En un momento en el que la geopolítica internacional se ve de nuevo sometida a los vaivenes de una política intervencionista estadounidense y su corolario de conflictos bélicos, merece la pena recordar lo sucedido con España hace 128 años. Salvando algunas diferencias propias de contextos históricos diferentes, lo ocurrido presenta muchas similitudes con los procesos actuales.

El 25 de abril de 1898 se formalizó la declaración de guerra de Estados Unidos a España. Un acto que acabó con el prolongado proceso de crisis del sistema colonial español y dio inicio a un nuevo estatus geopolítico de alcance global.

El origen inmediato del conflicto hay que situarlo en la insurrección de 1895, que desencadenó la conocida como Guerra de la Independencia cubana. El levantamiento frente al dominio español evidenció la incapacidad de la metrópoli para sofocar la disidencia, al tiempo que se adoptaban medidas de una dureza extrema contra la población. Es el caso de la política de reconcentración del general Valeriano Weyler, precedente de los campos de concentración, que costó la vida a más de 100.000 cubanos debido al hambre y las enfermedades.

Estas medidas generaron una creciente presión internacional, especialmente en EE.UU., donde intereses económicos y una opinión pública influida por la prensa sensacionalista o “amarilla” (yellow journalism) favorecieron la intervención bélica. El pretexto se basó en un deber humanitario y solidario con la sangre cubana derramada, “que ha herido el sentido moral del pueblo de los Estados Unidos y afrentado la civilización cristiana”. Y todo ello, olvidando la inestimable y esencial ayuda española, un siglo antes, en el proceso de independencia de las Trece Colonias del Reino Unido.

La explosión del acorazado USS Maine en el puerto de La Habana el 15 de febrero de 1898, no suficientemente esclarecida y considerada por algunos investigadores incluso como una operación de falsa bandera, supuso la justificación definitiva para la entrada estadounidense en guerra. Se trata, pues, de un proceso calculado de escalada de tensiones que combinó factores políticos, económicos y mediáticos en el contexto de un cambio de poder colonial en el área del Caribe y el Pacífico. Todo ello por mor de la Doctrina Monroe, con el claro objetivo final de anexionar o adquirir la isla.

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Posiblemente, si el gobierno español hubiera cumplido los compromisos contraídos al firmar la Paz de Zanjón (1878) y hubiera dotado a sus posesiones ultramarinas de una justa autonomía, como había comenzado a hacer el Reino Unido, se habría podido desactivar el movimiento emancipador y tal vez se hubiera evitado el choque armado con EE. UU.

Tras semanas de creciente tensión, el primer mandatario de EE. UU., William McKinley, remitió al Congreso, el 11 de abril de 1898, un mensaje solicitando autorización para intervenir en Cuba. Inicialmente evitó una declaración explícita de guerra, optando por enmarcar la acción en términos humanitarios y de protección de los intereses estadounidenses. Sin embargo, el Congreso, influido por la opinión pública y por actores políticos expansionistas, como el entonces subsecretario de Marina y futuro presidente, Theodore Roosevelt, dio un paso más allá. El 19 de abril se aprobó una resolución conjunta de las dos cámaras reconociendo la independencia de Cuba y exigiendo la retirada inmediata de las fuerzas españolas de la isla.

Este documento incluía la conocida Enmienda Teller, aprobada por el Senado el día anterior. Por medio de esta, EE. UU. se comprometía formalmente a no anexionarse Cuba tras el conflicto, en un intento de legitimar la intervención como una acción altruista y no imperialista. La presencia armada se justificaba con el fin de pacificar de la isla. El texto señalaba la “determinación de que, cuando se hayan alcanzado estos objetivos, dejará el gobierno de la Isla a su pueblo”. La resolución equivalía, en la práctica, a un ultimátum.

España, bajo la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena, que encarnaba la continuidad institucional durante la minoría de edad de Alfonso XIII, respondió rompiendo relaciones diplomáticas el 21 de abril, lo que precipitó los acontecimientos.

Ese mismo día, la Armada estadounidense inició el bloqueo de Cuba. Un acto de guerra de facto que precedió a la declaración formal del 25 de abril. Jurídicamente, esta secuencia es relevante, pues el conflicto comenzó materialmente antes de ser reconocido oficialmente, lo que obligó al Congreso a introducir una cláusula retroactiva. La disposición establecía que el estado de guerra existía desde cinco días antes.

Esta retroactividad fue una decisión con implicaciones legales, que daba cobertura jurídica a las operaciones militares ya iniciadas, la captura de buques y la aplicación del derecho de guerra. Una medida que refleja la importancia de dotar de cobertura jurídica a acciones que, en la práctica, ya estaban en curso.

Desde la perspectiva estratégica, la declaración formalizó una guerra breve, diplomáticamente calculada y cuidadosamente preparada. EE. UU. había acelerado su programa de modernización naval en las décadas anteriores, lo que le permitió entrar en conflicto con una clara superioridad material. Por el contrario, España, bajo el Gobierno presidido por Práxedes Mateo Sagasta, se vio empujada a un conflicto bélico para el que no estaba plenamente preparada. Culminaba de este modo un estado de guerra casi permanente durante todo el siglo XIX. España poseía unas capacidades militares especialmente obsoletas en el ámbito naval y vivía una gran presión fundamentada en el honor nacional, lo que explica la dificultad política de aceptar el ultimátum sin combatir.

Las derrotas de los almirantes Patricio Montojo y Pascual Cervera frente al comodoro George Dewey y al almirante William T. Sampson en las batallas de Cavite (1 de mayo de 1898) y de Santiago de Cuba (3 de julio de 1898) sellaron el destino del conflicto en apenas ocho meses.

Algunos de los más agudos y acertados análisis sobre este conflicto bélico se los debemos al Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, quien estuvo destinado durante 14 meses en Cuba, entre 1874 y 1875, como capitán médico durante la primera guerra de independencia, conocida como la Guerra de los Diez Años.

El 26 de octubre de 1898 escribía en el diario madrileño El Liberal:

“Llegado el duro trance de la guerra, nuestros quijotes políticos parecen tomar como valor actual la energía bélica del pasado, sin considerar que el mundo ha cambiado en torno nuestro, que los débiles de ayer se han hecho todopoderosos… Hemos caído ante los Estados Unidos por ignorantes y por débiles. Éramos tan ignorantes, que hasta negábamos su ciencia y su fuerza”.

En su obra autobiográfica Recuerdos de mi vida (1901), Cajal reflexiona sobre los desaciertos de la política ultramarina:

“¡Tan peligroso y arduo resultaba patentizar a los ojos del pueblo… que una nación de 90 millones de habitantes, con riquezas inmensas, recursos industriales y aprestos bélicos inagotables, había de aplastar irremediablemente a un país pobrísimo, de 17 millones de almas, y anemiado, además, por cuatro asoladoras guerras civiles!”.

Y en su obra El mundo visto a los ochenta años, publicada en 1934, poco antes de su muerte, refiere como “en la guerra con los Estados Unidos no fracasó el soldado o el pueblo (que dio cuanto se le pidió), sino un gobierno imprevisor, desatento a los profundos e incoercibles anhelos de las colonias, e ignorante de las codicias solapadamente incubadas, como del incontrastable poderío militar de Yanquilandia”.

El 12 de agosto de 1898 el gobierno español firmó un armisticio con EE. UU., tras una breve guerra en la que apenas perdieron 300 hombres en combate frente a unos 1 000 españoles.

La firma del Tratado de París, el 10 de diciembre de 1898, formalizó el fin de las hostilidades y supuso la cesión de Cuba (bajo tutela), Puerto Rico, Filipinas y Guam (la mayor de las islas del archipiélago de las Marianas) a EE.UU. y el colapso definitivo del imperio español. Esto generó una absoluta crisis moral, política y social en la Península, popularmente conocida como el “Desastre del 98” y un proceso de reacción popular y político que fraguó en el movimiento regeneracionista liderado por Joaquín Costa.

Desde la perspectiva militar, la derrota puso de manifiesto la necesidad de modernización de las Fuerzas Armadas y de revisión de la doctrina estratégica española.

Sin embargo, para EE. UU. la guerra representó su consolidación como potencia emergente con proyección global, marcando el inicio de una política exterior más activa e intervencionista. Ocho años después, en 1906, cuando le otorgaron a Cajal el Premio Nobel de Medicina, le concedieron también el Premio Nobel de la Paz al entonces presidente Theodore Roosevelt.

Al tener noticia de este hecho, Cajal comentó:

“¿No es el colmo de la ironía y del buen humor convertir en campeón del pacifismo al temperamento más impetuosamente guerrero y más irreductiblemente imperialista que ha producido la raza yanqui?”.

En suma, la declaración de guerra del 25 de abril de 1898 constituye un caso paradigmático de notable interés desde la perspectiva jurídico-política y estratégica. Muestra cómo las democracias modernas formalizan el paso de la tensión a la guerra, integrando legitimidad interna, narrativa pública, cálculos diplomáticos y acción militar efectiva.

Su devenir y resolución dieron lugar a la reconfiguración del equilibrio de poder a finales del siglo XIX, que inauguró una nueva etapa en la historia militar y política internacional.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation, un sitio de noticias sin fines de lucro dedicado a compartir ideas de expertos académicos.

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Francisco López-Muñoz no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.