En casos de tanta gravedad como estos, la narrativa oficial de los hechos, procesa cuidadosamente aquellos datos que se harán públicos. Y por lo general, ese relato no permite profundizar demasiado en todo lo que de verdad pasó. Por lo tanto, aunque nadie lo admita, siempre habrá omisiones dando vueltas que jamás se esclarecerán.
Como se imaginarán, acceder a fuentes oficiales dispuestas a responder nuestros interrogantes, es una cuestión imposible de alcanzar. Y cuando esto pasa, se abre la puerta para las suposiciones y la producción de hipótesis variadas.
Por ejemplo, si el hombre fallecido fue detenido por abuso sexual con acceso carnal, y si el informe médico forense asegura que no hubo acceso carnal ¿se considerará un error grave de quien emitió la acusación? Y en tal caso ¿Fue el juez o la fiscal?
El ataque al detenido fue cruel. Pero la imputación por la que fue aprehendido, es la peor de todas las que una sociedad pueda tolerar: ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL A UNA MENOR. Por eso me surge la siguiente duda: ¿la paliza atroz se podría haber evitado si la acusación hubiese sido otra? (abuso sexual simple, por ejemplo).
No nos olvidemos que el 18 de mayo de 2013 ocurrió en Joaquín V. González, uno de los hechos criminales más atroces e incomprensibles: el horrendo asesinato de la niña CLAUDIA JUDITH PALMA, quien vendía pan casero para ayudar a su familia, y que resultó víctima de tres depravados, que la violaron, la asesinaron y luego la arrojaron a un baldío. La pequeña Judith vivía con sus padres a pocas cuadras del lugar donde la atacaron. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, cerca del lugar donde estaba su bicicleta con la cual salía a repartir el pan.
Hasta estas escorias asesinas tuvieron un juicio condenatorio y fueron a la cárcel, porque así lo determina el principio de inocencia argentina que está protegido por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de derechos humanos que Argentina ha suscrito. Este derecho establece que toda persona tiene derecho a ser tratada como inocente durante todo el proceso penal hasta que las pruebas presentadas por la parte acusadora logren demostrar su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
Ahora, lo que sí quedó inequívocamente determinado en este caso, es que hay una persona muerta que no tendrá un juicio justo, como establece la justicia argentina con la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, que es un principio jurídico que establece que TODA PERSONA ACUSADA DE UN DELITO DEBE SER CONSIDERADA INOCENTE HASTA QUE SE DEMUESTRE SU CULPABILIDAD A TRAVÉS DE UN JUICIO JUSTO. Este principio es fundamental para proteger los derechos individuales y garantizar un proceso judicial equitativo. La carga de la prueba recae en la acusación, lo que significa que es responsabilidad del Estado demostrar la culpabilidad del acusado, y no al acusado demostrar su inocencia.
Otra cuestión: si la persona golpeada presentaba traumatismo de cráneo y estaba descompensada, ¿porque lo trasladaron a la dependencia policial donde terminó muriendo un par de horas después? ¿Por qué no continuó internada en el hospital local?
Las respuestas a por qué un hombre con traumatismo de cráneo terminó en una celda y no en una sala de terapia intensiva, probablemente queden sepultadas bajo el peso de los informes oficiales. Sin embargo, el silencio administrativo no podrá ocultar la pregunta que flota en el aire: ¿Se trató de una cadena de errores fatales o de una sentencia dictada de antemano entre las sombras de una comisaría?
Al final, el sistema que debía impartir justicia terminó permitiendo que el horror se gestione por mano propia en un calabozo. Entre carátulas dudosas y traslados inexplicables, lo único que quedó en claro es que en Joaquín V. González, la Constitución Nacional fue, una vez más, letra muerta. Porque cuando el Estado no garantiza un juicio justo, deja de ser justicia para convertirse en complicidad.
