Hasta hace pocos días, miembros de la familia Barroso (quienes afirman ser propietarios de esas tierras) estaban cobrando 150 pesos a las personas que ocupan lotes en aquel lugar. Según nos comentaron, en el sector habría actualmente, entre 80 y 120 viviendas precarias. De acuerdo con lo expresado por Félix Barroso, ese dinero sería dispuesto para la gestión de algunos servicios indispensables para ese barrio. De esta manera se venía planteando la situación.
Pero surgió una nota periodística en FM Anta, en la cual el intendente Gerardo Orellana expresó que tenía en su poder, una disposición de la justicia que dejaba sin efecto lo realizado legalmente por la familia Barroso. Por lo tanto, nadie debía abonar dinero alguno, en ningún concepto. Además, el intendente hizo hincapie en que todo lo legal se retrotraía a como estaban las cosas antes de las acciones legales realizadas por la sucesión Barroso. También reconoció que está decisión judicial podría ser apelada en el futuro, aunque según él, todo este problema ya era un tema resuelto.
Estas declaraciones de Orellana, provocaron que algunos vecinos le pidieran a Barroso la devolución de la plata. Esto se efectuó, pero el escándalo se desató cuando la familia Barroso exigió que las familias (a las que se le había devuelto el dinero) desalojen el lugar, ya que al solicitar la devolución de los 150 pesos no tenían derecho a seguir permaneciendo en el asentamiento.
Fue entonces que empezaron las agresiones físicas, en la que una joven (hija de don Félix Barroso) se llevó la peor parte ya que le arañaron el rostro mientras la sujetaban por los cabellos. Además, nos comentaron algunos vecinos que fueron testigos presenciales del incidente, que la esposa de Barroso también fue agredida por un hombre mayor.
El caso es que las aguas quedaron divididas en el asentamiento, ya que algunos hacen causa común con la familia Barroso, mientras que otros están en contra y reclaman la devolución del dinero entregado.
Lo cierto es que de una vez por todas, las autoridades (municipales, policiales o judiciales) deben asumir el compromiso serio y efectivo de terminar con tanta inseguridad jurídica en Joaquín V. González. También esperamos que Orellana, finalmente nos haga llegar la documentación en la que según sus propias palabras, la justicia ya tiene una decisión tomada con respecto a esta cuestión.
