Causa de las pensiones truchas en Salta

La investigación por la presunta tramitación fraudulenta de pensiones no contributivas por discapacidad en el departamento Anta quedó formalmente abierta por el plazo de un año, luego de la primera audiencia realizada este miércoles ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Salta, a cargo del juez Diego Anzorreguy.
Durante la audiencia, el fiscal general Carlos Amad describió una estructura que, según la hipótesis de la Fiscalía, habría funcionado de manera coordinada entre médicos, empleados y funcionarios públicos, personal administrativo, operadores políticos y personas encargadas de captar beneficiarios.

La acusación sostiene que la organización habría falsificado o adulterado certificados médicos, historias clínicas, análisis de laboratorio, radiografías y otros documentos para que personas que no reunían los requisitos pudieran obtener o renovar pensiones no contributivas por discapacidad.
En algunos casos, según la Fiscalía, los beneficiarios ni siquiera presentaban enfermedades incapacitantes. A cambio de la gestión se habrían cobrado sumas que iban desde aproximadamente $20.000 hasta $1 millón, dependiendo del tipo de trámite y de la intervención requerida. El perjuicio económico estimado para el Estado asciende a unos $3.280 millones mensuales.

La investigación quedó formalizada por un año
Con la audiencia, la investigación penal quedó formalmente abierta por un plazo de un año, período durante el cual la Fiscalía podrá profundizar el análisis de la documentación, los teléfonos, los expedientes y la información remitida por organismos nacionales.

Como medidas de coerción, se dispuso que los imputados deberán realizar una comunicación mensual por teléfono, informar si tienen previsto salir del país y se ordenó la anotación de litis sobre bienes e inmuebles de los acusados. La Fiscalía también había solicitado medidas destinadas a garantizar que los imputados permanezcan a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Qué hacía cada uno de los 15 imputados
La Fiscalía sostuvo que no se trataba de hechos aislados, sino de una estructura en la que cada integrante habría cumplido una función diferente: captación de beneficiarios, elaboración de documentación médica, alteración de estudios, reproducción de documentos, carga de expedientes y facilitación de los trámites ante organismos públicos.

1. María Romano: captación y gestión de beneficiarios
María Romano, empleada del área de Acción Social de la Municipalidad de El Quebrachal, aparece señalada como uno de los nexos entre los beneficiarios y los distintos integrantes de la estructura.
Según la Fiscalía, habría reclutado personas, recibido documentación, cobrado dinero y coordinado la continuidad de los trámites. También habría mantenido contacto con médicos, personal administrativo y personas vinculadas con los organismos encargados de procesar las pensiones.

Los investigadores analizaron su teléfono y documentación secuestrada durante los allanamientos. Allí, según la acusación, aparecen conversaciones sobre certificados, estudios, diagnósticos y renovaciones de pensiones. También se mencionaron listados y documentación que permitirían reconstruir quiénes eran derivados a determinados profesionales y cómo continuaban los expedientes.
Romano está imputada por fraude a la Administración Pública, asociación ilícita, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, en calidad de coautora.

2. Gerardo Francisco Orellana: el presunto componente político
El diputado provincial por el departamento Anta y exintendente, es señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos actores políticos vinculados con el esquema. Según la acusación, intervino en expedientes y habría firmado documentación relacionada con personas que no reunían los requisitos para obtener una pensión.
La Fiscalía también sostuvo que el sistema habría sido utilizado políticamente para **captar personas y familias vulnerables mediante el ofrecimiento de pensiones**, derivándolas luego hacia los profesionales y operadores encargados de completar los trámites.
Durante la audiencia se mencionó, como ejemplo, el caso de una persona a la que se le habría reconocido un porcentaje muy elevado de incapacidad pese a que, según la investigación, desarrollaba actividades laborales.
Orellana está imputado por fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

3. Roberto Bernardino Morales: uno de los principales actores del circuito médico
El médico Roberto Bernardino Morales, exdirector del Hospital Enrique Romero de El Quebrachal, es señalado como uno de los principales responsables del circuito médico.
Según la Fiscalía, habría emitido y avalado certificados médicos presuntamente falsos, consignando enfermedades y porcentajes de incapacidad en personas que no reunían las condiciones para acceder a una pensión.
Su posición dentro del hospital le habría permitido acceder al sistema utilizado para cargar la documentación médica.
También se le atribuye haber derivado personas hacia el circuito privado y haber mantenido comunicaciones con otros integrantes para coordinar la confección y modificación de estudios.
Una de las conversaciones mencionadas durante la audiencia involucraría a Morales y Hugo Massa, quien le habría enviado un análisis aparentemente correspondiente a diabetes y consultado si podía cambiarse el nombre del paciente para utilizarlo en otra persona.
Morales está imputado por fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

4. César Ramiro Blanco: certificados, asesoramiento y trámites completos
El médico César Ramiro Blanco, vinculado al Hospital Enrique Romero y propietario de la Clínica Cristo Rey, aparece señalado como otro de los actores centrales del circuito médico.
Según la Fiscalía, habría ofrecido trámites completos para obtener pensiones, incluso para personas que no tenían enfermedades incapacitantes.
Se le atribuye la emisión de certificados médicos presuntamente apócrifos y la utilización de estudios destinados a sostener diagnósticos que no se correspondían con el estado real de los pacientes.
Además, habría cobrado por gestiones que debían realizarse dentro del sistema público y habría asesorado a personas sobre cómo responder ante las juntas auditoras para superar las evaluaciones.
Los investigadores también encontraron comunicaciones con Romano, Morales y otros integrantes.
Testimonios de identidad reservada mencionados por la Fiscalía señalaron que Blanco habría cobrado aproximadamente $500.000 o $1 millón cuando la persona no tenía una enfermedad y unos $300.000 cuando existía una enfermedad real.
Blanco está imputado por fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

5. Luciano Benjamín Esteban: la presunta adulteración de análisis
El bioquímico Luciano Benjamín Esteban aparece señalado como una pieza fundamental en la elaboración de la documentación médica.
Según la Fiscalía, habría trabajado tanto en el ámbito público como en la Clínica Cristo Rey y habría utilizado sus conocimientos y su condición profesional para alterar resultados de laboratorio.
El mecanismo descripto consistiría en modificar análisis para hacer aparecer enfermedades como Chagas o diabetes en personas que, según la investigación, no las padecían.
La acusación sostiene que luego esos estudios eran entregados a Blanco, Morales u otros integrantes para continuar con el trámite administrativo.
También se le atribuye haber facilitado su sello profesional para respaldar documentación y haber vendido análisis que luego eran presentados en las oficinas de Acción Social.
La reiteración de los mismos diagnósticos, profesionales y laboratorios en distintos expedientes fue señalada por la Fiscalía como uno de los elementos que vincularían estos hechos.
Esteban está imputado por fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica y asociación ilícita.

6. Hugo Humberto Massa: reproducción y falsificación de documentos
Hugo Humberto Massa, empleado municipal y propietario de una fotocopiadora ubicada cerca del Hospital Enrique Romero, habría cumplido una función vinculada con la reproducción, modificación y circulación de documentación.
Según la Fiscalía, habría utilizado copias de membretes hospitalarios y firmas de médicos para confeccionar certificados presuntamente apócrifos.
Además, habría funcionado como nexo entre personas que necesitaban los trámites y distintos profesionales de la salud.
Una de las evidencias principales mencionadas durante la audiencia fue una conversación con Morales. Massa le habría enviado un estudio aparentemente correspondiente a diabetes y le preguntó si podía utilizarlo para otra persona, cambiándole el nombre para que pudiera superar una auditoría.
La Fiscalía sostiene que esto demostraría que su intervención no se limitaba a realizar fotocopias, sino que conocía y participaba en la preparación de documentación presuntamente falsa.
También se mencionó una conversación en la que una persona le preguntaba si podía conseguirle un médico para realizar estudios y Massa habría indicado dónde obtenerlos.
Está imputado por fraude a la Administración Pública, asociación ilícita y falsificación de documentos públicos.

7. Edmundo Dante Salazar: el presunto facilitador de accesos al sistema
Edmundo Dante Salazar, exjefe de una oficina de ANSES en El Quebrachal, habría tenido según la Fiscalía un papel relevante en la etapa administrativa.
Ocupó el cargo entre el 27 de enero de 2021 y el 18 de enero de 2024.
La acusación sostiene que habría facilitado claves de acceso al sistema a personas ajenas al organismo, permitiendo que terceros pudieran cargar documentación relacionada con pensiones.
Entre los supuestos beneficiarios de esos accesos aparece Massa.
La Fiscalía citó conversaciones en las que Massa le solicitaba a Salazar la generación o habilitación de claves para cargar pensiones. En los intercambios, Salazar respondía afirmativamente y habría permitido de ese modo que documentación proveniente del circuito privado ingresara al sistema.
La acusación considera que esta función era particularmente relevante porque permitía que una documentación que había sido confeccionada fuera del organismo pudiera avanzar dentro del circuito administrativo.
Salazar está imputado por fraude a la Administración Pública, asociación ilícita, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

8. Luis Alberto Verón: certificados para renovar pensiones
El médico Luis Alberto Verón, con consultorio privado, habría intervenido principalmente en la etapa de renovación de las pensiones por discapacidad.
Según la Fiscalía, realizaba certificados médicos utilizando diagnósticos previamente establecidos y, en algunos casos, sin efectuar los estudios o comprobaciones necesarias.
La acusación sostiene que cobraba entre $20.000 y $40.000 y que extendía certificados incluso a personas que no presentaban la discapacidad consignada.
Testimonios reservados indicaron que Verón habría cobrado menos que Blanco por realizar este tipo de certificados.
Durante tareas de campo también se habría observado una importante cantidad de personas esperando para ser atendidas en sus consultorios.
La investigación además encontró comunicaciones que, según la Fiscalía, lo vincularían con otros integrantes del circuito. En una de ellas se habría coordinado la realización de una historia clínica y análisis para completar documentación pendiente.
Verón está imputado por fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica y asociación ilícita.

9. Humberto Brisuela Mendoza
Humberto Brisuela Mendoza figura entre los 15 imputados. La acusación le atribuye participación en el esquema de presuntas pensiones fraudulentas y específicamente fraude a la Administración Pública, falsedad de instrumento público y asociación ilícita.
La información expuesta durante la audiencia lo ubica dentro del conjunto de personas vinculadas al circuito de documentación y tramitación investigado por la Fiscalía.

10. Diego Augusto Ocampo: certificados y estudios cobrados
El médico traumatólogo Diego Augusto Ocampo, propietario de una clínica en Joaquín V. González, aparece señalado por la Fiscalía por la emisión de certificados y estudios médicos utilizados para obtener o renovar pensiones por discapacidad.
Según la acusación, habría confeccionado documentación para personas que no reunían los requisitos y habría cobrado por consultas, estudios y certificaciones.
La Fiscalía señaló que el precio de la consulta habría pasado de $45.000 a $100.000, a lo que se sumaban estudios y radiografías.
Una persona que declaró en la investigación relató que, para completar el trámite, llegó a pagar aproximadamente $207.000 por consultas y estudios.
En los teléfonos analizados también aparecen numerosas comunicaciones de personas interesadas en obtener turnos para realizar la documentación requerida.
En otra conversación, una persona vinculada a la clínica le advierte a Ocampo que había una gran cantidad de interesados por las pensiones. El médico habría respondido indicando los días en que atendería y estableciendo que quienes solicitaran turnos debían dejar abonada previamente la consulta, ya fuera en la clínica o mediante una transferencia.
La Fiscalía considera que estas comunicaciones muestran la existencia de una demanda organizada de personas que buscaban completar la documentación médica necesaria para acceder a las pensiones.
Ocampo está imputado por fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica y asociación ilícita.

11. Manuel Rodolfo Córdoba: carga y gestión municipal
Manuel Rodolfo Córdoba, empleado municipal de Joaquín V. González, aparece señalado como una persona vinculada a la gestión y carga de trámites de pensiones.
Según la acusación, habría tenido funciones relacionadas con la recepción y procesamiento de datos y documentación de los beneficiarios.
La Fiscalía sostiene que quienes intervenían en esta etapa cargaban documentación presuntamente irregular sin efectuar los controles correspondientes, permitiendo que los expedientes avanzaran.
Córdoba está imputado por fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

12. José Wilson Muñoz Torres: intervención desde el ámbito sanitario
El médico José Wilson Muñoz Torres aparece vinculado al circuito sanitario investigado.
Según la acusación, habría intervenido en la documentación médica necesaria para las pensiones y mantenido vínculos con otros integrantes del esquema.
Durante la audiencia también fue mencionado en relación con el Hospital Enrique Romero y con personas que acudían al sistema público para obtener estudios y documentación.
Está imputado por fraude a la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

13. Luis Casares: carga de documentación en Acción Social
Luis Casares, empleado del área de Acción Social del Centro Integrador Comunitario de Joaquín V. González, habría cumplido una función administrativa en la etapa de recepción, carga y continuidad de los expedientes.
La Fiscalía sostiene que recibía documentación proveniente del circuito médico y la incorporaba al sistema.
En el análisis de comunicaciones apareció mencionado como “Luisito” o “Casares” en conversaciones relacionadas con turnos, carga de documentación, historias clínicas y actualización de expedientes.
Una de las comunicaciones mencionadas durante la audiencia señalaba que determinados estudios serían cargados en el sistema por “Luisito”, identificado por los investigadores como Casares.
También habría intervenido en la entrega de copias de historias clínicas necesarias para que médicos actualizaran la documentación.
La Fiscalía considera que su intervención habría permitido que documentación presuntamente irregular avanzara dentro del circuito administrativo.
Casares está imputado por fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

14. José Edmundo Brisuela
José Edmundo Brisuela, médico, integra el grupo de 15 imputados y está acusado de fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica, asociación ilícita y concurso real de delitos.
La Fiscalía lo ubica dentro del conjunto de profesionales que habrían intervenido en la confección o validación de documentación médica utilizada para tramitar las pensiones investigadas.

15. Francisco Orellana
Francisco Orellana también integra la nómina de imputados y se le atribuyen fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Su participación forma parte de la investigación sobre los distintos funcionarios y operadores que habrían intervenido en el circuito administrativo y político de las pensiones.

Una estructura que combinaba salud, municipios y organismos públicos
Para la Fiscalía, la presunta maniobra funcionaba como una cadena. En un primer nivel se encontraban quienes captaban a las personas y reunían la documentación. Luego intervenían los profesionales que podían generar o modificar certificados, análisis, radiografías e historias clínicas.
Una segunda etapa estaba relacionada con la reproducción y preparación de los documentos, mientras que posteriormente empleados y funcionarios con acceso a sistemas públicos podían cargar o hacer avanzar los expedientes.
La investigación también apunta a la existencia de un componente político: según testimonios citados durante la audiencia, las pensiones habrían sido ofrecidas en barrios, parajes y zonas rurales como una forma de captación política de personas vulnerables.

Radiografías y análisis adulterados
Uno de los elementos incorporados a la causa surgió de los allanamientos realizados durante la investigación. Los investigadores encontraron radiografías correspondientes a distintas personas y detectaron, según la Fiscalía, alteraciones en los nombres de los pacientes.
En algunos casos, una misma placa habría aparecido asociada a datos correspondientes a personas diferentes.
También se secuestraron análisis de laboratorio con resultados positivos para Chagas y diabetes que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, serían copias o modificaciones de estudios originales.
La reiteración de los mismos diagnósticos y de los mismos profesionales en numerosos expedientes fue presentada como otro de los indicios de la existencia de un mecanismo organizado.

Casi 40.000 pensiones bajo análisis
Uno de los principales elementos de la investigación surge del entrecruzamiento de información con organismos nacionales. Según los datos expuestos por la Fiscalía, en el área analizada se otorgaron 39.775 pensiones no contributivas por discapacidad, de las cuales aproximadamente 9.000 beneficiarios salteños no cumplirían, según la pesquisa, con los requisitos establecidos.
En el departamento Anta se contabilizaron 4.305 pensiones, cifra que llamó la atención de los investigadores por su proporción respecto de la población con discapacidad de la zona.
La Fiscalía considera que estos datos, por sí solos, no acreditan una maniobra individual en cada caso, pero constituyen un elemento para profundizar el análisis de los expedientes y determinar el verdadero alcance de la presunta estructura.

Una investigación que comenzó en 2024
La pesquisa se inició de oficio el 24 de julio de 2024, luego de que en un procedimiento realizado en Chaco se detectaran certificados médicos presuntamente falsificados que habían sido expedidos por un profesional oriundo de Joaquín V. González.
A partir de ese hallazgo, la investigación avanzó sobre distintas localidades del departamento Anta.
El trabajo fue realizado junto con Gendarmería Nacional e incluyó entrevistas con beneficiarios, testimonios de identidad reservada y el entrecruzamiento de información con organismos nacionales, entre ellos ANDIS, ANSES, ARCA y el Ministerio de Capital Humano.
Se realizaron 26 allanamientos en oficinas públicas, hospitales, clínicas privadas y dependencias municipales de El Quebrachal, Joaquín V. González y otras localidades.
La documentación y los dispositivos electrónicos secuestrados permitieron, según la Fiscalía, reconstruir comunicaciones y vínculos entre los distintos integrantes.

Fuente: Diario El Tribuno