La tensión comercial entre Colombia y Ecuador sumó un nuevo capítulo este 21 de mayo de 2026, fecha en la que vence el plazo impuesto por la Comunidad Andina (CAN) para desmontar los aranceles cruzados que ambos países se impusieron en medio de un choque diplomático y económico.

Aunque la CAN ordenó retirar las medidas al considerar que violan el Acuerdo de Cartagena y afectan el libre comercio regional, el gobierno de Daniel Noboa decidió mantener los gravámenes y acudir a mecanismos legales para intentar frenar la decisión del organismo andino.

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Colombia, por su parte, reiteró que está dispuesta a eliminar los aranceles si Ecuador hace lo mismo. Sin embargo, Quito confirmó que desde el próximo 1 de junio reducirá su “tasa de seguridad” del 100% al 75%, pero no la desmontará completamente.

La Secretaría General de la CAN emitió el pasado 7 de mayo dos resoluciones en las que exigió a ambos países levantar los gravámenes en un plazo de diez días hábiles.

El organismo concluyó queEcuador no puede imponer de manera unilateral cobros adicionales a productos colombianos dentro del comercio andino, debido a que estas medidas contradicen las normas comunitarias de libre comercio.

Según la CAN, las restricciones y aranceles implementados en la frontera afectan el intercambio de bienes en la subregión y van en contra del Programa de Liberación Comercial, mecanismo que garantiza el libre tránsito de mercancías entre los países miembros.

“La Comunidad Andina exhorta a Ecuador y Colombia a fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación bilateral en materia de control fronterizo (...) a fin de atender las problemáticas de seguridad identificadas en las zonas de frontera mediante acciones conjuntas, sin afectar el normal desarrollo del comercio subregional”, señaló el organismo en su resolución.

En paralelo al vencimiento del plazo, Ecuador presentó dos recursos de reconsideración y dos acciones de nulidad ante la CAN.

El objetivo de Quito es revocar las resoluciones que ordenan eliminar tanto la tasa de seguridad como otras restricciones fronterizas aplicadas en medio de la crisis.

Con estas acciones jurídicas, los aranceles seguirán vigentes mientras avanzan los procesos legales dentro del organismo andino, lo que prolonga la incertidumbre para empresarios y transportadores de ambos países.

La confrontación comercial ya genera fuertes consecuencias sobre el comercio binacional y el empleo en la región fronteriza.

Líderes gremiales advirtieron que están en riesgocerca de 400.000 puestos de trabajo entre Colombia y Ecuador debido a la caída abrupta del flujo de mercancías.

Empresarios de la zona aseguran que las operaciones comerciales internacionales funcionan actualmente a un máximo del 5% de su capacidad habitual.

La situación ha golpeado especialmente al transporte de carga y la logística fronteriza. En el Puente Internacional Rumichaca, uno de los principales pasos comerciales entre ambos países, las tradicionales filas de hasta 150 camiones se redujeron a apenas cinco vehículos del lado ecuatoriano.

Los gremios también alertaron sobre un posible incremento del contrabando y otras actividades ilegales ante el deterioro económico y el aumento del desempleo en la frontera.

El conflicto ya trascendió el intercambio de mercancías y comenzó a impactar otros sectores estratégicos.

Bogotá suspendió la venta de energía a Ecuador, mientras Quito continúa dependiendo del suministro colombiano de medicamentos y pesticidas.

Todo esto ocurre en medio del despliegue de 15.000 uniformados colombianos en la frontera, como parte de las operaciones contra el narcotráfico y las economías ilegales en la zona limítrofe.

La disputa inició en enero de este año, cuando el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa implementó una “tasa de seguridad” del 30% sobre productos colombianos.

Posteriormente, en mayo, el arancel escaló hasta el 100%. Quito justificó la decisión argumentando que Colombia no estaría colaborando de forma suficiente en el combate contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común. Además, Ecuador sostuvo que existe un déficit comercial desfavorable frente a Colombia.

En respuesta, el gobierno del presidente Gustavo Petro impuso aranceles temporales y diferenciados de entre 35% y 75% a cerca de 191 productos ecuatorianos.

Entre los bienes más afectados aparecen arroz, plátano, banano y camarón, sectores clave para las exportaciones ecuatorianas hacia el mercado colombiano.

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