A fines de 2007, el Gobierno adjudicó una veintena de parcelas de 500 hectáreas del exlote fiscal 37, Tolloche, a otros tantos supuestos puesteros y pastajeros de muchos años. Pero 8 de esas parcelas fueron vendidas tres meses después por los adjudicatarios, cuando estaban hipotecadas a favor de la Provincia y el decreto prohibía enajenarlas por 10 años.
Cuando estas irregularidades salieron a la luz, en los primeros meses de este año, quedaron al descubierto las maniobras mediante las cuales políticos de Anta, como el diputado Pedro Sández y el intendente de El Quebrachal, Leonardo García, habían utilizado a testaferros para quedarse ellos mismos con algunas de las parcelas señaladas.
Lo mismo sucedió con el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Godoy, quien hizo adjudicar una parcela a su cuñado, Luis Díaz, quien a su vez tergiversó sus datos personales, al declarar que había vivido siempre de Anta, cuando su domicilio legal es y fue siempre en la capital provincial.
Todos estos manejos llevaron al Gobierno actual a desadjudicar las parcelas cuestionadas, mediante decreto y al mismo tiempo se inició una causa penal contra los testaferros y el exministro de la Producción, Sergio Camacho, por supuesto daño al patrimonio provincial.
Cuando todos los imputados fueron citados a declarar el único que se presentó fue Camacho, quien adujo en su descargo haberse visto sorprendido en su buena fe por el accionar de los testaferros.
Estos, en cambio, se negaron a prestar declaración inducidos por su abogado, el metanense José Retuerta. Al mismo tiempo, varios de los exuppa ocuparon las parcelas desadjudicadas y se presentaron ante el juez pidiendo ser tenidos como querellantes en la causa.
Es que los integrantes de la Unión de Pequeños Productores de Anta fueron adjudicatarios de las primeras parcelas dadas por la Provincia en Tolloche en la década del "80 y por distintos motivos se vieron obligados a abandonar esas tierras. Y al no resultar adjudicatarios en 2007 se sienten perjudicados.
Además, ser admitidos como querellantes en el juicio significará que tanto ellos como sus abogados puedan presenciar los interrogatorios del juez a los testaferros, opción que, al parecer, quiere ser evitada por la Justicia.