En la mañana del miércoles 18 de noviembre, comenzó una nueva marcha en Joaquín V González, donde vecinas y vecinos solicitaron la atención de las autoridades, ya que no tienen donde vivir y necesitan comprar terrenos, que algunos esperan desde hace años.
En Joaquín V. González la problemática es cada vez más preocupante debido a que paulatinamente se van sumando los reclamos por la misma crisis habitacional que preocupa a cientos de personas. Uno de los grupos está ubicado al final de la plaza del barrio Roberto Romero. El otro es el loteo San José, que están en un litigio y hay una medida cautelar de no innovar. Y la otra toma está al final de la avenida Güemes. Toda esa franja es de la familia Arias. Pero una parte es de Pablo Arias y la otra de Javier Arias.
Hoy por la mañana dialogamos con el periodista Marcelo Vera, quien nos dijo que los manifestantes aseguraron que cortarán la ruta nacional 16, hasta que sus reclamos sean escuchados por las autoridades del municipio local.
Posteriormente, y de acuerdo con lo que contó a ZONA SUR SALTA uno de los vecinos, la abogada que representa a la familia Arias, Nancy Barros, no atiende reclamos ni habla con nadie sobre esta cuestión, debido a que no estaría autorizada por la familia para expresarse sobre esta disputa legal.
Lo cierto es que los manifestantes están esperando respuestas. Ya presentaron una propuesta a la abogada de la familia Arias, pero todavía no hay una contestación.
También surgió como trascendido que en unos días podrían llegar a desalojarlos, y que solo estarían esperando una instrucción de la fiscalía.
SITUACIÓN EN ARGENTINA
En Argentina, uno de cada tres hogares tiene problemas de vivienda. De esos cuatro millones de hogares, se necesitan construir 1,5 millones de viviendas y el resto, son casas ya construidas pero que tienen problemas de calidad, falta de servicios básicos o hacinamiento.
En particular, la crisis habitacional se destaca por el incremento de las personas en situación de calle en las ciudades, el aumento del número de asentamientos, barrios precarios y villas, la inquilinización de las ciudades y la dificultad para acceder a la propiedad.
La ausencia de políticas públicas de acceso a la vivienda, la falta de regulación del mercado inmobiliario y las planificaciones urbanas excluyentes acrecientan año a año los problemas habitacionales.
Dada la actual de crisis económica los factores externos tales como el desempleo, la devaluación, la inflación y la caída del salario afectan el efectivo disfrute del derecho a una vivienda adecuada.
Según los últimos datos oficiales disponibles, al menos el 18% de las familias acceden a la vivienda a través del alquiler de una propiedad o parte de ella. En los últimos años se ha dado un aumento acelerado de los precios que han dificultado aún más el acceso a numerosos porcentajes de la población.
Por otro lado, en los últimos años los créditos hipotecarios UVA fueron promocionados como la principal herramienta de acceso a la vivienda de los sectores medios. Sin embargo, luego de la fuerte devaluación y el aumento de la inflación durante 2018, los tomadores de crédito se enfrentan a la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones financieras.
RECOMENDACIONES A ARGENTINA
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General señaló que a pesar de los problemas causados externamente, las obligaciones del Estado Pacto continúan aplicándose, y son más pertinentes durante tiempos de contracción económica.
En 2018 ese mismo Comité, en ocasión de la revisión sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Argentina, llamó la atención ante el incremento de los asentamientos informales sin acceso a servicios básicos y los recortes significativos en el presupuesto de las políticas de vivienda. En consecuencia, recomendó al Estado implementar soluciones adecuadas a la magnitud de la problemática habitacional del país: se debe ampliar la escala y mejorar la evaluación de las políticas públicas.
El Estado debe garantizar el acceso a una vivienda adecuada en condiciones de igualdad y promover políticas habitacionales integrales. En contextos de crisis como el actual, deberá también adoptar medidas para garantizar que los gastos de vivienda sean adecuados con los niveles de ingreso.
