Tres empresas que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló por estar presuntamente ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y por importar combustible de forma ilegal a nuestro país, han operado en México desde hace una década con permisos oficiales emitidos por la Secretaría de Energía y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Las compañías que desde 2016 obtuvieron autorizaciones son: Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.; Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V., y Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V. De acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense, estas compañías integrarían una red que importa combustible de forma ilegal a México a través de las aduanas, donde no reportan el ingreso de gasolina o diésel, sino de otras sustancias para evitar el pago de impuestos; un delito que se conoce como “huachicol fiscal”.
La evasión del pago de impuestos bajo este mecanismo, así como la venta del combustible que ingresa de forma ilegal a nuestro país, representa pérdidas millonarias para el gobierno mexicano. Esos recursos deberían ser destinados a obras públicas, inversión en transporte público o a mejoras a los servicios para la ciudadanía.
Lejos de operar en las sombras o mantener un perfil bajo, estas compañías que el Departamento del Tesoro señaló por supuestamente estar ligadas al CJNG han operado en México con permisos oficiales para la importación diésel, comercialización de petrolíferos, transporte de carga, así como carga especializada de materiales y residuos peligrosos.
Jomadi Logistics & Cargo obtuvo el permiso H/19387/COM/2016 para la comercialización de petrolíferos desde 2016, cuando gobernaba en México el priista Enrique Peña Nieto. Este documento de autorización de actividades se mantiene vigente, según un registro de la Secretaría de Energía actualizado al 7 de abril de este año.
En 2017 esta misma empresa recibió un nuevo permiso de un año de vigencia de la Secretaría de Energía para importar hasta mil 500 millones de litros de diésel.
Jomadi Logistics & Cargo es una de las compañías que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó para desmantelar una red de contrabando de combustible vinculada a elementos de la Secretaría de Marina, según reportaron medios como El País.
Ahavat Logistics Solution es otra empresa que desde 2020, ya en el sexenio del morenista Andrés Manuel López Obrador, obtuvo la autorización H/23558/COM/2020 para la comercialización de petrolíferos. Este permiso sigue vigente, según el registro oficial de la Secretaría de Energía.
“Jomadi es una empresa de importación y exportación involucrada en el huachicol fiscal. Jomadi y Ahavat han realizado transacciones a través del sistema financiero de los Estados Unidos por el valor de decenas de millones de dólares con terceros vinculados al CJNG”, señaló en un comunicado el pasado 30 de junio el Departamento del Tesoro a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
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La OFAC impuso sanciones a las empresas Jomadi y Ahavat por estar vinculadas a Refugio Ruiz Villagomez, quien fue señalado por presuntamente operar el ingreso de combustibles a México evadiendo el pago de impuestos.
La tercera empresa ligada al CJNG que opera con permisos oficiales en México es Soma Transporte y Servicios. Esta compañía obtuvo al menos dos permisos en 2023 y 2024 de parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
El primer permiso de 2023 fue emitido por esta Secretaría en su oficina de Tamaulipas para transportar materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos en carreteras federales.
La segunda autorización, emitida en 2024 también en Tamaulipas, fue para que la empresa pudiera transportar carga en autopistas federales.
Soma Transporte y Servicios es parte de los negocios de Oscar Guillermo Juraidini Silva, a quien la OFAC señaló por ser un “personaje de negocios clave” que facilita el robo de combustible para el Cártel Jalisco Nueva Generación, además de falsificar documentos para importar estos materiales a México sin pagar impuestos.
El huachicol fiscal, que consiste en la importación de combustibles a México con la evasión del pago de impuestos en las aduanas, es un delito que tomó relevancia en 2025, cuando autoridades federales dieron a conocer una red de funcionarios públicos de la Secretaría de Marina que supuestamente se beneficiaban con la comisión de este crimen en la aduana de Matamoros, Tamaulipas.
En la presunta red de funcionarios corruptos participaban el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, ambos sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina en el gobierno de López Obrador.
En este contexto, el pasado 30 de junio la OFAC dio a conocer nuevas sanciones a empresas ligadas al Cártel Jalisco que roban combustible en México y que también lo importan de forma irregular desde los Estados Unidos.
La OFAC, en conjunto con la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, dieron a conocer que, entre mayo de 2025 y mayo de 2026, se generaron más de 160 informes sobre actividades sospechosas relacionadas con el huachicol por un monto de 7 mil millones de dólares.
Si bien los cárteles de la droga que operan este delito son mexicanos, la OFAC y el FinCEN también ubicaron a empresas estadounidenses coludidas que venden combustible al crimen organizado y colaboran en su importación ilegal a nuestro país.
Texas y Florida son los estados donde el gobierno estadounidense ha identificado una actividad frecuente relacionada con el huachicol, especialmente en Texas esto ocurre en ciudades fronterizas con México, como Brownsville, Mission, Eagle Pass y McAllen.
Las ganancias del Cártel Jalisco con el huachicol fiscal no solo sirven para financiar sus actividades delictivas, sino que también el crimen organizado destina estos recursos al apoyo de campañas electorales de “políticos corruptos”, según la OFAC y el FinCEN.
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Sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió el pasado miércoles al gobierno estadounidense que presente pruebas, ya que el gobierno mexicano no tenía conocimiento del financiamiento de campañas electorales con recursos del huachicol fiscal.
“Lo que no entendemos es la parte de cuando informan de las campañas, porque de eso nunca fuimos informados. Y, además, ¿qué pruebas tienen también? Porque es lo mismo, lo mismo, o sea, es decir: ‘que ocurre algo sin ninguna prueba’”, señaló la presidenta en una conferencia de prensa luego de los señalamientos de la OFAC y FinCEN.
