Un verdadero infierno está atravesando una familia humilde de Las Lajitas, en el departamento Anta: enfrentan un inminente desalojo, pese a acreditar pruebas que los señalan como propietarios. El problema empezó cuando el defensor oficial que la Justicia le asignó a la familia, por no tener los recursos para contratar a un abogado, no incluyó las pruebas que acreditan que son dueños de la tierra que habitan, en un barrio de clase humilde en Lajitas. La jueza a cargo incurrió -también- en serias irregularidades y el escándalo va creciendo.
La familia está compuesta por una mujer de más de 70 años, una chica discapacitada y una madre soltera con dos niños a cargo y los quieren desalojar de manera ilegal.
“A esta gente le presentan un juicio de desalojo. Hay una persona que dice ser dueño, pero esta familia compró esas tierras allá por los años 2000. Como no tenían recursos, le asignaron un defensor oficial. Esta persona, no sabemos por qué, no presentó los papeles que acreditan a esta familia como legítimos propietarios. Esta gente no es usurpadora, como dice la jueza”, asegura el abogado Mariano Sitelli, quien ahora defiende a la familia que quieren desalojar. Y agregó: “Hay una enorme negligencia del Defensor Oficial. Nunca hizo lo que tenía que hacer”.
La jueza en cuestión es Patricia Rahmer, una magistrada conocida en el ámbito judicial por autorizar desalojos escandalosos con niños y con procesos irregulares.
“Estamos ante un hecho irregular, hay personas con discapacidad. La Asesora de Menores nunca intervino, cuando un grupo de riesgo. La Justicia debería haber actuado”, dijo el letrado.
En una primera instancia, el desalojo, previsto para la semana pasada, se suspendió porque el abogado hizo una presentación para que intervenga la Defensoría de Menores. Sin embargo, rechazaron el recurso.
Entonces el abogado, ante la arbitrariedad de la magistrada, presentó un recurso para apartarla de la causa. El viernes pasado, ella misma firmó la recusación. Pero, a pesar de su firma, este lunes un juez de paz de hizo presente en el domicilio de la familia con unos 30 policías armados para desalojarlos.
Hasta allí llegó el abogado y el propio juez le dijo que estaba por orden de Rahmer, cuando la jueza ya no tenía nada que hacer. “La jueza resolvió no innovar y no puede avanzar con el desalojo. Estarían cometiendo un delito”, remarcó el letrado.
A pesar de todos los recursos, el juez de paz y la fuerza policial intentaron desalojar a la familia. Sin embargo, se encontraron con la resistencia de los vecinos que, al ver tanta injusticia, se acercaron hasta el lugar para defender a los niños y a todos los integrantes.
“Es un terreno muy chico. Hay gente desalmada en la Justicia. No hay una explicación para este acto. Mandaron a desalojar a gente que no tiene recursos. Hay una jueza que un lunes desconoce lo que firmó el viernes”, indicó el abogado.
Los vecinos y toda la comunidad de Las Lajitas ahora están atentos con lo que pueda pasar en las próximas horas, si es que la Justicia insiste con desalojar a la familia.
