Luego de una caótica primera vuelta en las elecciones generales -y tras más de un mes de escrutinio-, Perú ya conoce a los dos aspirantes a la Presidencia que, una vez más, encarnan dos visiones opuestas de país.

De un lado, la derechista Keiko Fujimori, que aspira por cuarta vez a la Presidencia, con un apellido que atraviesa la historia reciente de la nación andina. Del otro, el izquierdista Roberto Sánchez, quien emuló los pasos de su mentor Pedro Castillo hace cinco años, para irrumpir en el balotaje.

Ninguno de los dos llega en una posición fuerte a esa segunda ronda electoral. Apenas lograron destacarse entre los 35 candidatos presidenciales, con porcentajes exiguos: Fujimori alcanzó el 17,18% y Sánchez arañó el 12,03%, apenas por delante del ultraderechista Rafael López Aliaga y del centrista Jorge Nieto.

Apenas 21.210 de votos dieron el segundo lugar a Sánchez sobre López Aliaga, que exige a las autoridades electorales no proclamar los resultados hasta que se atiendan sus reclamos, al denunciar -sin pruebas- un fraude en su contra, a partir de los grandes retrasos que se produjeron en la apertura de colegios en Lima, su principal feudo electoral.

El desafío de los dos aspirantes será conquistar a un electorado que mira de reojo a la clase política, que demanda mayor transparencia y seguridad y que anhela estabilidad luego de tener nueve presidentes en diez años.

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La primera vuelta de las elecciones ha hecho poco favor a ese objetivo. Si la inédita cifra de candidatos alimentó la confusión de los votantes (en un tarjetón enorme que, además de presidente, incluía columnas para elegir senadores nacionales y regionales por primera vez en más de 30 años, diputados y miembros del Parlamento Andino), las fallas y demoras en la entrega de material electoral –que forzaron la prolongación parcial de los comiciosl– no han contribuido a generar confianza.

Ambos candidatos, además, cargan con la sombra de dos expresidentes caídos en desgracia, aunque ellos los reivindican.

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Como es sabido, Keiko es hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), quien tras el 'autogolpe' de 1992 impuso un gobierno autoritario y cuya figura aún divide a la opinión pública.

Sus simpatizantes le destacan su victoria sobre la guerrilla Sendero Luminoso, la reducción de la inflación y el crecimiento económico. Sus detractores subrayan la corrupción y las múltiples violaciones a los Derechos Humanos bajo su mandato, que le valieron una condena de 25 años de prisión.

Si antes de los comicios de 2016 buscó distanciarse un poco de la figura de su padre, hoy Keiko Fujimori abraza por completo su legado, al punto de asegurar que, antes de su muerte en 2024, él le pidió que volviera a ser candidata a la Presidencia, como ya lo había hecho sin éxito en 2011, 2016 y 2021.

Desde ese lugar, apela al discurso de "orden" y "mano dura" para combatir la inseguridad, que según encuestas es la principal preocupación de los peruanos, marcados por años de incremento de los homicidios y los casos de extorsión.

"El tiempo está poniendo las cosas en su lugar y hoy, cuando el Perú se desangra por los delincuentes y los extorsionadores, lo que piden es un Fujimori, ¡acá estoy!", afirmó la candidata de Fuerza Popular en una entrevista con AFP antes de la primera vuelta.

Ese incremento de la delincuencia, lo asocia a la migración irregular. Como en muchos países de América Latina, el foco está puesto en los migrantes venezolanos, la comunidad extranjera más numerosa del país, con 1,6 millones, de los cuales 14% carece de residencia autorizada.

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Por eso, promete "expulsar a los ciudadanos indocumentados" e intentar "hacer un corredor humanitario para que los que se vieron forzados a salir de su país puedan regresar".

También plantea que el Congreso apruebe enviar militares a las cárceles e instalar tribunales con "jueces sin rostro", una medida muy cuestionada del gobierno de su padre por incurrir en falta de garantías.

Al margen del rótulo de 'hija de', esta administradora de 50 años, graduada en Estados Unidos, ha construido su propia base de poder, siendo, con 19 años, primera dama tras la separación de su padre, luego congresista y jefa de su partido Fuerza Popular, dominante desde hace años en el Parlamento.

Ella también pasó más de un año en prisión preventiva, investigada por presunto lavado de activos por la trama de Odebrecht, aunque la causa fue anulada por el Tribunal Constitucional a finales de 2025.

Hoy apunta a alinearse con la ola de gobiernos ultraconservadores que ha ganado terreno en América Latina, de la mano de mandatarios como Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador) y Rodrigo Paz (Bolivia).

"Faltan Colombia y Perú", señaló Fujimori a AFP, a la vez que señaló que la región "está girando hacia una corriente en donde se está priorizando la libertad, las inversiones y recuperar el control y la seguridad".

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Al igual que esos presidentes, ella busca alinearse con el Gobierno estadounidense de Donald Trump. "Mi rol, de ser elegida presidenta, será motivar a que los Estados Unidos vuelvan a participar más activamente", subrayó.

En su discurso en la noche de los comicios, Keiko Fujimori llegó a celebrar que, con los resultados parciales, la tendencia era una derrota de la izquierda, que "es el enemigo". Con la remontada de Roberto Sánchez, apostar a esa polarización parece ser una de las cartas para la segunda vuelta electoral, aunque los analistas se debaten entre si le convenía más enfrentarse a la izquierda (que la derrotó en 2011 y 2021) o mostrarse como la opción moderada frente a la ultraderecha que representaba Rafael López Aliaga.

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Roberto Sánchez, que solo espera la proclamación oficial por parte del Jurado Nacional de Elecciones, no ha escondido su simpatía por el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), preso y condenado a más de once años por su fallido intento de disolver el Congreso.

Este psicólogo de 57 años ha realizado campaña con el sombrero característico del sindicalista y maestro de escuela y, de alguna forma, ha heredado el respaldo político de sectores empobrecidos del sur andino y zonas rurales, donde Castillo sigue siendo una figura popular.

Sánchez fue, además, ministro de Comercio Exterior y Turismo y el único integrante de su gobierno que sobrevivió a los cinco cambios de gabinete en el corto pero turbulento mandato de 17 meses.

En estas elecciones generales, ha incorporado en sus listas para el Congreso a dos hermanos de Castillo, a uno de sus sobrinos y a su cuñada y ha hecho campaña bajo la promesa de indultar al exmandatario si llega a la Presidencia.

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Para Sánchez, Castillo fue víctima de un "pacto mafioso" de las fuerzas políticas que controlan el Parlamento, que le puso obstáculos para llevar a cabo sus reformas y que de alguna manera se confabuló para destituirlo. En ese grupo ubica, entre otros, a su contrincante en el balotaje, Keiko Fujimori, y a su partido, Fuerza Popular.

En línea con su carácter "castillista", como él mismo se define, Sánchez aseguró, en una rueda de prensa posterior a la primera vuelta electoral: "Vamos a recorrer todo el Perú, todos los pueblos para convocarlos a la refundación de la patria".

El candidato de Juntos por el Perú promueve una Asamblea Constituyente para reformar la carta magna de 1993 (aprobada durante el gobierno autoritario de Alberto Fujimori) por una más igualitaria y que establezca un "Estado plurinacional" para gobernar con los pueblos nativos, como lo impulsó Evo Morales en Bolivia.

Precisamente, sus candidatas a la Vicepresidencia son dos mujeres de las comunidades quechua y aymara, Analí Márquez Huanca y Brígida Curo Bustincio.

Del mismo modo, Sánchez puso como segunda prioridad la lucha contra la pobreza, a la que describió como "el gran enemigo de los peruanos", y apuesta a nacionalizar recursos naturales, incluido el mayor yacimiento de gas del país.

Aunque no ha hecho de la inseguridad un eje central de su campaña, en uno de los debates presidenciales, el aspirante izquierdista ha vinculado –sin presentar pruebas– el auge de la criminalidad a un supuesto pacto con la "política mafiosa", por lo que plantea no solo medidas de seguridad sino también de mayor transparencia y rendición de cuentas de los sectores de poder.

Serán los peruanos quienes decidirán cuál de las dos visiones de país se impone en la segunda vuelta presidencial, a celebrarse el próximo 7 de junio.

Con AP, EFE y AFP