Las protestas que desde hace tres semanas sacuden a Bolivia escalaron este miércoles 20 de mayo a una crisis política y diplomática: el Gobierno de Rodrigo Paz denunció un intento de desestabilización ante la Organización de Estados Americanos (OEA), expulsó a la embajadora de Colombia y recibió el respaldo de Estados Unidos y otros gobiernos de la región.

Mientras en respuesta, el Gobierno colombiano suspendió las funciones del encargado de la embajada de Bolivia en Bogotá, Ariel Percy Molina Pimentel, en respuesta.

La crisis, generada inicialmente por reclamos salariales, escasez y mala calidad de combustibles y el rechazo a distintas reformas, derivó en pedidos de renuncia  del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el poder hace apenas seis meses. Su gobierno es el primero conservador tras cerca de dos décadas del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) en el poder.

Los bloqueos de carreteras y las protestas se concentran principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto, ambas en el departamento de La Paz, donde participan sindicatos, campesinos aimaras y sectores afines al expresidente Evo Morales.

Este miércoles, Paz anunció un "reordenamiento" de su gabinete de ministros para hacerlo "más ágil" y cercano a las demandas sociales, sumado a la creación de un Consejo Económico y Social con el que busca socializar las reformas impulsadas por su Administración y contrarrestar las acusaciones de privatización lanzadas por los sectores movilizados.

Paz dio una conferencia de prensa en la que afirmó enfáticamente que no negociará con "vándalos”, en referencia a los actos registrados durante las protestas.

El mandatario también buscó bajar la tensión con Argentina, luego de que Morales denunciara sin pruebas que aviones Hércules de ese país trasladaban militares y material represivo a Bolivia.

Paz aseguró que el Gobierno de Javier Milei solo participa en un operativo humanitario para enviar alimentos a La Paz y El Alto.

La situación en La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, y en la vecina El Alto es crítica.

Los bloqueos mantienen parcialmente aislada a la región y han provocado escasez de alimentos, combustibles y medicamentos, incluido oxígeno medicinal.

En los mercados populares los precios se han duplicado o triplicado, mientras cientos de personas hacen largas filas para conseguir pollo o gasolina.

El Gobierno habilitó un "puente aéreo" con apoyo de aviones argentinos para trasladar alimentos e insumos básicos, aunque admite que la situación sigue siendo difícil.

Incluso, hogares estatales para niños podrían quedarse sin alimentos en las próximas horas.

Las protestas se radicalizaron esta semana, especialmente después de la llegada a La Paz de una marcha de seguidores de Morales que caminó durante días desde el altiplano.

El lunes pasado se registraron enfrentamientos, saqueos y ataques contra periodistas y ciudadanos, en la jornada más violenta desde el inicio del conflicto.

El Gobierno acusa a Morales de promover la conflictividad y sostiene que las protestas buscan generar una "ruptura constitucional".

Además, vincula parte de la movilización con estructuras del narcotráfico, algo que el exmandatario rechaza.

La confrontación también escaló en el plano judicial. El canciller boliviano, Fernando Aramayo, pidió públicamente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, mediar para que Morales comparezca ante la Justicia por el proceso de trata agravada de personas que enfrenta.

Morales permanece desde hace meses en el Chapare, su bastión político y sindical, protegido por cientos de seguidores.

Bolivia expulsó a la embajadora colombiana en La Paz, Elizabeth García Carrillo, por considerar "injerencistas" unas declaraciones de Petro, quien calificó las protestas como una "insurrección popular" y afirmó que en Bolivia "hay un pueblo en las calles al que están matando".

Bolivia solicitó a García Carrillo "la conclusión de sus funciones diplomáticas", según un comunicado publicado por la Cancillería del Gobierno de Paz.

Tras la expulsión de la diplomática, el mandatario colombiano acusó este miércoles al Gobierno boliviano de caer en "extremismos" y advirtió sobre el riesgo de una "masacre" si no se abre un diálogo nacional.

Por su parte, Estados Unidos dio su absoluto respaldo al Gobierno de Paz.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington "no permitirá que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente", mientras el vicesecretario Christopher Landau habló incluso de "un golpe de Estado en marcha".

La crisis boliviana también llegó formalmente a la OEA. Durante una sesión del Consejo Permanente, el canciller Aramayo denunció acciones orientadas a la "desestabilización institucional" y pidió atención internacional ante una situación que, según dijo, compromete derechos fundamentales y amenaza el orden democrático.

Asimismo, varios Gobiernos de la región respaldaron al Ejecutivo boliviano.

Uruguay llamó a resolver el conflicto de manera pacífica y preservar la institucionalidad democrática, mientras República Dominicana condenó cualquier intento de alterar el orden constitucional y expresó su preocupación por las consecuencias humanitarias de los bloqueos.

Con EFE y AFP