Mientras el debate en torno a la eutanasia avanza mediante la revisión judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la propuesta de una iniciativa ciudadana en la Ciudad de México, el sector médico y especialistas señalan que el sistema de salud arrastra una deuda: asegurar una cobertura efectiva en cuidados paliativos, un desafío estructural que adquiere mayor relevancia ante la transición demográfica que experimenta el país y el aumento constante de padecimientos crónico-degenerativos.
La doctora Arizbe Rivera Ordóñez, especialista en medicina del dolor, afirmó en entrevista con Animal Político que, aunque los cuidados paliativos están reconocidos como un derecho en México y su prestación está prevista en la legislación y en la Norma Oficial Mexicana 011, el Estado aún no garantiza su acceso universal debido a la insuficiencia de especialistas, unidades médicas y cobertura, lo que impide que personas con enfermedades graves reciban esta atención.
Rivera Ordóñez explicó que los cuidados paliativos son una especialidad enfocada en brindar tratamiento y acompañamiento a pacientes con enfermedades graves o que amenazan la vida, así como a sus familias, con especial atención a las necesidades físicas, psicológicas y espirituales durante el proceso de diagnóstico y tratamiento.
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"Los cuidados paliativos deben de comenzar inmediatamente cuando se hace el diagnóstico", afirmó la especialista, quien explicó que este tipo de atención no debe entenderse como una etapa exclusiva para los últimos momentos de vida, sino como un acompañamiento que puede iniciar desde el momento en que se identifica una enfermedad grave.
La médica señaló que persiste la idea de que los cuidados paliativos significan que ya no existe nada por hacer, cuando en realidad pueden ayudar a controlar síntomas, resolver dudas y acompañar al paciente y a su familia durante distintas etapas de la enfermedad.
Rivera Ordóñez indicó que este tipo de atención puede ser requerida por pacientes con enfermedades oncológicas, insuficiencia cardiaca grave, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal avanzada, enfermedades neurológicas degenerativas o demencias, entre otros padecimientos que afectan la calidad de vida.
La especialista afirmó que los cuidados paliativos deben entenderse como un derecho y no como un servicio opcional, pues su prestación ya está contemplada en el marco legal mexicano.
Recordó que la Norma Oficial Mexicana 011, vigente desde 2014, establece los objetivos y características que deben cumplir estos servicios, además de que existen disposiciones en la Ley General de Salud que reconocen la atención para las personas que requieren cuidados paliativos.
"Existe una norma oficial, existen cambios en la ley, la norma oficial mexicana 011 desde el 2014 ya habla sobre todos los objetivos y todas las características que se deben de brindar de cuidados paliativos hacia cualquier mexicano que los requiera", explicó.
Un reporte difundido recientemente por el Centro Médico Dalinde señala que solo tres de cada diez personas con enfermedad terminal en México reciben cuidados paliativos y destaca que más del 60% de los fallecimientos en el país están relacionados con enfermedades crónico-degenerativas, en las que este tipo de tratamientos puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Rivera Ordóñez advirtió que el envejecimiento de la población mexicana hará que la demanda de servicios de medicina paliativa aumente en los próximos años, debido al incremento de enfermedades asociadas con edades más avanzadas y a la necesidad de contar con equipos especializados para acompañar a los pacientes y sus familias durante procesos de enfermedad grave.
"Vemos que la población está cambiando, la población está envejeciendo y el servicio de medicina paliativa la vamos a requerir sí o sí muy prontamente", dijo.
De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) difundidas por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), en 2025 México contabilizaba 17 millones 121 mil 580 personas adultas mayores, quienes representan 12.8% de la población total; sin embargo, se prevé que para 2030 este grupo represente el 14.96% de la población, una proporción que será superior a la de niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 14 años.
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Para 2070, la estimación es que las personas mayores constituyan 34.2% de la población.
Rivera Ordóñez además mencionó que la formación de especialistas enfrenta una brecha importante.
Explicó que durante años la medicina paliativa no tuvo una presencia suficiente en la formación médica y que, aunque actualmente ya existe como especialidad de entrada directa, todavía se requiere fortalecer la capacitación del personal de salud para atender la demanda futura.
Otro de los temas abordados por Rivera Ordóñez fue la llamada "conspiración del silencio", una práctica en la que familiares o incluso personal médico evitan informar al paciente sobre su diagnóstico o pronóstico con la intención de protegerlo.
La especialista señaló que esta práctica vulnera la autonomía del paciente porque limita su derecho a conocer su situación médica y tomar decisiones sobre su tratamiento y sobre el proceso que enfrenta.
"Uno de los primeros derechos que debemos de respetarle es la autonomía, el derecho a conocer su diagnóstico, su pronóstico y su evolución de toda la enfermedad", afirmó.
Explicó que el personal de salud debe preguntar al paciente qué sabe sobre su enfermedad, cuánto desea conocer y si quiere que su familia participe en las conversaciones relacionadas con su diagnóstico.
Para Rivera Ordóñez, respetar esta autonomía permite que la persona pueda resolver dudas, participar en las decisiones médicas y evitar enfrentar una enfermedad grave en aislamiento.
La discusión sobre la eutanasia en México se reactivó después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó analizar un amparo promovido por una mujer diagnosticada con cáncer que busca invalidar diversos artículos de la Ley General de Salud que prohíben la eutanasia y el suicidio asistido.
El caso plantea que las normas actuales vulneran derechos como la autonomía, la libertad y la posibilidad de decidir sobre el final de la vida, mientras que la legislación vigente permite los cuidados paliativos para una muerte natural, pero prohíbe procedimientos cuyo objetivo sea provocar la muerte del paciente.
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Samara Martínez, una mujer con diagnósticos de diferentes enfermedades, entre ellas insuficiencia renal crónica, que hoy padece en etapa terminal, ha sido una de las impulsoras del proyecto de Ley Trasciende, para legalizar la eutanasia en México.
A esta discusión se sumó la iniciativa ciudadana impulsada por la organización Libertad para Morir, que busca legalizar la eutanasia en la Ciudad de México mediante una propuesta que requiere reunir firmas para ser presentada ante el Congreso capitalino.
La organización plantea que la decisión debe corresponder exclusivamente a la persona interesada y propone un procedimiento con evaluaciones médicas, un periodo de confirmación de voluntad y la revisión de un comité antes de autorizar el procedimiento.
Sobre este debate, Rivera Ordóñez consideró que México todavía no está preparado para una eventual legalización de la eutanasia, debido a que antes sería necesario fortalecer la capacitación del personal de salud, ampliar la disponibilidad de cuidados paliativos y establecer un marco legal claro que defina procedimientos y responsabilidades.
La especialista explicó que en esta discusión intervienen distintos derechos: la autonomía del paciente para decidir sobre el final de su vida, la obligación del Estado de garantizar la salud y la formación médica orientada a preservar la vida.
También señaló que cualquier regulación tendría que contemplar la objeción de conciencia para los profesionales de la salud que no deseen participar por razones éticas, morales o religiosas.
"Principalmente al personal médico y las leyes tienen que ser muy claras para que no exista ninguna confusión con respecto a quién, cómo y dónde se va a llevar a cabo este proceso", afirmó.
La especialista consideró que, si se modificara el marco legal, la atención no debería recaer exclusivamente en los equipos de cuidados paliativos, sino en personal de salud con preparación específica para intervenir en estos procedimientos.
Añadió que tendría que definirse qué servicios médicos participarían y cuáles serían sus responsabilidades, debido a que los pacientes con enfermedades graves se encuentran distribuidos en distintos niveles de atención e instituciones.
Rivera Ordóñez sostuvo que el debate público debe avanzar junto con la discusión sobre cuidados paliativos, pues garantizar decisiones libres e informadas requiere que las personas tengan acceso a información, acompañamiento y alternativas de atención.
También señaló que México enfrenta un reto cultural para hablar sobre la muerte y planificar el final de la vida, debido a los mitos y tabúes que dificultan que las personas expresen sus preferencias.
Como parte de ese proceso, mencionó la importancia del testamento vital como una herramienta para que las personas puedan establecer sus decisiones sobre la atención que desean recibir y facilitar a sus familias la toma de decisiones en momentos difíciles.
Por último, llamó a las personas que enfrentan una enfermedad avanzada y a sus familias a buscar acompañamiento.
"Que no están solos, que siempre hay quien los acompañe y que nunca vean que ese acompañamiento y que esa ayuda es por compromiso, que cualquier ayuda que tengan en cuidados paliativos es por amor y con amor", concluyó.
