La acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996 no ocurre en un vacío político ni diplomático. Llega en medio de una ofensiva creciente de la Administración de Donald Trump contra La Habana, en un contexto regional marcado por la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro hace apenas cuatro meses y por el endurecimiento del discurso de Washington sobre la necesidad de transformar el sistema político cubano.

Aunque oficialmente la imputación responde a un caso histórico de asesinato y conspiración vinculado a la muerte de cuatro activistas anticastristas, las declaraciones de altos funcionarios estadounidenses, las señales militares recientes y la presión económica sobre la isla sugieren que el movimiento tiene implicaciones mucho más amplias. La gran pregunta que comienza a instalarse tanto en Washington como en La Habana es si Estados Unidos está preparando las condiciones para un intento de cambio de régimen en Cuba.

En entrevista con France 24, el profesor y director del Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, Sergio Ángel, destaca que la imputación se produce luego de que la versión de EE. UU. con respecto a que el hecho ocurrió en aguas internacionales fue posteriormente respaldada por la Organización de Aviación Civil, lo que da un giro en el caso. Pero también es innegable el ‘timing’ elegido por la Administración Trump.

“Tiene que ver con un incremento de las hostilidades en un contexto en el cual naturalmente hay una presión para cambio de régimen dentro de la isla, no solo sanciones hacia un sector, como el del petróleo y sus derivados, contra personas, sobre todo los que participan en la represión en Cuba. Ahora, vemos un incremento de estas presiones a través de una imputación de cargos, lo que abre la posibilidad directa de que se llegue a condenar en este caso a la cabeza del régimen cubano y la posibilidad de algún tipo de captura internacional”, señaló el experto.

Si bien se trata de una imputación, no de una condena, “ciertamente marca un punto de vista importante en el incremento de las hostilidades”, agrega Arboleda.

Leer tambiénEstados Unidos acusa formalmente a Raúl Castro de asesinato: las claves del caso

Durante años, las acusaciones judiciales contra líderes extranjeros sancionados por Estados Unidos fueron interpretadas como herramientas políticas con escasas posibilidades reales de ejecución. Sin embargo, la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero tras ataques estadounidenses en varias zonas de Caracas alteró radicalmente esa percepción.

“En similitud con lo que se hizo en Venezuela, uno sí podría pensar que existe una interpretación directamente desde Washington que asocia los hilos del poder a Raúl Castro, como ocurrió con Maduro. Con una presión a Castro, lo que se busca es generar las presiones suficientes, o bien, para que haya una flexibilización por parte del régimen y que directamente se fuerce a una negociación o para que conduzca a algún tipo de intervención que lleve a algún tipo de transformación directa del régimen en Cuba”, indicó el director del Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda.

La Administración Trump utilizó los cargos por narcotráfico contra Maduro para justificar una operación que terminó con su traslado a Nueva York para enfrentar un juicio federal. Ese antecedente convirtió las acusaciones judiciales estadounidenses en una amenaza tangible para dirigentes considerados hostiles por Washington.

Por eso las palabras del fiscal general interino Todd Blanche, durante el anuncio de los cargos contra Raúl Castro en Miami, tuvieron un fuerte impacto político. Blanche afirmó que la imputación “no es una acusación de fachada” y aseguró que esperan que Castro comparezca ante la Justicia estadounidense “por voluntad propia o por otros medios”.

La frase fue interpretada inmediatamente como una referencia indirecta al operativo realizado contra Maduro. La posibilidad de que Washington contemple escenarios extraterritoriales ya no parece descartable, especialmente después de haber demostrado disposición a ejecutar acciones de alto riesgo político en América Latina.

La imputación contra Castro coincide, además, con un momento de extrema vulnerabilidad para Cuba. Desde la caída del gobierno de Maduro en Venezuela, la isla perdió buena parte del suministro energético que históricamente recibía de Caracas. A ello se suman las nuevas restricciones impuestas por Washington, incluyendo operaciones navales destinadas a bloquear el flujo de combustible hacia la isla.

El resultado es una crisis económica y social cada vez más profunda. La población se encuentra aún más golpeada por apagones permanentes, escasez de alimentos, deterioro sanitario y agotamiento psicológico. En ese contexto, la acusación judicial aparece como una pieza más dentro de una estrategia de presión integral.

La Administración Trump parece apostar a que el deterioro económico erosione la legitimidad interna del régimen cubano y aumente las tensiones dentro de la élite gobernante. Marco Rubio, secretario de Estado e hijo de inmigrantes cubanos, reforzó esa línea al afirmar que Estados Unidos está dispuesto a “abrir un nuevo capítulo” con Cuba, pero que el principal obstáculo son “quienes controlan el país”. Así lo subrayó el miércoles 20 de mayo, justo horas antes de que fuera anunciada la acusación contra Castro.

Más que un lenguaje diplomático convencional, el mensaje apunta directamente a la estructura política del castrismo.

A pesar del endurecimiento del discurso estadounidense, diversos factores hacen que un escenario de intervención militar directa en Cuba continúe siendo altamente complejo.

Expertos citados por ‘NBC’ consideran que Cuba representa un desafío mucho mayor que Venezuela. La cercanía geográfica con Estados Unidos no necesariamente facilita una operación de gran escala, sino que aumenta sus riesgos políticos, estratégicos y regionales. Además, el aparato de seguridad cubano conserva una estructura mucho más cerrada y disciplinada que la venezolana.

La propia historia también pesa. Una acción militar estadounidense en Cuba tendría un enorme costo simbólico en América Latina y podría reactivar viejos reflejos antiestadounidenses en la región. Incluso dentro de Cuba, el sentimiento es ambiguo.

‘The New York Times’ recoge testimonios de ciudadanos desesperados por la crisis económica y cansados del sistema político, algunos incluso favorables a una intervención si eso acelera un cambio.

“No creo que una intervención militar sea la solución, pero si es lo que se necesita, bueno, lo que necesitamos es que esto termine de una vez por todas, ahora mismo”, afirmó Yasiel Lugones, en La Habana, y añadió que esperaba un desmantelamiento total de toda la clase dirigente cubana. “Todos los líderes, toda la familia Castro”, remarcó.

Pero también aparecen voces que alertan sobre el costo humano de cualquier operación militar extranjera. Ese equilibrio explica por qué Washington parece privilegiar, al menos por ahora, una estrategia de desgaste gradual antes que una acción directa.

Leer también"Portaaviones Nimitz entra en el Caribe mientras Trump presiona a Cuba": 'The New York Times'

Aunque Raúl Castro dejó formalmente el poder hace años, su figura conserva un enorme peso político y simbólico dentro del sistema cubano. No se trata únicamente de un expresidente: es el último gran representante vivo de la generación histórica de la revolución de 1959 y una referencia central dentro de las Fuerzas Armadas.

Por eso la acusación tiene una dimensión que trasciende el expediente judicial. Golpear judicialmente a Raúl Castro implica cuestionar la legitimidad histórica del régimen cubano y erosionar uno de sus pilares narrativos fundamentales.

Además, durante décadas Washington evitó avanzar contra Castro por temor a una escalada política mayor. Incluso después del derribo de las avionetas en 1996, la Administración del entonces presidente Bill Clinton decidió no imputarlo directamente, pese a las investigaciones existentes.

El hecho de que ahora sí se haya cruzado esa línea muestra hasta qué punto cambió la lógica política de Washington hacia Cuba.

Leer tambiénRaúl Castro, de arquitecto de la Revolución cubana a acusado de asesinato por la Justicia de EE. UU.

Sin duda, el gran interrogante es si Estados Unidos realmente busca precipitar la caída del régimen cubano o si utiliza la amenaza de escalada como mecanismo de negociación.

Algunas señales apuntan a que Washington aún mantiene abiertos canales de comunicación con sectores del poder cubano. La agencia estadounidense de noticias AP reveló recientemente reuniones discretas entre funcionarios de la Administración Trump y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, además de visitas de altos responsables de inteligencia a La Habana.

Esos contactos sugieren que, detrás de la retórica pública, Estados Unidos podría estar explorando escenarios de transición controlada o negociaciones internas dentro del establishment cubano.

Sin embargo, el endurecimiento del discurso de Trump y Rubio, sumado al precedente venezolano, dificulta que La Habana interprete la acusación como un simple gesto judicial. En Cuba, muchos ven el movimiento como parte de una estrategia más amplia para deslegitimar al régimen, fracturar su estructura de poder y acelerar un eventual relevo político.

La acusación contra Raúl Castro no equivale necesariamente al inicio de una intervención militar ni garantiza un intento inmediato de derrocamiento. Pero sí parece marcar el comienzo de una nueva etapa en la relación entre Washington y La Habana: una fase en la que Estados Unidos dejó de limitarse a contener al régimen cubano y empezó a actuar, al menos discursivamente, como si su reemplazo fuera un objetivo posible.

Leer tambiénEE. UU. sopesa caso penal contra Raúl Castro: ¿de qué acusa al exmandatario cubano y qué implicaciones tendría?

Con AP y medios locales