La Corte Suprema de Estados Unidos determinó el 25 de junio de 2026 que no basta estar parado frente a una garita en la frontera y presentarse ante un agente de inmigración para tener el derecho a pedir asilo: una persona solo tendrá ese derecho siempre y cuando esté físicamente dentro de Estados Unidos.
Si estás parado en México no tienes ese derecho, votó una mayoría de 6 jueces contra 3 en un caso que deriva de una demanda colectiva presentada en 2017 por un grupo de solicitantes de asilo y la organización Al Otro Lado ante un tribunal federal en California, conocida como el caso Mullin vs. Al Otro Lado, sobre el acceso al proceso de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.
Antes de esta sentencia, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito había sostenido, en una decisión del 23 de octubre de 2024 luego enmendada por la misma corte el 14 de mayo de 2025, que una persona que se encontraba en México y llegaba hasta un funcionario estadounidense en la frontera, para efecto de la ley de asilo, “llegaba a los Estados Unidos”. Para esa corte, la frase “llegar a Estados Unidos” abarcaba a personas que se encontraban con funcionarios estadounidenses en la frontera, “sin importar de qué lado de la frontera estuvieran paradas”.
Entre octubre de 2025 y mayo de 2026, 283 personas en puertos de entrada de la frontera suroeste dijeron tener miedo de persecución o intención de pedir asilo, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). Ese dato corresponde sólo a personas procesadas por la Oficina de Operaciones de Campo (OFO, por sus siglas en inglés), una división de CBP que opera en los puertos de entrada, y no representa a todas las personas que buscaron asilo tras llegar a la frontera con México. En el mismo periodo para el año anterior, esta cifra superaba las 144,000 personas.
El juez de la Corte Samuel Alito, nominado por George W. Bush, dijo que la frase “arrives in the United States” debe entenderse en su sentido más literal: llegar es entrar dentro de los límites del país, no quedarse justo antes de cruzar.
Para explicar su decisión, usó una analogía del fútbol americano. Según Alito, un jugador que va corriendo y llega a la última línea del balón, no llega a la zona de anotación; y si no entra, no obtiene puntos. “Un corredor no llega a la zona de anotación cuando alcanza la yarda 1”, dijo de manera textual. En su lectura, la frase “arrives in the United States” debe entenderse en su sentido más literal: llegar es entrar dentro de los límites del país, no quedarse justo antes de cruzar.
“Este caso plantea una pregunta sencilla: si un extranjero que busca ingresar a los Estados Unidos desde México ‘llega a los Estados Unidos’ cuando aún se encuentra en México. En la decisión de primera instancia, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito respondió que ‘sí’. Eso es incorrecto. En el lenguaje común, nadie diría que una persona ‘llega a’ un lugar —por ejemplo, una casa, una ciudad o un país— antes de que entre en ese lugar. El contexto en el que se utiliza la frase ‘llega a los Estados Unidos’ en las leyes de inmigración en cuestión aquí respalda una interpretación basada en el significado común. Lo mismo ocurre con la presunción contra la extraterritorialidad. Por lo tanto, revocamos la sentencia”, escribió Alito en el fallo .
En su opinión disidente, la jueza Sonia Sotomayor —nominada por Barack Obama— advirtió que la nueva interpretación crea un incentivo contraproducente: “Les dice a los solicitantes de asilo que pueden pedir asilo si logran cruzar la frontera de forma ilegal”, pero no si esperan en el borde de un puerto de entrada.
Dijo que la mayoría de jueces que votaron a favor estaban leyendo la Ley de Inmigración y Nacionalidad de manera “estrecha”, concentrándose en la palabra “in” (“en” o “dentro de”), dejando de lado el contexto completo del sistema de inspección y asilo.
“Hoy, la Corte avala la decisión del Poder Ejecutivo de cerrarles la puerta a quienes huyen de la persecución”, indicó la jueza.
En 2016, durante la primera administración del presidente Donald Trump, el DHS puso en marcha una política de control conocida como “metering”, que limitaba el número de personas que podían cruzar diariamente por los puertos de entrada ante el aumento de quienes pedían venir a Estados Unidos.
Funcionarios de la CBP se colocaron en el lado estadounidense de los puentes y cruces para frenar el paso cuando se alcanzaba la cuota diaria. Esto provocó que muchas personas que querían pedir asilo tuvieran que quedarse en México, sin poder presentarse para la inspección ni iniciar de inmediato su solicitud de asilo en Estados Unidos.
Durante los alegatos en la Corte Suprema, la jueza Sotomayor citó un reporte de 2018 de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Según ese informe, el “metering” tuvo consecuencias no previstas: personas que de otro modo habrían intentado entrar legalmente terminaron cruzando la frontera de forma ilegal. En ese mismo informe, un supervisor de la Patrulla Fronteriza reportó un “aumento en las entradas ilegales” cuando se aplicaba el “metering” en los puertos de entrada.
Aaron Reichlin-Melnick, abogado especializado en inmigración y senior fellow del American Immigration Council, una organización sin fines de lucro que litiga y hace investigación en temas migratorios en Estados Unidos, que también es parte de demanda colectiva, escribió después del fallo: “Durante años, el gobierno federal tuvo un mensaje claro para los migrantes que buscaban asilo en la frontera entre Estados Unidos y México: diríjanse a un puerto de entrada y no crucen la frontera ilegalmente”.
Explicó que entrar por la vía legal era un mensaje bipartidista desde 2018, tanto de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, como del presidente Trump, quien dijo a la prensa en junio de 2018. “Si acude a un puerto de entrada, todo se resuelve muy bien… Eso se llama hacerlo por la vía legal”.
Ahora, señaló Reichlin-Melnick, “discrepamos rotundamente de que la reciente decisión del Tribunal Supremo sea una victoria para el Estado de derecho; es una victoria para las acciones arbitrarias que han socavado notablemente el orden procesal. Y ni liberales ni conservadores deberían celebrarla”.
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