El 22 de marzo del 2011, Día Mundial del Agua, tuvo lugar en el Centro de Convenciones del Centro Cívico Grand Bourg (en la capital de la Provincia de Salta), un llamado Ciclo de Conferencias sobre el líquido elemento. Ante las inminentes elecciones provinciales de gobernador y legislativas del 10 de abril de ese año, la faramalla inaugural fue ostentosa, tras lo cual comenzaron las disertaciones. La primera estuvo a cargo del Ing. Alfredo Fuertes, Secretario de Recursos Hídricos de la Provincia. Se refirió a los avances en su área durante los primeros cuatro años del gobierno, entre los cuales habló del canon de agua que pagan las dos centrales térmicas de Güemes, zona que destacó bajo &ldquoluz amarilla&rdquo en cuanto a disponibilidad de agua. Observó en la exposición que durante el anterior gobierno, cada firma a cargo de las centrales pagaba un canon anual de ciento cincuenta pesos (sí: 150 $ por año), monto que, en casos, era el mismo que paga, dijo, &ldquodoña Rosa o don Carlos&rdquo en uno o en dos meses por el agua domiciliaria. Así ponía de relieve el grosero regalo de agua a los industriales. Por ello, destacó que, tras duras negociaciones, se convino en aplicar un valor del 1.000% superior, es decir, ciento cincuenta mil pesos por año. Al concluir la charla, el expositor se puso a disposición para preguntas. Nos tocó indagar cómo se compara el precio del agua que pagan &ldquodoña Rosa o don Carlos&rdquo según la tarifa medida respecto a ese canon para cada empresa termoeléctrica, con la salvedad de que los usuarios domésticos consumimos agua para vivir, mientras que las firmas lo hacen para grandes negocios. La respuesta del Ing. Alfredo Fuertes fue: &ldquono sabemos los hectómetros cúbicos de agua&rdquo que consumen las firmas. Un funcionario de la más alta responsabilidad en el manejo provincial del agua ignora y lo confiesa, cuánta agua utiliza cada una de las termoeléctricas de Güemes. Esta confesión de parte tiene un significado tan importante cuan grave: el Estado reconoce su discapacidad para controlar el uso de agua de grandes usuarios, mientras que acosa a los pequeños usuarios domiciliarios con toda suerte de inculpación &ndasha menudo mendaz- por el mismo, con el objetivo de obtener más ganancia del ejercicio del Derecho Humano al Agua, mientras que no le importa en absoluto el consumo de agua de los grandes usuarios. Decimos que &ldquono le importa&rdquo simplemente porque no se tomó ninguna medida al respecto tras la confesión de la dicha incapacidad de control por parte de quien debe controlar. Ahora bien, ha de tenerse muy en cuenta que, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2006, en el consumo de agua dulce en el Planeta &ndashy Salta aún no fue expulsada del mismo- el usuario domiciliario no usa más del 5% del agua, mientras que el industrial se eleva al 20% de uso de agua dulce. Recomendamos detenerse a pensar en semejantes datos y su significación.
Mientras, reflexionemos lo siguiente, respecto a lo que preocupa a Salta en este momento, a saber, la pretendida instalación, en El Galpón, de una planta de nitratos de amonio para hacer estallar montañas y mutilar sin empacho la Madre Tierra: el Informe o Estudio de Impacto Ambiental que presenta la firma Austin Powder SA o Austin Nitratos habló de un uso de agua dulce de 60 litros/segundo, luego lo bajó a 40 l/s, luego otra &ldquobonificación&rdquo a 20 l/s., mientras que parece ahora haber vuelto a los 40 l/s. Además de la jugarreta poco seria de andar modificando los valores según reacciona la población que se resiste a la planta, lo cual ya es más que suficiente para desaprobar el emprendimiento, supongamos que con razones tales o cuales el Estado apruebe estos guarismos. Lo que nos indica la Subsecretaría de Recursos Hídricos, o sea, el propio Estado, es que nunca sabrá cuánta agua efectivamente habrá de utilizar la firma, ni sabe cuánta agua usa industrialmente ninguna firma y, además no le importa un pepino ese consumo, mientras el mismo estado, a través de todo tipo de imputaciones a los usuarios domiciliarios, sin excluir el mamarracho del monigote llamado Grifo, nos pretende hace sentir obligados a soportar un medidor para aumento de la tarifa, el cual, además, es ilegal y colocado en forma clandestina, según lo certificó la Dirección de Control Urbano de la Municipalidad de Salta en 2007.
Insistamos: el uso de agua que hacen estas grandes firmas no es para vivir, sino para mercar las Austin lo hará, a la postre, también, para destruir la vida: además de contaminar el aire, el río Juramento, la tierra, se suma que los &ldquoproductos&rdquo son también destructivos: para hacer volar montañas a diestra y siniestra a lo largo de la Cordillera&hellip A ese uso industrial del agua, el Estado NO lo controla: ¿quién garantiza que la empresa no &ldquotira&rdquo un número en los papeles o estudios de impacto ambiental y, en la realidad, liquida mucha más agua de la que informa? ¿Ella misma? ¡Por favor! Ahora bien, si el mismo Estado es incapaz de controlar nada menos que el uso &ndasho abuso- de agua, ¿cómo controlará la contaminación aérea? ¿Dónde están los organismos capacitados con instrumentos y personal apto para ese control? ¿Qué es lo que realmente puede controlar el Estado? Estas inquietantes preguntas son razón más que de sobra para que semejante irresponsabilidad estatal al menos se mitigue no autorizando de plano la instalación de tamaños destructivos &ldquoprogresos&rdquo. Si no lo hace el Estado, que debe proteger la vida, lo deberemos hacer nosotros, los ciudadanos, diciendo, gritando y defendiendo un macizo y gaucho ¡SÍ A LA VIDA!, que equivale a un ¡NO A AUSTIN! o ¡FUERA AUSTIN! de El Galpón, de toda la Provincia de Salta.
Por todo eso y por mucho más, La Austin NO TIENE licencia social.
_____________________________________________________________________________
Por Carlos María Pagano Fernández, Profesor, Licenciado y Doctor en Filosofía, docente regular de la Universidad Nacional de Salta, de la Universidad Católica de Salta y del Profesorado en Ciencias Políticas de la Escuela Normal de Salta. Ha integrado el Tribunal del Juicio Ético Popular a las transnacionales que operan en la Argentina, Audiencia NOA (Tucumán, setiembre del 2011) y Definitiva (Buenos Aires, octubre de 2011). Es miembro de la Junta Promotora del Agua. Al respecto, la Enciclopedia Latinoamericana de DDHH que editan tres universidades de Brasil le ha encomendado la entrada &ldquoAGUA&rdquo (como Derecho Humano).
