Un operativo de la Policía Civil en Río de Janeiro, el miércoles 3 de junio, llevó al arresto de dos personas y proporcionó detalles sobre la temida red conocida como 'La mafia de la harina'.

Los comerciantes eran intimidados constantemente, bajo la amenaza de represalias, pérdidas económicas e incluso el cierre de sus establecimientos. Algunos eran obligados a comprar cantidades de harina superiores a las necesarias, sin ningún control sanitario, muchas veces en malas condiciones.

Según la Unidad de Represión del Crimen Organizado e Investigaciones Especiales (Draco), la explotación económica promovida por los criminales forma parte de una estrategia más amplia de dominio territorial.

Las organizaciones vinculadas al narcotráfico y a las milicias (grupos paramilitares) han extendido su influencia sobre actividades comerciales legítimas para fortalecer su poder económico e incrementar su capacidad de control sobre regiones enteras del estado de Río.

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En otras palabras, la venta de drogas ya no sería la actividad única del crimen organizado, según apuntan algunas investigaciones. La venta de bombonas de gas, agua, bebidas alcohólicas, cigarrillos o combustibles, el suministro de servicios ilegales como internet y televisión vía cable, el mercado inmobiliario también ilegal y el tráfico de oro representan un porcentaje cada vez más conspicuo de la facturación de estos grupos.

Precisamente, este es el argumento esgrimido por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para intentar revertir la decisión del Gobierno de Estados Unidos, que ha clasificado a las principales facciones de narcos de Brasil, el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC), como organizaciones terroristas.

Desde el 5 de junio, ambas son consideradas oficialmente Organizaciones Terroristas Extranjeras, lo que puede acarrear un sinfín de consecuencias políticas y económicas. Además, desde el 28 de mayo, cuando el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, las describió como “las organizaciones criminales más violentas de Brasil”, forman parte de la lista de Grupos Terroristas Globales Especialmente Designados, que también incluye a grupos criminales estadounidenses.

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“El terror que estas organizaciones infligen a las comunidades busca lucrarse a través del crimen, especialmente el tráfico de drogas y armas, y no debe confundirse con el tipo de acción motivada por razones ideológicas, políticas y religiosas que se encuentra en el terrorismo internacional”, expresó el Gobierno de Brasil en un comunicado.

“La seguridad de nuestra población es demasiado importante como para ser manipulada políticamente por traidores. Por falsos patriotas, vinculados al crimen organizado, que piden la intervención de autoridades extranjeras en los asuntos brasileños. Es deplorable que, una vez más, miembros de la familia Bolsonaro viajen a Estados Unidos para abogar por la intervención extranjera en Brasil, como ya lo hicieron durante el aumento de los aranceles que causó tanto daño a nuestro país”, puede leerse en el comunicado oficial, que vincula esta decisión de EE. UU. a la reciente visita a la Casa Blanca del precandidato de extrema derecha a la presidencia, Flávio Bolsonaro.

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Los tentáculos de los narcos en la vida económica y política de Brasil son cada vez más amplios. En agosto del año pasado, la Fiscalía General de São Paulo (Gaeco) y la Hacienda brasileña llevaron a cabo la “Operación Carbono Oculto”, una investigación que reveló un megaesquema de lavado de dinero, evasión fiscal y adulteración de combustible a través de gasolineras, empresas 'fintech' (tecnología financiera) y fondos de inversión para ocultar activos pertenecientes al PCC.

En su fase inicial, reveló un esquema multimillonario en el que decenas de gasolineras concentraban sus transacciones en unas pocas cuentas para dificultar la supervisión, evadiendo miles de millones en impuestos.

Ya en mayo de este año, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo la segunda parte de la investigación, apodada “Operación Flujo Oculto”. En este caso, el blanco fueron seis empresas 'fintech' que operaban como bancos paralelos, es decir, como conductos financieros para la organización criminal, moviendo miles de millones de reales en efectivo para enmascarar su origen ilícito.

Paralelamente, también han perseguido una trama de adulteración de combustible con disolvente. En esta segunda fase, la Policía ha llevado a cabo 60 órdenes de registro e incautación en varios estados, incluidos Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Paraná y Mato Grosso do Sul.  El modus operandi era muy complejo y se servía de instituciones de pago para blanquear dinero, aprovechándose del modelo de “cuenta de fondo ilícito” y “cuenta gráfica”.

Los fondos de decenas de gasolineras de la organización se depositaban en una única cuenta bancaria a nombre de una empresa 'fintech', que hacía el papel de “cuenta de fondo ilícito”. Las investigaciones revelaron que la separación de la propiedad del dinero solo se producía en el sistema interno de la empresa 'fintech' (“cuenta gráfica” o movil), lo que permitía crear un punto ciego que impedía al Banco Central y al Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) rastrear el origen, el destino y los verdaderos propietarios de los fondos. Cuando el esquema es objeto de investigación, la organización transfiere rápidamente los fondos de una empresa 'fintech' a otra.

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Los investigadores destacan un aspecto de esta trama: el creciente protagonismo de la “Faria Lima”, el centro financiero y corporativo de Brasil, también conocido como la “Wall Street brasileña”, en el mundo del crimen organizado. En los últimos años, las organizaciones criminales se habrían aprovechado de la menor exigencia regulatoria y de transparencia a la que estaban sujetas las 'fintech' para mover miles de millones de reales a través de cuentas y operaciones difíciles de rastrear.

La revista 'Fórum', una publicación progresista, atribuye la responsabilidad del avance de este esquema financiero al Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2023). “Con Paulo Guedes al frente del “superministerio” de Economía y Roberto Campos Neto en el Banco Central “autónomo”, el país, señala la publicación, experimentó una combinación explosiva de desregulación financiera, “innovación” sin la supervisión equivalente y un debilitamiento de los mecanismos de inteligencia clásicos contra el lavado de dinero”.

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“Paulo Guedes convirtió la desburocratización financiera en un mantra ideológico. Roberto Campos Neto, del Banco Central, impulsó la banca abierta, la banca como servicio (BaaS) y la proliferación de entidades de pago que comenzaron a operar como bancos sin la misma carga regulatoria que las instituciones tradicionales. El discurso era de modernización; sin embargo, en la práctica, abrió enormes brechas para el lavado de dinero”, sigue 'Fórum'.

“Hoy, cuando la Policía Federal y la Fiscalía describen a ciertas fintech como 'bancos paralelos del crimen organizado', lo que emerge no es solo un fracaso regulatorio. Es el retrato de un proyecto político que trató la supervisión financiera como un obstáculo ideológico y transformó la lucha contra el lavado de dinero en un daño colateral de la financiarización ultraliberal de las políticas de Bolsonaro”, concluye el autor del reportaje, Plínio Teodoro.

La penetración de estas facciones en la política también ha quedado patente con la detención de Rodrigo Bacellar, expresidente de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, quien fue arrestado primero el 3 de diciembre y posteriormente el 27 de marzo.

Bacellar es acusado de obstrucción a la justicia y de filtrar información confidencial al Comando Vermelho (CV), la principal facción de narcos de Río de Janeiro. Concretamente, la filtración habría sido al principal objetivo de un operativo el año pasado, el excongresista Thiego Raimundo de Oliveira Santos, conocido como TH Joias, y que ha sido vinculado con bandas criminales en el estado.

Para entender la gravedad del caso, hay que destacar que TH Joias, de 36 años, es considerado sospechoso de negociar armas con el CV. Antes de entrar en política, se hizo famoso por sus joyas de oro y diamantes, usadas por jugadores como Neymar, Vini Jr. y Adriano Imperador o por la cantante Ludmilla. Residente en un condominio de lujo de la Barra da Tijuca, el barrio con el mayor poder adquisitivo de Río, está siendo investigado también por narcotráfico, corrupción y lavado de dinero.

Precisamente en un intento de rescatar su credibilidad en un tema que preocupa al 27% de los brasileños, el 12 de mayo Lula presentó un plan contra la criminalidad organizada, basado en cuatro ejes: asfixiar financieramente a las facciones criminales mediante el bloqueo de cuentas, rastreo de activos y el combate al lavado de dinero; mejorar la seguridad dentro de las cárceles, para evitar que los líderes de los cárteles coordinen desde allí sus negocios; fortalecer la lucha contra el tráfico de armas; e intensificar la investigación de homicidios.

Lula ha prometido que, en poco tiempo, el crimen organizado ya no será “dueño” de ningún territorio en Brasil.

Ahora está por ver si su equipo diplomático será capaz de convencer a Washington de tumbar la clasificación de las facciones como organizaciones terroristas, algo que Brasilia teme con los ojos puestos en el precedente de Venezuela y en un año electoral en el que, sin duda, la seguridad ciudadana tendrá un papel central.

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