El principal imputado es el Intendente de la ciudad de Taco Pozo, Carlos Antonio Ibáñez. También está imputada Gabriela Ibáñez Gelabert, su hija quien es abogada y estuvo al frente de la oficina de la ANSES de la ciudad hasta principios del 2023. Ella era la encargada de cargar los trámites de Pensiones no Contributivas, y otras siete personas de su entorno político. También, el traumatólogo Rafael Azañero está procesado desde lo procedido en Taco Pozo.
Ahora aparece el nombre del médico Gerardo Orellana quien fuera elegido en las últimas elecciones como diputado provincial. Pero, según información de fuentes confiables, llama la atención que no está imputado, ni tampoco investigado por la justicia federal.
Intentan vincular a Orellana con Ibáñez en algún tipo de sociedad cuando todos saben que sus diferencias con Ibáñez son de larga data.
MOVIDA POLÍTICA DE ACTORES DEPARTAMENTALES
En la información que salió publicada intenta de cualquier forma relacionar a Orellana con Ibáñez, aunque no lo dice expresamente. Pero es obvio que hay un fuerte componente político en lo que muestra. Además, es prácticamente imposible la sola idea de una sociedad entre Ibáñez y Orellana, porque al margen de sus diferencias políticas e ideológicas, está también lo del fallecimiento de su hermano Oscar ‘el negro’ Orellana mientras ejercía como intendente de Taco Pozo. Puntualmente sobre el rumor de que hubo un accionar intencional para generar un desperfecto mecánico en el vehículo que conducía ‘el negro’, y que ese accionar provenía del sector políticamente antagónico al del intendente Oscar Orellana.
Pero además, hay otro rumor que dejaría entrever que todo esto es, lisa y llanamente, una movida política. Hay sectores que esperan que la justicia federal intervenga al médico, para que asuma Ale Sánchez como diputado. Aunque esto sería poco probable.
ORELLANA SE DEFIENDE
En facebook el Dr. Gerardo Orellana manifestó: “Está circulando esta falsa información en las redes sociales, organizada y orquestada por gente sin valores e inescrupulosa y con contactos de igual calibre de Salta, con el único objetivo de dañar mi imagen y difamarme sin piedad con estas maniobras, aprovechando la circunstancia de procedimientos realizados por la justicia en los municipios de El Quebrachal y Joaquín V. González.
Deseo informar a toda la comunidad, que No estoy comprometido ni complicado con esta situación ni allanaron mi consultorio ni mi domicilio particular, como quisieron hacer creer a todos. Sigo con los pies en la tierra y con la mirada al cielo, tratando siempre de trabajar en favor del bien común, sin dañar ni agredir al prójimo”, concluyó.
LO CONCRETO HASTA AHORA
El fiscal federal Carlos Amad advirtió que están próximos a imputar a los responsables de otorgar pensiones de manera irregular.
Al menos 17 allanamientos se realizaron en las últimas horas en distintas localidades de Salta, debido a una investigación que delata la facilitación de pensiones de manera irregular. Son 22 mil los casos que están bajo la lupa por ser tramitadas, otorgadas y cobradas de forma irregular en El Quebrachal, Joaquín V. González, Talavera y la capital salteña.
Los allanamientos guardan directa relación con la investigación sobre las pensiones truchas. Secuestraron documentación, soportes magnéticos de computadoras, celulares y dinero en efectivo, que serán analizados en estos días.
Entre 2003 y 2023, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral en el país se multiplicó por 15. Pasaron de 79.000 a 1.224.000. Solo en 2024, según estimaciones oficiales que expuestas cuando se anunció la auditoria iniciada por la Andis en todo el país, el Estado perdió más de 3.400 millones de dólares por el mecanismo fraudulento.
