Las tensiones entre México y Estados Unidos siguen en un punto álgido luego de que el presidente Donald Trump asegurara que si las autoridades mexicanas “no hacen el trabajo” de frenar el tráfico ilegal de drogas, lo hará el gobierno estadounidense.

“El tráfico de drogas por mar se ha reducido en un 97 %  y ahora hemos puesto en marcha la operación terrestre, lo cual es mucho más fácil. Escucharás algunas quejas de ciertas personas, como representantes de México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”, insistió Trump en un evento en la Casa Blanca.

Dichas declaraciones ocurren luego de que 11 políticos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fueran señalados por el Departamento de Seguridad de EU de presuntamente mantener relación y brindar protección al Cártel de Sinaloa.

Por el caso, autoridades estadounidenses han solicitado la detención de los funcionarios y exfuncionarios, así como su extradición, sin embargo, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) han señalado que no existen pruebas suficientes para actuar, por lo que llevarán a cabo sus propias investigaciones.

Esto ha llevado a que el gobernador, el alcalde de Culiacán y el vicefiscal de Sinaloa pidieran licencia a sus cargos para facilitar las indagatorias.

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Las provocaciones de Trump también ocurren en medio de otra crisis diplomática: la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua, quienes presuntamente colaboraban con el gobierno estatal en temas de seguridad sin que el Gobierno Federal tuviera conocimiento. Por el caso, la Fiscalía General de la República (FGR) llamó a declarar a cerca de 50 personas.

La idea de que EU intervenga en México no es nueva. En múltiples ocasiones Trump ha hecho público su ofrecimiento de enviar tropas para contener a las organizaciones criminales e incluso abiertamente ha dicho que el país está gobernado por los cárteles.

Y para justificar su injerencia, ha puesto como ejemplos sus intervenciones en Venezuela y el bombardeo de embarcaciones en el Caribe que han dejado un centenar de muertos, pese a que no se ha logrado comprobar que dichos barcos transporten drogas o sustancias precursoras.

Este miércoles Trump firmó una nueva estrategia contra el terrorismo, en la que incluyó a los cárteles del narcotráfico y aseguró que Estados Unidos no permitirá que los gobiernos que apoyan a estas organizaciones “conspiren contra nuestros ciudadanos con impunidad”.

“No se permitirá que terroristas de ningún tipo encuentren refugio aquí en nuestro país ni que nos ataquen desde el extranjero“, señaló el presidente republicano. Indicó que esta estrategia “supone un retorno al sentido común y a la paz a través de la fuerza”.

Dichas declaraciones se suman a la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 lanzada el 4 de mayo, con la que el gobierno de EU endurece la política antidrogas y exige resultados “medibles” contra el narcotráfico.

El documento identifica a México como un territorio clave de origen y tránsito de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, sobre todo el fentanilo y la metanfetamina, y lo señala como sede de múltiples laboratorios de producción.

Por lo que exige que haya más detenciones de líderes criminales, extradición a Estados Unidos, decomiso de precursores químicos, destrucción de laboratorios clandestinos y vigilancia en puertos, aduanas y en la frontera.

Además, Washington afirma que utilizará mecanismos diplomáticos, financieros y de inteligencia para presionar a gobiernos que considere insuficientemente comprometidos con el combate al narcotráfico, por esta razón, las declaraciones de Trump que sugieren una intervención en México adquieren mayor peso.

Este mismo miércoles, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, no descartó que haya más acusaciones contra políticos mexicanos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En entrevista con News Nation, Blanche destacó que el pasado 30 de abril se presentó una acusación formal contra un gobernador en México por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y aseguró que “ciertamente vamos a seguir haciéndolo”.

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El fiscal general aseguró que existe una buena relación con el gobierno mexicano y destacó que esto depende de temas como la migración y el combate al narcotráfico.

Al ser cuestionado sobre si podría haber más acusaciones contra políticos mexicanos tras el caso de Sinaloa, respondió de forma tajante.

“Sí, claro, eso podría ocurrir en el futuro. De hecho, ya hemos acusado a múltiples funcionarios del gobierno mexicano, incluso recientemente a un juez. Y eso es algo que continuará”.

De acuerdo con Todd Blanche, una de las razones por las que esto podría ocurrir es que en el último año han sido trasladados a Estados Unidos muchos líderes del narcotráfico, por lo que podrían decidir colaborar con las autoridades. “Y esa cooperación podría conducir a nuevos cargos y acusaciones adicionales”, dijo.

Blanche hizo referencia a las tres entregas masivas de operadores del crimen organizado.

La primera ocurrió el 28 de febrero de 2025. Ese día, en un hecho sin precedentes, el gobierno mexicano trasladó a 29 capos del crimen organizado a Estados Unidos. La operación se realizó como parte de un intercambio para evitar la imposición de aranceles del 25 % a México por decisión del presidente Donald Trump. Entre los trasladados estaba Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, y Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, exlíder del Cártel de Juárez.

Ese primer traslado ocurrió pocos días después de que Estados Unidos designara a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, en cumplimiento de una orden ejecutiva de Trump.

La segunda entrega ocurrió el 12 de agosto de 2025, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer la lista de 26 personas que México entregó por supuestos motivos de seguridad nacional.

En ese grupo aparecían Abigael González Valencia, uno de los líderes de Los Cuinis; Servando Gómez, “La Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios; Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez, integrantes del aparato de seguridad de “Los Chapitos”; y Juan Carlos Félix Gastelum, “El Chavo Félix”, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada.

Mientras que la tercera entrega ocurrió el 19 de enero de 2026 con el traslado de 37 operadores del crimen organizado.

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra once funcionarios —actuales y anteriores— de Sinaloa, entre quienes se encuentra el gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, y mandos de corporaciones policiales estatales y municipales.

De acuerdo con la fiscalía estadounidense, los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos a cambio de protección política, apoyo institucional y sobornos millonarios.

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El anuncio fue realizado por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y por el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole. El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

En la acusación se señala al gobernador, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas; el vicefiscal de Sinaloa, Damaso Castro Zaavedra; Marco Antonio Almanza Avilés; Alberto Jorge Contreras Núnez, identificado como “Cholo”; el exfiscal Gerardo Mérida Sánchez; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, por delitos de tráfico de drogas y conductas relacionadas con armas de fuego.

A Rocha Moya se le acusa de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. De ser declarado culpable, enfrenta una condena de cadena perpetua o, en su defecto, una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

Según las alegaciones incluidas en la acusación y otros documentos judiciales, el Cártel ha convertido a Sinaloa en el centro de operaciones de un esquema internacional que involucra a productores de cocaína en Colombia y Venezuela, redes criminales y políticos corruptos en Centroamérica y Sudamérica, así como a fabricantes de precursores químicos en China, con el objetivo de distribuir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos.

La acusación afirma que los 11 señalados participaron en una conspiración corrupta y violenta, en la que protegieron a los líderes del Cártel de Sinaloa frente a investigaciones, arrestos y procesos judiciales; proporcionaron información confidencial de fuerzas de seguridad y del Ejército a narcotraficantes aliados; instruyeron a agentes de corporaciones estatales y municipales para custodiar cargamentos de droga; y permitieron que se cometieran actos de violencia sin consecuencias. A cambio, habrían recibido millones de dólares en sobornos.

También se asegura que todos los acusados han mantenido una colaboración estrecha con la facción de Los Chapitos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los señalados operaban en diversos niveles del gobierno y las fuerzas del orden para facilitar las operaciones de esa facción.

Tras darse a conocer las acusaciones, el gobernador Rubén Rocha, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el vicefiscal, Dámaso Castro, pidieron licencia a sus cargos mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Desde que Estados Unidos hizo pública la acusación contra políticos mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum y otras instituciones del Gobierno Federal han insistido en que no hay pruebas suficientes de las acusaciones.

Incluso, este 6 de mayo la mandataria informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para solicitar pruebas de su acusación contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

Sheinbaum insistió en que en la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por el Departamento de Justicia estadounidense a la SRE “no hay pruebas” que acrediten la urgencia por un posible riesgo de fuga u obstaculización de la justicia por parte del gobernador con licencia de Sinaloa.

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“Ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores mandó la nota diplomática diciendo que, de acuerdo con la consulta que hizo con la fiscalía, nuestros propios jurídicos, pues lo que le pedimos a esta oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos es que mande pruebas”.

“¿Qué pruebas tienen? Porque lo que publicaron, pues, es una nota de dichos de alguien y una página toda testeada con una nota escrita a mano que dice: ‘Juanito 30 mil pesos’, así está, eso es público; entonces, ¿qué decimos como gobierno? Pruebas”.

Desde el pasado 4 de mayo, el gobierno de México señaló que Estados Unidos debe enviar información adicional a la Fiscalía General de la República (FGR) para acreditar la urgencia de detención y aunque la solicitud de detención provisional en contra del gobernador es un mecanismo que sí está contemplado en el tratado de extradición entre ambos países “no está bien fundamentada”.

Al respecto, la consejera jurídica de Presidencia, Luisa Alcalde, dijo que, en caso de que se logre acreditar la solicitud presentada por la Fiscalía de Nueva York, la FGR deberá pedir a un juez de control una orden de detención provisional o medidas cautelares en contra del gobernador con licencia. En tanto, las autoridades estadounidenses tendrían hasta 60 días para presentar una solicitud formal de extradición.

En diferentes momentos, Claudia Sheinbaum ha rechazado el injerencismo de Estados Unidos en temas de seguridad, incluso en llamadas telefónicas se ha negado al envío de agentes para contener el narcotráfico pese a ofrecimientos de Trump.

Recientemente, el 5 de mayo, en su discurso por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla, la mandataria utilizó la referencia histórica de la intervención francesa y de las luchas republicanas del siglo XIX para trazar un paralelismo con lo que consideró presiones externas actuales.

Y lanzó un mensaje de defensa de la soberanía nacional y afirmó “ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos”.

A partir de ese marco histórico, Sheinbaum introdujo una referencia a la relación actual con Estados Unidos. “A nuestros vecinos a Estados Unidos le decimos, recordemos el gran momento de relación entre Juárez y Lincoln. El reconocimiento de la República y el apoyo a Juárez es de las acciones más loables de nuestra histórica relación”, afirmó.

Y agregó: “también, a cualquier gobierno extranjero, somos claros y contundentes. La historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional”.

“Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos. Somos libres, como los indígenas que partieron a las montañas durante la conquista para conservar su derecho a organizarse como ellos decidieran. Somos un pueblo que ama su libertad, su independencia, su soberanía y estamos dispuestos siempre a defenderla. La libertad y la independencia son justicia y soberanía”.