El hallazgo del cuerpo de Mateo Pérez Rueda, el periodista de 25 años asesinado en Colombia por las disidencias de la extinta guerrilla FARC, según señaló el presidente Gustavo Petro, ha revivido el temor por los altos niveles de violencia contra la prensa registrados en la región latinoamericana.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) recordó a Pérez como "una voz fundamental para la comunidad local" porque en su portal "informó y cubrió corrupción, orden público, seguridad y política local". El periodista había sido visto por última vez el 5 de mayo de 2026, tres días antes de que la Cruz Roja recuperara su cuerpo en una zona rural, según explicó el presidente Gustavo Petro.

El comunicador fue asesinado mientras ejercía su labor en la localidad de Briceño, en el departamento de Antioquia, donde operan grupos como el Frente 36 de las disidencias de las FARC o el Clan del Golfo, la banda criminal más poderosa del país.

Pérez es el octavo reportero asesinado durante el mandato de Petro, según el registro de la FLIP. La entidad ha registrado 387 agresiones contra la prensa por parte de grupos armados desde 2022, cuando asumió la Presidencia el líder izquierdista. Las amenazas y el desplazamiento son "los métodos principales para imponer censura", recordó la entidad en un comunicado de prensa.

Desde 1977, han muerto 170 periodistas en Colombia "por razones vinculadas a su oficio", estima la FLIP.

Artur Romeu, director de Reporteros Sin Fronteras (RSF), exhortó a las autoridades colombianas a esclarecer las circunstancias del asesinato para "llevar ante la Justicia a todos los responsables y garantizar justicia para su familia".

"Este crimen no puede ser tratado como un episodio más de violencia (...) Matar a un reportero por ejercer su trabajo impone silencio sobre todo un territorio y priva a una comunidad de su derecho a la información", se lee en el comunicado de RSF. Colombia se ha convertido en el último escenario de una realidad cada vez más preocupante en toda la región.

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América Latina y el Caribe siguen siendo una de las zonas más hostiles del mundo para el ejercicio del periodismo. Ya en 2022, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) identificó la región como la más mortífera para la prensa, con 30 periodistas asesinados, casi la mitad de las 67 muertes de informadores registradas a escala global ese año.

Tras un descenso en los asesinatos en los años siguientes, Reporteros Sin Fronteras (RSF) alertó a mediados de 2025 que ya se habían documentado al menos 13 periodistas asesinados desde enero, superando los nueve casos atribuidos en todo el 2024.

La advertencia fue el presagio de un año sangriento. Al menos 17 profesionales murieron en el ejercicio de su labor en 2025, según una lista elaborada por Latam Journalism Review (LJR) a partir de reportes de la Unesco, RSF, CPJ, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y por organizaciones locales. La lista ofrece los nombres de otros ocho periodistas asesinados violentamente, cuya muerte no se pudo relacionar claramente con el ejercicio de su profesión.

La base de datos de Reporteros Sin Fronteras eleva el número de víctimas fatales a 18 esa, según el informe anual de 2025.

Aunque las cifras cambian levemente en función del organismo, los informes comparten conclusiones ineludibles, como el hecho de que México es el país más peligroso para ser periodista en la región, con al menos nueve periodistas asesinados en 2025, según RSF.

La cifra la reduce a siete Article 19, un organismo con más de dos décadas de experiencia en la región, que publicó el 6 de mayo de 2026 el informe Estructuras del Silencio, donde analiza la violencia contra periodistas en Centroamérica, que concluye que México encabeza "nuevamente la lista regional".

El estudio revela que Guatemala documentó una desaparición y tres asesinatos, mientras que Honduras registró dos asesinatos y al menos un caso documentado de tortura contra un periodista comunitario. En conjunto, al menos una docena de periodistas fueron asesinados en estos tres países en 2025.

La violencia letal es solo la punta del iceberg de una estructura de censura y amedrentamiento contra los comunicadores, reseña Article 19, que documentó 451 agresiones contra la prensa en México, 90 en Guatemala, 77 en Honduras y 55 en El Salvador. "El indicador dominante en todos los países fue el ambiente hostil", señala la entidad en el informe.

Los comunicadores no solo enfrentan las amenazas de los grupos delictivos, también son objetivos del aparato estatal. México reportó 151 de estos casos en 2025, Honduras 34, Guatemala 20 y El Salvador cinco, señala Article 19.

Llama la atención la situación del Estado hondureño, responsable de "dos de cada tres agresiones" contra periodistas en ese país, según el informe.

En otros países cercanos la situación no parece mejorar: el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa documentó 1.285 violaciones a la libertad de prensa por parte del aparato castrista, mientras que en Nicaragua "la censura se consolidó como un modelo estructural de control total del espacio público", en palabras de Article 19, que resalta el exilio de muchos comunicadores del país.

El aumento de la violencia contra la prensa en Latinoamérica es un reflejo de lo que ocurre a escala global, según las estimaciones del CPJ, que sitúan al 2025 como el año más letal desde que la entidad comenzó a recopilar datos, con 129 trabajadores de la prensa asesinados en el mundo. La guerra en Gaza provocó un repunte en la estadística.

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El Gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador ha sido señalado por múltiples entidades como uno de los casos más flagrantes de hostigamiento a los periodistas a manos del Estado.

El pasado jueves 7 de mayo, el medio digital salvadoreño 'El Faro' denunció que la Administración intervino los bienes personales de los accionistas de la sociedad creadora del medio, en lo que calificó como "el más reciente episodio de una larga persecución fiscal".

En 2023, El Faro trasladó su sede administrativa y legal a Costa Rica entre denuncias de acoso en El Salvador tras publicar información sobre las presuntas negociaciones de Bukele con las pandillas.

En El Salvador, al menos 53 periodistas se vieron obligados a salir del país en 2025, según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) de Costa Rica aseguró que "el caso de 'El Faro' no es aislado, sino parte de una tendencia regional que combina presión fiscal y judicial, uso arbitrario del derecho penal y estigmatización pública para debilitar medios críticos".

Señalamientos similares ha recibido el presidente ultraderechista de Argentina, Javier Milei, quien bloqueó la entrada de periodistas a la sede del Gobierno el pasado 23 de abril. Cerca de 60 profesionales nacionales y extranjeros acreditados para informar desde la Casa Rosada no pudieron ingresar, bajo el argumento de proteger la "seguridad nacional" y defenderse de un "espionaje ilegal", según el Gobierno. La medida fue confirmada por el Ejecutivo después de que varios de los periodistas no lograran entrar a la sede del Ejecutivo.

La decisión fue adoptada poco después de que el Gobierno denunciara en la Justicia a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, de la señal televisiva local Todo Noticias (TN), por una supuesta violación de seguridad en la Casa Rosada al grabar imágenes del interior del edificio.

El veto presidencial a la prensa se mantuvo por 10 días, antes de que se permitiera el reingreso de los comunicadores bajo estrictas limitaciones en la circulación interna, incluida la exclusión del Patio de Palmeras, una zona común que históricamente habían compartido los comunicadores. El Gobierno también ocultó la visibilidad de algunos espacios como el Salón de los Bustos, entrada habitual de los funcionarios.

"El poder que debería garantizar la libertad de expresión se consolida como el principal factor de riesgo para su ejercicio", alerta a toda la región Article 19.

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Con EFE y medios locales