La decisión fue adoptada por el Juzgado Federal de Garantías de Tartagal, luego de que el fiscal describiera que la propiedad, situada en Aguas Blancas, se había convertido en una playa de transferencia de mercadería de contrabando a través de gomones. Se estima que movían mercadería ilegal por 229 millones de pesos mensuales y que percibían una ganancia diaria de más de 3,5 millones, en concepto de cobros de peajes y otras expensas clandestinas.
A instancia de actuaciones preliminares conjuntas impulsadas por la Sede Descentralizada de Orán y la Fiscalía de Distrito de Salta, el fiscal federal Marcos Romero formalizó anteayer una investigación penal contra 11 personas -una de ellas, policía provincial-, a quienes se dictó la prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita y contrabando de importación, agravado por el número de intervinientes y por superar el valor en plaza de la mercadería, por maniobras que se perpetraban a través de un paso clandestino que funcionaba en una finca de la localidad fronteriza de Aguas Blancas.
La formalización del caso fue realizada ante la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández, quien intervino en carácter de interina del Juzgado Federal de Garantías de Orán.
Las personas imputadas son José Suárez, los hermanos Francisca, Carmen y Jorge Cardozo, Gladis Salazar, Pedro Rivero, María Basco, Virginia Orellana, Cintia Gutiérrez, María Segundo y María Laura Tintilay. La imputación de esta última fue agravada por su calidad de funcionaria pública, pues se desempeña como policía provincial.
La jueza autorizó medidas probatorias, como los peritajes a teléfonos celulares secuestrados, dictó la prisión preventiva de todos los imputados y dispuso la clausura -con consigna permanente por parte de la Gendarmería Nacional- de la finca de Aguas Blancas desde donde se concretaban las maniobras de contrabando.
Al presentar el caso, el fiscal sostuvo que las tareas investigativas se iniciaron el 26 de mayo pasado de oficio a partir de una información que daba cuenta del comercio ilegal en la finca “Karina”, ubicada a dos kilómetros del ejido urbano de Aguas Blancas, a la vera de la ruta nacional 50.
El representante del MPF señaló que a la propiedad -compuesta de dos matrículas catastrales- se puede acceder desde la ruta y que, tras recorrer un camino rural de corta distancia, se llega hasta la margen argentina del río Bermejo, cuya playa estaba acondicionada para el arribo de gomones que cruzaban desde Bolivia con mercadería de todo tipo, incluso automóviles. En efecto, señaló, los medios de comunicación retrataron el paso de una camioneta.
La importante actividad de comercial de contrabando, tanto de importación como de exportación, fue determinada a partir de las pesquisas de la Fiscalía de Distrito, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba, que fueron acumuladas al caso.
Romero explicó que, ante este panorama, la fiscalía inició tareas de campo con personal de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Orán, dependiente de la Gendarmería Nacional. Pudo establecer que la propiedad estaba compuesta por dos catastros, uno de los cuales se denomina “Karina”, con la imputada Gladis Salazar como adquirente desde febrero pasado.
Añadió que el segundo, ubicado hacia la playa del río, está a nombre de Blanca Cortez, fallecida y en proceso de sucesión, con un litigio por prescripción adquisitiva iniciada por José Cardozo, padre de los tres hermanos imputados.
