locales. La causa avanza en el Juzgado Federal N.° 2 de Salta para definir la situación procesal de cada implicado.
Fuente Consultada: Nuevo Diario de Salta
