Si bien el Poder Judicial ha mantenido histórica y comprobadamente una ejecución del gasto apegada a principios de austeridad y de riguroso equilibrio presupuestario, con esta decisión se tiende a extremar los recaudos tendientes a reducir el gasto público y a equipararlo con la presunta disminución de futuros recursos en el actual contexto socio-económico, salvaguardando siempre el correcto funcionamiento del servicio de justicia.
Para ello, los jueces del máximo tribunal provincial decidieron:
- congelar sus aumentos salariales
- suspender nombramientos
- limitar la asignación de viáticos a los estrictamente necesarios para el cumplimiento de la función judicial
- restringir la adquisición de insumos y bienes de uso
- optimizar la utilización de los servicios de energía eléctrica, gas y telefonía adecuando sistemas de control y aplicando nuevas tecnologías
- limitar los incrementos de valores de contratos de alquiler de inmuebles y servicios en general
- ajustar las horas de dedicación complementaria a la estricta necesidad del servicio.
Las medidas de restricción del gasto se extenderán por el plazo de seis meses, a partir del 1 de enero del 2024.
