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Fueron descubiertos gracias a una enfermera que se enteró de que tenía la firma afectada por la denuncia de Efectivo Si.

La Brigada de Investigaciones de Joaquín V. González capturó a tres de cinco integrantes de una aceitada banda de estafadores. Los mismos, amparados en la legalidad de una empresa local, ofrecían motocicletas a potenciales clientes, les gestionaban los créditos en la financiera Efectivo Si, retiraban los vehículos desde la sede de una firma de Salta Capital y luego, sin embargo, les aseguraban que la operación había fracasado.

El siguiente paso de los delincuentes era el simple: vendían las unidades a terceros y les entregaban un boleto de compraventa con la promesa de que ya les enviarían los papeles de dominio correspondientes.

El grupo actuaba con solidez, pero fue descubierto. Fue luego de que una enfermera, Roxana Contreras, domiciliada en el barrio gonzaleño El Alto tratara de hacer una compra de electrodomésticos a plazos en la casa Garbarino. "Lamentablemente Ud. tiene la firma afectada", le dijeron. Roxana se quedó perpleja, ya que no tenía cuentas pendientes, aunque recordó que, en junio del año, pasado había gestionado la compra de una moto en la empresa local Rutagro, donde había dejado recibos de sueldos, una boleta de servicios y fotocopias de su DNI.

Siguió averiguando y obtuvo más detalles: su firma había sido afectada por la empresa crediticia Efectivo Si, por la falta de pago de las cuotas correspondientes a un plan para la adquisición de un rodado que, supuestamente, había sido entregado a ella por la comercializadora salteña Universal Motos.

Con esos datos, fue a poner la denuncia a la Brigada de Investigaciones, cuyos sabuesos armaron rápidamente el rompecabezas.

A Roxana, efectivamente, le habían aprobado un préstamo pese a que, en Rutagro, le habían dicho que su solicitud había sido rechazada.

De la misma manera, determinaron que uno de los empleados de Rutagro, Lionel Augusto Pavone, había retirado en octubre de 2009 en su nombre, una IMSA de 125 centímetros cúbicos y otras tres más desde Universal Motos.

Asimismo, establecieron que la gestión crediticia fue realizada por los hermanos Guillermo y Nicolás Serrudo, quienes desaparecieron de Joaquín V. González y de los que se supone son los jefes de la gavilla.

También, comprobaron que las motocicletas fueron llevadas a la casa de una tal Vanesa Guzmán, en la manzana A del barrio "30 Viviendas".

Los vecinos confirmaron que, en ese domicilio, se almacenaban recurrentemente motocicletas que traían los hermanos Serrudo y Pavone.

Vanessa Guzmán, al ser interrogada, se quebró y dijo que las unidades las vendían a terceros. Además, dijo que todas estas operaciones las realizaban junto a Roxana Díaz, una mujer de la zona, que incluso le vendió una de ellas, sin papeles, a su propio tío.

Esta unidad fue secuestrada de igual modo que el ocurrido con la que, hipotéticamente, había adquirido la enfermera Contreras. La motocicleta se hallaba en poder de un comprador de buena fe, domiciliado en la misión San Martín Dos de la provincia de Formosa.

Un detalle curioso: Roxana Díaz, cuando fue entrevistada por los policías, cargó contra los hermanos Serrudo. Dijo que le debían dinero y dio las direcciones de dos compradores, quienes pagaron $3.000 por las motocicletas, pero se quedaron con tan solo las boletas de compraventas truchas.

La causa quedó en manos del juez de Instrucción Formal 1 de Metán, Mario Herminio Teseyra. Este ordenó que prosigan las investigaciones, ya que se tiene la sospecha de que la denuncia de la la enfermera Contreras permitió hallar la punta de un iceberg.

Fuente consultada: Diario "El Tribuno"