Mientras la auditoría de la provincia se niega a revisar las ventas, las tierras quedaron en manos de yanquis y del diputado de la zona. A quienes aún resisten abandonar el lugar, les ofrecieron 150.000 dólares para hacerlo.
El escándalo de La Cienaga destapó la olla y dio margen para que todos los sin voz de la provincia salieran a denunciar estafas similares que terminaron con la entrega de las tierras en donde vivían. Así es como en el lote Nº37 de Tolloche (localidad que solo ocupó el primer plano de las noticias cuando una avioneta clandestina cayó por la zona y manos misteriosas le prendieron fuego para no dejar rastros de lo que trasladaba) forma parte del combo inmobiliario en cuestión y es que en esa localidad 15.529 hectáreas estaban ocupadas por pastajeros y comodatarios. La situación en su conjunto duró hasta el año 2.007 cuando 41.000 hectáreas fueron puestas a la venta por medio de la legislatura provincial.
Lo lamentable fue que la licitación pública terminó en adjudicación directa. Y si bien la venta de las tierras era una manchancha apetecible a cualquier inversor rural, fueron empresas yanquis las que coparon la zona, a pesar que desde el gobierno nacional se intenta frenar las inversiones de capitales extranjeros en lo que a la compra de tierras en el país se refiere. Cabe recordar que esa zona tiene un futuro promisorio para el cultivo de soja.
Si bien los prestatarios del ex lote fiscal Nº37, denuncian que cerca de 150.000 hectáreas de la provincia pertenecen a una sola empresa (Quebracho Colorado SA cuyo titular es el norteamericano Paul Gabel), en la dirección de inmuebles hay un poco mas de 113.116 hectáreas a nombre de esta empresa a las que se suman otras 10.000 compradas en el ex lote fiscal Nº 37, lo que totaliza casi 2.400.000 hectáreas en la provincia en manos de un solo tipo. Lo llamativo e la oferta de 150.000 pesos que recibió la última moradora de la zona por trasladarse a otro sitio, una suma que superó largamente los 20.000 que percibió el resto del campesinado urbano por idéntico traslado.
Pedro Sández, el diputado de la zona, es señalado por todos como mentor de las operaciones. Sin embargo, no es el único al que reconocen como gestor de la limpieza de los campos para dejar el predio libre para la soja. También estarían involucrados dos funcionarios del actual gobierno. La peor nota provino del titular de la auditoría de la provincia, Oscar Salvatierra, que sostuvo que no tiene la obligación de realizar las auditorías solicitadas, en relación al pedido de revisión de la venta y titularidad de las tierras de Tolloche. Con esta declaración en cualquier provincia normal afrontaría un juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Salvatierra sostiene que la auditoría, al ser un órgano independiente, no tiene obligatoriamente que realizar todas las revisiones que se les solicitan, otorgando un argumento novedoso a los delincuentes.
La actitud del funcionario se parece más a la preservación de sus compañeros peronistas de tantos años, que a la función de jefe del órgano de control de la plata de todos. (1º Fragmento).
Más información sobre este tema, en nuestra edición impresa de ZONA SUR SALTA, que estará en las calles el 1º de noviembre.
