La desclasificación ordenada por la Casa Blanca ha puesto sobre la mesa algo que la oposición venezolana llevaba años repitiendo sin pruebas oficiales: el régimen bolivariano contaba con la infraestructura técnica necesaria para alterar un resultado electoral.
Los documentos remiten a las elecciones de 2012, cuando un Hugo Chávez ya enfermo derrotó a Henrique Capriles tras un año de gasto público desbordado, calculado en 70.000 millones de dólares.
Según la CIA, tres organismos, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el Servicio Bolivariano de Inteligencia y el Consejo Nacional Electoral, podían manipular resultados mediante máquinas de votación preprogramadas, con capacidad para mover al menos millón y medio de votos en las zonas de mayor peso chavista.
Trump lo resumió a su manera: existía, dijo, "un complot específico para favorecer enormemente al corrupto régimen de Venezuela". Lo que los informes no certifican es que ese mecanismo llegara a activarse en aquella cita electoral. De hecho, Capriles reconoció entonces su derrota.
El patrón cambia meses después. Tras la muerte de Chávez en marzo de 2013, Nicolás Maduro se impuso a Capriles por un margen mínimo, y esta vez sí hubo denuncias de irregularidades por parte de la oposición.
La CIA no encuentra en ese episodio pruebas concluyentes de que hiciera falta forzar el resultado, pero el relato cambia con la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, unos comicios boicoteados por los partidos opositores.
Fue la propia Smartmatic, la empresa encargada del sistema de votación, la que alertó de que se habían inflado las cifras de participación en, al menos, un millón de votos. Aquella Constituyente, presidida en su primera fase por Delcy Rodríguez, se convocó para frenar las protestas callejeras de esos meses y terminó sin redactar un solo artículo de la nueva Constitución que decía perseguir.
El mismo esquema, señala la agencia, estaba disponible para las legislativas de 2020, aunque no llegó a necesitarse: la oposición optó por no presentarse después de que el chavismo expropiara las tarjetas de varios partidos e inhabilitara a distintos dirigentes. Ni Washington ni Bruselas reconocieron aquel proceso.
El episodio más grave, el de julio de 2024, ni siquiera requirió sofisticación técnica: el chavismo modificó directamente las cifras para revertir la victoria de Edmundo González Urrutia frente a Maduro, que las actas, 7 millones de votos frente a 3, dejaban fuera de toda duda. La oposición documentó ese resultado gracias a los códigos QR de las actas electorales, hoy referencia obligada en cualquier reconstrucción de aquellos comicios.
Más de seis meses después de la caída del régimen y con un nuevo gobierno bajo supervisión internacional, ninguno de los tres organismos señalados por la CIA ha sido desmantelado. La DGCIM, el SEBIN y el CNE siguen operativos, y Elvis Amoroso, el hombre que como presidente del Consejo Nacional Electoral certificó el resultado fraudulento de 2024 por orden de Maduro, continúa en su cargo mientras se negocia la composición de un nuevo ente electoral.
