La causa judicial del argentino Eduardo Ignacio Murias, detenido en Minas Gerais tras un episodio que involucra a un niño de siete años y que actualmente es investigado como un caso de injuria racial, ingresó en una fase de estricto hermetismo mientras se perita su teléfono celular. El Tribunal de Justicia de Minas Gerais (TJMG) confirmó a LA NACION que la causa pasó a tramitarse bajo secreto de sumario por involucrar a un menor.

La situación procesal de Murias se consolidó el lunes tras la audiencia de custodia en São João del-Rei, donde el magistrado convirtió la detención en flagrancia del argentino en prisión preventiva. La medida implica que el imputado, de 63 años, continuará tras las rejas mientras la Policía Civil investiga los mensajes emitidos desde su dispositivo.

El incidente ocurrió el domingo 24 de mayo a bordo del tren turístico María Fumaça, que une São João del-Rei y Tiradentes. Pasajeros del vagón alertaron a la madre de la víctima de que el argentino, ubicado frente a ellos, fotografiaba y filmaba al menor sin autorización. Tras un tenso enfrentamiento en el que Murias negó el hecho y se resistió a mostrar su teléfono, la presión de los presentes lo obligó a desbloquearlo.

Al revisar WhatsApp, la familia encontró chats en español en los que aludía al color de piel del niño y sugería “llevarlo como esclavo”. En otra conversación, hacía referencias a “tomar una esclava” para el cuidado de las nietas de su interlocutora. Tras ser contenido por los pasajeros, el hombre fue entregado a la Policía Militar.

La gravedad del episodio llevó a que la madre, oriunda de Río de Janeiro, peda una investigación profunda ante el temor de que el caso se vincule a redes de tráfico de menores. Por lo pronto, la Policía Civil ratificó la flagrancia por injuria racial e incautó el celular del argentino.

El impacto del caso provocó un inmediato cese en la estrategia legal inicial. El estudio jurídico Lincoln Barros Júnior & Advogados Associados, que representaba a Murias, anunció su desvinculación total durante la audiencia de custodia, amparándose en el secreto profesional para no realizar comentarios.

La defensa dio un vuelco con la designación del penalista Ciro Chagas. En una entrevista exclusiva con LA NACION, Chagas expuso una postura técnica y sostuvo que las conductas imputadas no constituyen un delito en Brasil. “El tipo penal de la injuria racial exige de manera indispensable que la ofensa sea externalizada, es decir, que adquiera un carácter público. En este caso, estábamos ante una conversación estrictamente privada, mantenida dentro de una esfera de absoluta intimidad a través de una aplicación de mensajería”, argumentó.

Asimismo, calificó de “paradójica” la fundamentación del magistrado para dictar la prisión preventiva. “El juez justificó la necesidad de mantenerlo tras las rejas bajo el argumento de que había obstruido la investigación al borrar la fotografía del menor”, reveló Chagas. Según alega la defensa, Murias eliminó la imagen dentro del vagón en un intento de pedir disculpas a la madre y subsanar el malentendido, un acto que la justicia apuntó como motivo para negarle la libertad.

Chagas enfatizó que Murias tiene empleo fijo en la Argentina y carece de antecedentes penales. “Él estaba haciendo turismo solo. De hecho, su plan de viaje contemplaba tomar el vuelo de regreso a la Argentina ese mismo viernes”, detalló el abogado, quien aclaró que fue contratado por la familia de Murias desde la Argentina, sin intervención consular.

El letrado ya interpuso un Habeas Corpus para solicitar que espere el proceso bajo medidas alternativas, como una tobillera electrónica o la retención de su pasaporte. Por su parte, la operadora ferroviaria VLI envió un pronunciamiento a este medio donde condenó la conducta: “La empresa repudia el racismo y cualquier forma de discriminación”, escribieron.

La situación de Murias, oriundo de Santiago del Estero, reaviva una preocupante saga de argentinos involucrados en incidentes discriminatorios en suelo brasileño. El episodio coincide con la espera de sentencia en el caso de Agostina Páez, la abogada santiagueña que permaneció casi tres meses sin poder dejar Río de Janeiro por gestos racistas en Ipanema, y que hoy, ya desde su provincia natal, espera una definición judicial, tras pagar una fianza abultada. Semanas atrás, también José Luis Haile, de 67 años, terminó detenido en un supermercado de Copacabana por insultar a una trabajadora local.

Chagas reconoció a LA NACION que la seguidilla juega en contra de su defendido. “La coincidencia de la nacionalidad genera una enorme presión política y pública sobre el juzgado. Pero nuestro rol es exigirle al magistrado que actúe de manera estrictamente técnica, no que responda a los anhelos de condena de la sociedad”.

Mientras la causa avanza en São João del-Rei, la madre de la víctima aseguró, en diálogo con el sitio de noticias brasileño G1, que su hijo se encuentra profundamente afectado por los hechos: “Está muy asustado, callado y no se encuentra bien. Lo veo con una mirada triste”.