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El abogado Osvaldo A. Murúa es delegado en la provincia de Salta de AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual). En el hall central hotel Mallorca, a las 21, el funcionario aceptó la entrevista con nuestro medio y confirmó (VER VIDEO) un rumor que circulaba en nuestra ciudad relacionado a una denuncia en contra de una emisora local. También se refirió a la asignación de frecuencia para los municipios de todo el país.

Sobre la radio municipal Murúa explicó: "Para la instalación de un servicio de comunicación por modulación de frecuencia (FM), a la gestión la deben hacer los propios municipios, para que esa frecuencia asignada se ponga en marcha inmediatamente. Para esto deben presentar una serie de requisitos y las pautas de su política comunicacional".

 

Consultado sobre una supuesta denuncia en contra de una emisora radial de Joaquín V. González, Osvaldo Murúa dijo: “si, se ha presentado en la delegación una denuncia en contra de un medio por algunos comentarios o expresiones que se han vertido en los últimos días, en relación a una situación que no se ajusta a la realidad, y que estaría afectando el honor de una persona y la función pública que desarrolla. Nosotros vamos a darle el trámite pertinente, primero verificando si se trata de un servicio operativo, si tiene autorización o no, y lo elevamos a Buenos Aires a fin de que se arbitren los medios administrativos. Es diferente la situación cuando se trata de un medio que tiene autorización, ya que irá por una sanción pecuniaria y una falta grave que también se anota en el legajo de ese medio. Y en el caso de que sea un medio operativo sin autorización, inmediatamente va a la declaración de clandestinidad y el decomiso que hace la justicia federal”, manifestó el funcionario.

 

En otro pasaje de la nota hizo referencia a otros casos que se presentaron en la provincia de Salta. Al respecto aclaró: “hay tramitándose un par de denuncias que ya han tenido su resolución. Nosotros hacemos un llamado dentro del organismo exigiéndoles a los usuarios de los servicios de comunicación, que denuncien cuando se consideren lesionados ellos o la comunidad frente a una actitud de un servicio de comunicación o de una producción de un servicio de comunicación o voces que se incorporan a un servicio de comunicación. La idea es que los usuarios sean partícipes de este proceso de fiscalización que todos debemos hacer  para controlar los medios  y que se ajusten a la nueva ley. La denuncia se hace a través de un escrito sencillo, en donde manifiesten como es la afectación que sienten y la mejor ubicación que nos puedan dar respecto del medio; frecuencia, localidad, domicilio, y quien aparece como responsable. En la medida que nos puedan aportar estos sencillos datos y en qué se sienten afectados, nosotros actuamos. Los medios operativos no autorizados tienen obligaciones ante la ley que son: tener registro de grabación, los libros en orden, respetar la pauta de publicidad. El medio no debe ser agresivo a los derechos de cualquier ciudadano, de cualquier usuario o de la función pública”, concluyó el abogado.