Con pocos años de usurpación y constancias fraguadas se apoderan de tierras ajenas por posesión "veinteañal". La creación e integración del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Personas y Familia de Joaquín V. González, entre 2011 y 2012 , estuvo rodeada por la polémica desde los inicios.

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La comunidad anteña entendía que podía convertirse en instrumento de un poder político dispuesto a avanzar sobre tierras del Estado y de particulares, como ocurre lamentablemente, en distintos rincones del departamento.

Así se lo hicieron saber al Gobernador, productores, comerciantes, profesionales y familias campesinas de Anta en una recordada solicitada que se publicó hace tres años.

La usucapión es el modo de adquirir el dominio de un inmueble acreditando una posesión pública, pacífica y continua de por lo menos 20 años. De ahí que sólo quien confíe en que un juez dejará de cumplir con los deberes inherentes al cargo que desempeña se atreva a intentar un juicio de esa naturaleza con apenas tres años de ocupación, como ocurre con los laderos de Sández en el lote fiscal 65.

El diputado de Anta no parece estar sólo en la industria de los juicios posesorios, ni ésta se limita a los inmuebles fiscales. En el intento de apoderarse de tierras ajenas también son visibles las huellas de su par Manuel Santiago Godoy.

La industria de los juicios posesorios tiene en Anta, al igual que en Orán, Rivadavia, San Martín y otros departamentos, complicidades en el Gobierno y la Justicia. Los funcionarios, legisladores, intendentes y allegados al poder implicados en las apropiaciones de tierras públicas y de particulares acostumbran a invocar influencias sobre jueces para hacer firmar a familias campesinas engañosos y extorsivos acuerdos en los que ceden sus derechos posesorios. En Rivadavia, esto hizo el intendente Leopoldo Cuenca para adueñarse de decenas de miles de hectáreas.

En Anta, políticos y prestanombres también convencen a ocupantes de pequeñas fracciones de fincas, donde se desempeñan como peones o son pastajeros, para iniciar juicios posesorios contra los titulares registrales de extensas fincas.

También usan punteros para ocupar tierras, ya sea para apoderarse de ellas mediante usucapiones o para extorsionar a propietarios con usurpaciones y actos posesorios no libres de violencia, apañamiento policíaco y complicidad judicial.


Un robo con Estado cómplice

Quienes viven en las cercanías del lote fiscal 65 están convencidos de que el Gobierno se lo entregó a Sández en “compensación por los lotes que le tuvo que quitar en Tolloche”. La inacción de los organismos, ante denuncias concretas y precisas, avala esa creencia.

En efecto, antes de que los intrusos empiecen a alambrar esas tierras públicas, en julio de 2011 lugareños denunciaron ante la Fiscalía de Estado la usurpación y talas indiscriminadas. La denuncia advertía que esos “meros testaferros de conocidos políticos de Anta” invocarían a futuro falsos derechos posesorios. Y se pedían, para evitar la maniobra, urgentes acciones de desalojo.

A partir de la denuncia se formaron expedientes en la Fiscalía Estado, Desarrollo Económico, Ambiente y el Ministerio Público, sin que se ordenara siquiera una constatación.

Hoy los intrusos ya tienen aprobados los planos para iniciar juicios de prescripción adquisitiva y quedarse con esas tierras por posesión “veinteañal”. Los planos fueron confeccionados por un mismo profesional, José Luis Ramos, vinculado en otros juicios con Natalia Godoy.

Expansión de negocios e influencia política

Las 4.939 hectáreas que pretende prescribir Natalia Godoy como apoderada de Héctor Ramón Saravia, colindan con la finca La Paz, de Inversora Juramento SA. La hija del presidente de Diputados integra el directorio de la empresa agropecuaria que preside Jorge Brito, titular del Banco Macro, y que cuenta con más de 67.000 hectáreas y 54.000 cabezas de ganado entre sus bienes y activos.

Como se sabe, la integración de un directorio es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, pues de la experiencia de los directores depende el resultado de los negocios.

En Salta no son pocos los que aún se preguntan cómo pudo una joven abogada recibida en 2001 y con poca experiencia convertirse en directora titular de la poderosa compañía de Brito.

Las conjeturas atribuyen su posición al hecho de que se trata de la hija del presidente de Diputados. 

Esa Cámara, justamente acaba de autorizar al Ejecutivo provincial a extender, por otros 10 años, el convenio para que el Banco Macro siga siendo el agente financiero y la caja obligada de la Provincia.

El proyecto fue defendido por Manuel Santiago Godoy cuando se suscitó un debate en torno al quórum de las comisiones. Por obvias razones, el presidente de Diputados debería haberse excusado de intervenir en una cuestión que beneficiará económicamente al grupo que tienen como directora titular de una de las sociedades a su hija.

FUENTE: EL TRIBUNO