La protagonista no es una agrupación revolucionaria ni un grupo parapolicial, sino un expediente judicial, un lote rural y un abogado que, con dudosa ética profesional, volvió a encender la mecha de las históricas disputas por la tierra en el este provincial.
La sentencia judicial que ordenó restituir 56 hectáreas a Jorge Luis Sánchez —en un predio de la finca El Arenal, también conocida como Sauce Solo— no sólo resuelve un caso individual deusurpación, sino que arroja luz sobre una trama más vasta, donde los protagonistas son viejos conocidos: estafadores con matrícula, documentos fraguados, colaterales del olvido y familias desplazadas.La resolución del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Joaquín V. González, fechada el 30 de junio pasado, hace lugar a la acción de interdicto promovida por Sánchez y ordena la restitución del inmueble en un plazo de 10 días, bajo apercibimiento de desalojo forzoso. Los demandados no lograron justificar ni la tenencia ni las supuestas mejoras que alegaban sobre el predio. La jueza fue categórica: el despojo existió, fue violento, y se hizo sin el más mínimo amparo legal.¿Quién es quién en la disputa?Jorge Luis Sánchez no es un nombre resonante en la política o los negocios salteños. Es, más bien, una figura recurrente en un paisaje que se repite en Anta: pequeños y medianos productoresrurales que, con escasa formalidad, pero con permanencia efectiva, habitan y trabajan parcelas heredadas o adquiridas por cesión de derechos posesorios, a menudo firmadas en servilletas oescrituras precarias.En este caso, su vínculo con el predio tiene nombre y apellido: Dolores Venancio Santucho. El apellido no pasa desapercibido. Dolores fue una de las pocas sobrevivientes de la familia de MarioRoberto Santucho, fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), perseguida en gran parte entre 1975 y 1980 por la Triple A y la dictadura. Con el correr de los años, los Santucho sobrevivientes se desperdigaron, y algunos, como Dolores, intentaron recomponer algo del viejo capital familiar en campos semiabandonados en el este salteño.
Tierra maldita: los conflictos en AntaLo ocurrido en El Arenal no es un hecho aislado. En Anta, las disputas por tierras tienen rango de epidemia. Según informes de la Defensoría General de la Provincia y organizaciones agrarias, enlos últimos diez años se han registrado más de 180 conflictos por posesión en el este salteño, particularmente en Apolinario Saravia, Joaquín V. González, Las Lajitas y Tolloche. El denominadorcomún: ausencia del Estado, superposición de títulos, herencias sin sucesión, escrituras apócrifas, y una justicia lenta y burocrática que rara vez actúa a tiempo.
Un fallo que pone límites, pero no cierra el conflictoLa jueza que falló a favor de Sánchez dejó en claro que el interdicto no requiere acreditar propiedad, sino solamente posesión legítima y despojo. Las pruebas aportadas fueron contundentes: actas notariales, testimonios de vecinos, inspecciones oculares y hasta denuncias por hurto calificado. Del otro lado, los documentos eran contradictorios, y los testigos presentados por su parte fueron descartados por parciales. Pero la decisión no cierra el conflicto. El fallo no resuelve la titularidad definitiva del inmueble, ni las consecuencias penales de la usurpación, ni el destino de las personas que hoy ocupan lotesvendidos de manera irregular. En ese sentido, se prevé una nueva ola de litigios, reclamos cruzados y, posiblemente, intentos de resistir el desalojo por parte de los actuales ocupantes, muchos de los cuales fueron engañados con boletos de compraventa sin validez legal.
Una postal del este salteñoLo que ocurrió en El Arenal es apenas un eslabón más en una cadena larga y peligrosa. En Anta, la tierra no es sólo un recurso productivo, sino un botín en disputa permanente. En un escenariomarcado por la informalidad, los lazos clientelares, la falta de catastros actualizados y la debilidad del aparato estatal, el campo se convierte en territorio de nadie.Del otro lado quedan los verdaderos despojados: campesinos, herederos, familias enteras desplazadas por el peso del papel trucho, por el sello de una escribanía dudosa o por la amenaza velada de quienes saben que, en la Argentina profunda, la ley llega tarde y mal.El fallo del 30 de junio, aunque ejemplar, no es suficiente. Hace falta una política de regularización dominial seria, un catastro rural transparente y una presencia judicial que actúe antes delconflicto, no años después. Mientras tanto, Anta seguirá siendo ese territorio donde la tierra vale más que la ley, y donde el silencio de los documentos grita más fuerte que la historia de los que lahabitan.NdR: fragmentos de la nota publicada por Cuarto Poder Anta, tierra de nadie: Entre bogas carroñeros y legados revolucionarios
