Desde la entidad ambientalista Greenpeace se denunció ayer que la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, la jujeña María Gabriela Burgos, sigue demorando la Ley de Delitos Forestales que fue presentada a fin de endurecer las sanciones para quienes realicen desmontes en áreas que tiene categorías de protección.

Entre los casos que Greenpeace puso de ejemplo se mencionó el caso de la finca La Moraleja SA, que provee el jugo de limón de Sprite a una multinacional de gaseosas. “La Moraleja desmontó 3 mil hectáreas de bosque nativo en la provincia de Salta.

Más de 93 mil personas ya le pidieron a Sprite que ponga fecha a la reforestación de la superficie desmontada”, indicó la entidad en un comunicado que denunció la demora del tratamiento de esta Ley. Desde La Moraleja, no obstante, se negó la deforestación al momento de sostener que lo desmontado fue aprobado por la provincia de Salta.

"Burgos dice que no está demorando el tratamiento de la Ley de Delitos Forestales pero todavía no le puso fecha a su discusión en la Comisión de Legislación Penal y nunca quiso reunirse con nosotros. Es inadmisible que haya pasado casi un año y no se haya tratado. Mientras la ley se demora, los desmontes ilegales y los desalojos de comunidades campesinas e indígenas avanzan. La diputada debe hacerse cargo del rol que ocupa", advirtió Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

El proyecto establece pena de prisión para quien ocasione intencionalmente el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o destrucción de bosques nativos y penaliza también a quien ayude a cometer esos delitos con provisión de maquinaria o conocimiento técnico, académico o científico. Las penas se incrementan para el funcionario que forme parte del delito o autorice los desmontes violando las normas vigentes. 

Indicaron que muchos violan la Ley de Bosques y por ello solo reciben una mínima multa.

Desde la entidad ambientalista se indicó que en un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015. En ese lapso, se indicó, se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300 mil al año. 

Datos oficiales confirman que desde la sanción de la Ley de Bosques (año 2007) hasta fines de 2016 se deforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las cuales más de 750 mil eran bosques protegidos. Un reciente informe de Greenpeace estima que al menos el 42% de los desmontes realizados en el primer semestre del año fueron ilegales.