La crisis en Bolivia no solo parece lejos de una solución: se agrava a pesar de los intentos del Gobierno de Rodrigo Paz de llegar a acuerdos con los sectores movilizados. Después de cinco semanas de protestas y 28 días de bloqueos, La Paz, El Alto y otros sectores lucen más aislados que nunca.

La Administradora Boliviana de Carreteras publicó su habitual mapa de transitabilidad que ahora muestra 103 interrupciones en carreteras y eleva de seis a siete los departamentos afectados, con el ingreso de Pando en el registro.

Cochabamba se ha convertido en la entidad con más cortes, superando ampliamente a La Paz, con 32 puntos de conflicto, contra 21 de la capital administrativa.

Las pérdidas por la convocatoria a una huelga general indefinida por parte de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Campesina ‘Tupac Katari’ (ambas afines al expresidente Evo Morales) ya superan los 1.600 millones de dólares, según proyecciones de la Cámara Nacional de Industrias (CNI).

Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), una organización privada, le dijo a la agencia EFE que a las pérdidas contabilizadas se suma el "alto costo intangible que implica perder contratos, clientes y mercados, además de inversiones y turistas".

Para Fernando Romero, economista y articulista de opinión citado por EFE, podría ser “uno de los meses más costosos para Bolivia desde la crisis política de 2019".

"El daño no se limita a la producción perdida; también afecta exportaciones, abastecimiento de combustibles, logística, comercio, recaudación tributaria y generación de divisas. En una economía que ya venía de contracciones de -1,12 % y -1,58 % en los dos años previos; este choque profundiza más el decrecimiento económico", alertó Romero.

El Ministerio de Salud reveló que una quinta víctima mortal por falta de atención médica debido a los bloqueos se ha sumado a las cifras que se acumulan desde el inicio del conflicto.

Se trata de una paciente oncológica de 24 años que debía recibir radioterapia por un coriocarcinoma en estadio IV, con sangrado tumoral persistente, según la versión de Paola Navarro, responsable del Programa de Lucha contra el Cáncer de Oruro.

La ambulancia que trasladaba a la joven de Oruro a La Paz para el tratamiento tuvo que tomar vías alternas para eludir la interrupción de la carretera principal, y falleció en el trayecto.

"Este hecho evidencia el grave impacto que los bloqueos generan en el acceso a servicios de salud, especialmente en pacientes con enfermedades oncológicas avanzadas, quienes requieren atención continua, especializada y oportuna", indicó el Ministerio en un comunicado.

Un niño de 12 años y otras tres mujeres (una de ellas originaria de Belice) han fallecido por causas relacionadas con los problemas de movilidad, según el despacho de Salud.

Incluso la Federación Boliviana de Fútbol se vio obligada a suspender el torneo de Primera División durante todo el mes de junio y parte de julio, sin una fecha clara para la reanudación del campeonato, una decisión que la Comisión Organizadora de Competiciones atribuyó a “los conflictos sociales y bloqueos de las carreteras existentes a nivel nacional”.

Mientras tanto, aumentan las solicitudes al Gobierno de Paz para que actúe con mayor energía para restablecer la circulación, pero también para que atienda las solicitudes de los movilizados.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) demandó el 1 de junio "decisiones inmediatas" por parte de Paz ante la “situación de catástrofe” que se cierne sobre la economía, de acuerdo con un comunicado oficial.

"La gravedad del momento exige decisiones inmediatas. Cada día de parálisis y bloqueos agrava los daños y acerca al país a una situación de catástrofe", aseguró la patronal en el documento.

Pero no solo los empresarios presionan a Paz. La Confederación Nacional de Choferes le dio 48 horas (que expiran el 4 de junio) para que solucione los bloqueos que están afectando la movilidad y por lo tanto su modo de subsistencia, y anticipó nuevas medidas en caso de que su demanda no sea atendida.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el que advirtió que la crisis social que atraviesa Bolivia plantea “serias afectaciones a los derechos humanos” y un “alto impacto humanitario”, e instó “al Estado y a todos los sectores sociales involucrados a priorizar el diálogo”.

Sin embargo, las posibilidades de activar ese diálogo continúan bloqueadas. La COB y la Federación campesina han reiterado su rechazo a sumarse a conversaciones con el Gobierno, incluso después de que sus líderes comenzar a reaparecer públicamente, tras la suspensión temporal de las órdenes de captura libradas en su contra.

Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, participó este 2 de junio en un cabildo convocado por la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, y reiteró la posición que comparten casi todos los sectores movilizados: dejar de lado los reclamos particulares para centrarse en pedir la renuncia de Paz como única forma de solucionar el conflicto.

Un día antes, Paz había hecho un llamado “generar un momento de tregua” para buscar la forma de “pacificar” al país.

"Este es el momento de la madurez de la democracia y eso significa que los violentos no nos pueden ganar. Es un momento de transformación del país", señaló el presidente en un acto en Cochabamba el lunes.

La petición de Paz se produjo luego de que fracasara una iniciativa del Parlamento, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos para propiciar un diálogo, en el que la COB y la Federación Campesina se negaron a participar.

El Congreso ha seguido explorando alternativas para destrabar el conflicto. El diputado Carlos Alarcón de la alianza Unidad (afín a Paz) planteó la propuesta “a título personal” de convocar un referendo revocatorio extraordinario para presidente, vicepresidente y legisladores, como una fórmula “constitucional” para poner fin al estancamiento.

"Los movilizados quieren elecciones y el camino no es romper la Constitución y la democracia, sino acudir al voto", señaló Alarcón, el mismo diputado que propuso la abrogación de la ley que regula los estados de excepción, como una forma de dotar al Ejecutivo de herramientas para hacer frente al conflicto.

La Constitución boliviana establece que un referendo revocatorio solo puede ser convocado una vez que el funcionario involucrado ha cumplido la mitad de su periodo de cinco años, y Paz solo ha estado seis meses en la presidencia.

La propuesta fue secundada por el excandidato presidencial Andrónico Rodríguez, disidente del bloque de Evo Morales dentro del Movimiento al Socialismo, para quien “adelantar el referendo” es la forma de "evitar una mayor escalada de violencia".

Sin embargo, fue rechazada por los sectores aliados al expresidente, que siguen promoviendo la renuncia de Paz como única solución.

Leonardo Roca, senador de la alianza Libre (el partido del expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga), acusó a Paz de haber propiciado la crisis, por haber llegado a un “pacto oscuro” con movimientos sociales que durante años siguieron a Morales.

“Lo que tiene a todos los bolivianos rehenes hoy no es un conflicto social espontáneo. Es la factura de un pacto oscuro que Rodrigo Paz firmó para llegar al poder”, aseguró Roca en declaraciones al canal ‘Unitel’.

Las protestas contra el Gobierno de Paz se iniciaron cuando grupos mineros, campesinos, de transportistas, indígenas y sindicales unieron sus reclamos sectoriales a las quejas de factores afines a Morales contra las reformas económicas introducidas por el presidente.

Con EFE y medios locales