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La AFIP denunció el jueves 10 de febrero, que detectó "condiciones laborales infrahumanas" de 400 trabajadores de un olivar en La Rioja, perteneciente al diputado nacional por el monobloque "Salta Somos Todos" Alfredo Olmedo. Según informó la AFIP, los trabajadores vivían en dos predios, 360 dormían en carpas de nylon y los restantes, en dos precarias habitaciones de un parque industrial. El diputado Olmedo comenzó a tener exposición pública a nivel nacional por su férrea oposición al matrimonio igualitario y por vestirse con llamativas camperas amarillas. La explotación agropecuaria Alfredo Olmedo S.A cuenta con los beneficios del Régimen de Promoción Agrícola, informó en Buenos Aires el organismo que conduce Ricardo Echegaray.  La explotación denunciada oficialmente por "trabajo esclavo" se dedica a la cosecha de aceitunas y está ubicado en la provincia de La Rioja.

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Alrededor de 20 inspectores de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social encontraron dos precarios asentamientos, donde se alojaban los empleados de la firma. Por un lado, 33 adultos y tres menores vivían en un predio dentro del Parque Industrial, donde dormían en dos habitaciones y sobre cartones apoyados en el piso, detalló la AFIP. Todas esas personas compartían un solo inodoro y además ahí mismo guardaban sus bebidas y alimentos sin ningún tipo de refrigeración, según denunció la AFIP. El organismo también informó que sus agentges encontraron un "campamento" con 120 carpas de nylon, armadas con palos y apoyadas sobre la tierra, y precisó que en cada carpa vivían tres trabajadores.
La Secretaría de Derechos Humanos se presentará como querellante en todas las causas judiciales por denuncias de trabajo esclavo, anunció ayer el titular de la dependencia, Eduardo Luis Duhalde, junto al subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén.

Tras la escalada de denuncias en el interior, que motivaron a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a llevar adelante una serie de allanamientos e inspecciones, se reveló la existencia de cientos de trabajadores en condiciones de esclavitud en distintas empresas abocadas al sector rural en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Misiones y Entre Ríos. Ayer se sumó un caso en La Rioja. Ante este escenario las autoridades nacionales anunciaron una serie de medidas, entre las que se incluyeron restricciones fiscales y aduaneras y la suspensión de registros, permisos y beneficios financieros. Ahora, con el anuncio de la Secretaría de Derechos Humanos, se estima que se ampliarán las sanciones con un encuadre penal.

La explotación, que tiene con una extensión aproximada de 800 hectáreas y un predio total 950, cuenta actualmente con los beneficios de promoción agrícola transferidos a su favor mediante la Resolución 35/2007 emitida por el Gobierno riojano, al mando de Luis Beder Herrera.

Para obtener esos beneficios, es decir la liberación del Impuesto a las Ganancias por 15 años desde la puesta en marcha y el diferimiento de otros impuestos, la empresa se comprometió a hacer una inversión de dinero, a tener una importante cantidad de personas en relación de dependencia y a contratar de forma temporaria solo por tres meses al año.

Según lo relevado por la AFIP, el último compromiso de la firma no se cumple dado que se registraron 140 trabajadores tercerizados (de los 360) y además otros 42 extranjeros indocumentados, provenientes de Bolivia. Según declararon los propios extranjeros, la empresa se comprometió a tramitarles la residencia. Sin embargo, actualmente estas 42 personas están trabajando sin registrarse y viviendo en el país de forma ilegal.