Durante años, el crecimiento económico fue presentado como la gran receta peruana contra la pobreza. Y, en efecto, entre 2004 y 2013 el país vivió una etapa de expansión sostenida: el PBI llegó a crecer alrededor de 6% anual y la pobreza cayó 35 puntos con una rapidez espectacular. Sin embargo, algo cambió en la última década. Hoy el Perú enfrenta una paradoja inquietante: la economía ha vuelto a crecer, pero la pobreza sigue siendo mucho más alta que antes de la pandemia. Es más, somos parte de los muy pocos países de la región que aún no logran reducir la pobreza a, por lo menos, su nivel prepandemia.

Entre 2019 y 2025, el PBI acumuló un crecimiento real de 10,8%. Aun así, la pobreza se mantiene 5,5 puntos porcentuales por encima de los niveles prepandemia. La explicación no está solo en cuánto crece la economía, sino en cómo y para quiénes crece. Los datos muestran que la evolución del gasto entre 2019 y 2025 ha tenido un sesgo muy débil en favor de los pobres (la redistribución la redujo en apenas 0,35 puntos). En otras palabras, la recuperación económica no ha logrado traducirse en mejoras significativas para los hogares más vulnerables. Mientras antes el crecimiento reducía la pobreza de manera casi automática, ahora esa conexión parece haberse debilitado.

Esto revela un problema estructural. El crecimiento reciente ha sido débil y no ha generado suficiente empleo adecuado ni ingresos sostenibles. El mercado laboral continúa dominado por la informalidad y muchos trabajadores, aunque tienen empleo, permanecen por debajo de la línea de pobreza. No solo se trata de crecer a mayor ritmo y replantear los programas sociales, sino también de impulsar sectores intensivos en mano de obra y generar empleo de calidad.

Uno de los cambios más profundos de los últimos años es la transformación territorial de la pobreza. Durante décadas, la pobreza estuvo concentrada en las zonas rurales. Hoy el rostro de la pobreza es cada vez más urbano. La reducción sostenida de la pobreza rural es innegable. En 2004 superaba el 80%; en 2025 cayó a 35,5%. La capital, por su parte, entre 2004 y 2016 había logrado dividir por cuatro su pobreza. Desde entonces, la tendencia se revirtió con el agravante de la pandemia y, en 2025, es casi el triple (27,3%) que en 2016. Actualmente, incluso hay más pobres en Lima que en toda el área rural del país.

En 2019, los pobres de Lima representaban el 22,8% del total nacional. En 2025 alcanzan el 32,6%. En apenas seis años, la capital ganó diez puntos porcentuales en la distribución nacional de la pobreza. Igual ocurre con la pobreza extrema (uno de cada 20 pobres extremos en 2019 era limeño y uno de cada cuatro en 2025). Este fenómeno responde a una “urbanización de la pobreza”, impulsada por migraciones internas, cambios demográficos y un crecimiento urbano que las políticas públicas no han logrado acompañar. La consecuencia es que los programas sociales diseñados históricamente para zonas rurales no corresponden a los nuevos desafíos de la pobreza propia de ciudades densamente pobladas.

La distancia entre pobreza urbana y rural también se está reduciendo. Antes, un hogar rural pobre estaba mucho más lejos de poder cubrir su canasta básica que un hogar urbano. Esa distancia se ha acortado drásticamente. En 2004, la diferencia entre las brechas de pobreza rural y urbana era de 15 puntos porcentuales. En 2025, la diferencia es de menos de cinco puntos (4,7 puntos). Es decir, no solo hay más pobres urbanos; también las carencias que enfrentan son cada vez más severas.

El problema alcanza incluso a la alimentación. El déficit calórico —hogares que no logran comprar las calorías mínimas necesarias— aparece ahora con mayor fuerza en Lima Metropolitana (41,6%) que en las otras ciudades (33,2%) o en los hogares rurales (30,4%). Actualmente, la capital concentra más hogares con problemas de inseguridad alimentaria que varias regiones rurales del país. Entre un tercio (32,4%) de los vulnerables y cerca de la mitad de los hogares pobres extremos (47,3%) y pobres no extremos (40,5%), por falta de medios, tuvieron que reducir las cantidades, saltarse una comida o pasar un día entero sin comer. Los niveles son más preocupantes en las ciudades que en el campo. Esto obliga a replantear las estrategias contra la pobreza urbana. Experiencias como las ollas comunes, surgidas durante la pandemia, muestran que existen mecanismos comunitarios que podrían fortalecerse y ampliarse.

Cuando se consulta a los hogares sobre su percepción de bienestar, el panorama también es pesimista. En 2025, poco más de siete de cada diez hogares afirman que su nivel de vida sigue igual, mientras casi un quinto considera que ha empeorado. Muy pocos (12%) perciben una mejora real. Ello lo confirman las cifras sobre la población vulnerable, que son las personas que podrían volver a caer fácilmente en la pobreza frente a cualquier choque adverso. Esta situación es especialmente grave en las zonas rurales, donde la vulnerabilidad pasó de 44,6% a 47%. Uno de cada cinco hogares sigue expuesto a choques adversos que conllevan pérdida de ingresos, daños patrimoniales o ambos. La sierra concentra los impactos más severos desde 2021, con familias que no solo ven reducirse sus ingresos, sino que además pierden bienes y activos.

Las transiciones de pobreza muestran, además, que escapar definitivamente de la pobreza sigue siendo muy difícil. Entre 2024 y 2025, más de un tercio de quienes viven en pobreza extrema permanecieron atrapados en esa condición y tres de cada cuatro pobres no extremos que salen de la pobreza devinieron vulnerables. Solo un pequeño grupo logró salir tanto de la pobreza como de la vulnerabilidad.

Pese a todas las dificultades, los programas sociales siguen siendo un amortiguador clave. Sin transferencias monetarias y en especie, la pobreza en 2025 habría sido 7,2 puntos porcentuales mayor. Sin embargo, existe una fuerte desigualdad territorial en el impacto de estas políticas. En el área rural, la contribución de los programas sociales sigue siendo mucho más importante que en las ciudades (10,1% y 6,6%). Y aunque hubo una ligera recuperación reciente, el alcance todavía no retorna a niveles prepandemia. La expansión de la pobreza urbana plantea entonces una pregunta urgente: ¿están preparados los programas sociales para atender esta nueva realidad? La respuesta corta es no.

En conclusión, el Perú enfrenta una transformación profunda de su estructura de pobreza: el crecimiento económico reciente ha perdido eficacia para reducirla de manera sostenida, mientras la pobreza se ha urbanizado y concentrado especialmente en la capital. A ello se suma una mayor vulnerabilidad de los hogares, una débil movilidad ascendente y una creciente exposición a choques económicos que erosionan los avances logrados. Si bien los programas sociales siguen siendo un soporte importante, su impacto resulta insuficiente frente a la magnitud y la nueva geografía del problema. En este contexto, el reto central ya no es únicamente crecer más, sino redefinir las políticas de empleo, protección social y desarrollo territorial para responder a una pobreza más urbana, persistente y estructural.